Legislativo
Tras aprobarse la “emergencia” y las “facultades”, el proyecto volvió a comisiones
Fuerte derrota para el Gobierno de Javier Milei. El tratamiento del proyecto ómnibus en la Cámara baja fracasó y vuelve a foja creo a comisiones.
La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este martes los artículos de la ley ómnibus que establecen la declaración de emergencia en las materias económica, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad que se extenderá por el plazo por un año y otorgan facultades delegadas al Gobierno Nacional, en base al artículo 76 de la Constitución.
El oficialismo contó con 134 votos para aprobar los artículos 1 y 3 que declaran la emergencia económica, como el que fijaba que se extendía hasta el 31 de diciembre del 2024, y con 132 votos el artículo 4 sobre los alcances de las facultades delegadas, con excepción de los incisos referidos a Fondos Fiduciarios, Hidrocarburos, tarifas y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.
El oficialismo contó con 37 votos de la Libertad Avanza, 37 del PRO, 13 de Hacemos Coalición Federal, 1 de Creo, 1 de Unión Mendocina, 1 de Avanza Libertad, 28 de la UCR, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Aires y 3 de Independencia.
Los votos en contra fueron 98 de Unión por la Patria (UxP), 6 de la UCR, 10 de Hacemos, 2 de Por Santa Cruz, y 5 de del FIT (izquierda).
El primer artículo aprobado establece que la iniciativa «tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales».
En tanto, el artículo 3 fija que la emergencia se extenderá hasta el 31 de diciembre y establece que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de un año.
En tanto, el plenario legislativo aprobó por 132 a 122 las delegaciones de las facultades y los incisos A al G que se refieren a promover un sistema económico «basado en decisiones libres», establecer a una amplia desregulación del comercio, servicios e industria, y promover medidas para eliminar las restricciones a la competencia y la creación de empleo.
También permite reorganizar el Sector Público Nacional para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.
Esas facultades le permiten ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas en un único cuerpo normativo con el objeto de lograr una contratación pública «profesionalizada, estratégica, sustentable, íntegra, transparente, sujeta al control cívico, electrónica, eficiente y eficaz, que garantice, mediante la regla de la licitación o concurso público, la mayor concurrencia y sana competencia entre oferentes, previendo para cuando correspondiere el criterio de adjudicación de valor por dinero».
En tanto, el pleno de la Cámara rechazó por 142 votos a 112 el inciso H que proponía modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos.
Si bien el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot propuso eliminar de ese inciso los fondos fiduciarios de desarrollo provincial y otro referido a la construcción de vivienda, y esa petición fue aceptada por la comisión, el radicalismo ya tenía decidido votar en contra y por eso su presidente, Rodrigo de Loredo, pidió votar los incisos por separado.
En tanto, los incisos I y J también fueron rechazados al cosechar 123 positivos contra 130 negativos y estaban referidos a la facultad sobre la política de hidrocarburos y tarifas energéticas y sobre seguridad.
En ese sentido, el inciso J permitía fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes; la corrupción de niños, niñas y adolescentes; terrorismo; las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; los delitos aduaneros; los secuestros extorsivos y trata de personas.
Sobre los principios de la ley de Bases el articulo 2 fija que la meta de la ley es «la promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades constitucionales sin injerencias indebidas por parte del Estado».
También destaca «la protección de los habitantes y de su propiedad privada. El Estado debe garantizar la seguridad y propiedad de las personas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Debe asegurar el efectivo ejercicio del derecho a transitar libremente en la vía pública evitando situaciones que pongan en riesgo la vida, la propiedad y la seguridad de los habitantes de la Nación».
Elecciones
Bullrich, la aliada incómoda: el ajuste en discapacidad agrieta el armado 2027
La senadora libertaria cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027 y en Casa Rosada ya temen una ruptura que fragmente a la derecha. El karinismo minimiza el riesgo, pero otras tribus del oficialismo admiten que hay que contenerla.
El recorte en discapacidad que el Gobierno de Javier Milei metió en el Presupuesto 2027 no solo golpea a miles de familias que dependen de esas prestaciones: también abrió una grieta en la propia coalición oficialista, que a menos de un año de las presidenciales ya hace cuentas sobre qué pasaría si Patricia Bullrich decide irse. En Casa Rosada reapareció un fantasma conocido: la fragmentación del electorado de centroderecha.
La protagonista es la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, que en los últimos días se desmarcó públicamente del capítulo VI del proyecto presupuestario. Ese apartado, que abarca los artículos 36 a 41, plantea modificaciones y derogaciones sobre distintos puntos de la legislación vinculada con discapacidad, incluido el esquema con el que se fijan y actualizan los aranceles del sistema de prestaciones.
«Nadie dijo nada de esto»
La primera señal llegó cuando Bullrich admitió que desconocía los cambios. «Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz. El Presupuesto llegó con cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos», explicó en una entrevista con Radio Rivadavia. Días después subió el tono en el canal de noticias A24: «Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto».
En esa misma entrevista apuntó contra la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo como responsable del envío del texto al Congreso y definió el episodio como «un error no forzado» que «te puede hacer perder el partido». Luego fue más lejos: «Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles».
El cruce escaló cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que la senadora se había retirado antes de que la mesa política abordara el tema. Bullrich lo desmintió de plano: «Cuando se habló del Presupuesto yo estaba», afirmó, y agregó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones. «Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es», disparó, aunque aclaró que no pretende pelearse con nadie.
La crítica que no toca el ajuste
Conviene leer la letra chica del desmarque. Bullrich no cuestiona el rumbo económico: en sus intervenciones remarcó que el superávit fiscal y las metas de inflación son pilares no negociables del plan oficial, y sostuvo que el tema de discapacidad requiere una definición que no altere los objetivos fiscales de la administración libertaria. Su reproche no apunta al recorte en sí, sino al costo político de que la sociedad perciba al Gobierno como insensible.
La preocupación que la senadora expresa es, en esencia, electoral. «El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad», recordó, en referencia a las derrotas legislativas que sufrió el oficialismo. Para las personas con discapacidad y sus familias, lo que está en juego no es la imagen de un gobierno, sino el acceso a tratamientos, transporte y rehabilitación.
Las tribus libertarias y el temor a la ruptura
Si bien buena parte de la plana mayor del oficialismo cree que Bullrich repite un patrón conocido y no romperá con La Libertad Avanza, algunas voces del espacio siguen de cerca cada paso y plantean que el Gobierno debe esforzarse por retenerla. «El Gobierno tiene que impedirlo y tiene las herramientas para hacerlo», precisó una voz de una de las tribus libertarias, según trascendió.
El temor se alimenta de otro movimiento: el extitular de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz planteó la necesidad de impulsar un espacio opositor similar a Juntos por el Cambio. En el oficialismo le bajan el precio a la idea, pero reconocen que la ecuación cambiaría si la senadora se fuera. «Quieren poder darle cierto cuerpo a una potencial candidatura del PRO. Cuando hablan de Juntos por el Cambio es porque Sanz le sumaría ‘el tono radical’ para hablar de algo más amplio, pero no lo veo viable. Excepto que rompa Patricia», afirmó una fuente oficial.
En el karinismo, el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descartan que la senadora tome distancia del partido al que se afilió en último término, aunque admiten que Bullrich se considera «una aliada» de la administración libertaria. «Es lógico. Ella ganó una PASO y fue candidata de otro espacio», la justifican. «Patricia es Patricia», resumió un funcionario del círculo íntimo de la hermana del Presidente.
Una candidatura en disputa
Con la reelección de Milei como objetivo declarado, toma fuerza la posibilidad de que Bullrich integre la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta en 2027. La propia senadora lo dejó entrever sin nombrar al mandatario: «Es muy importante que el proyecto reelija». En su entorno evitan precisar a qué lugar de las listas aspira, pero anticipan que «hará lo necesario para que el peronismo no gane».
La escena revela la fragilidad de una coalición que se sostiene más por el espanto compartido que por un programa común. Mientras la interna libertaria discute lugares en las listas, el ajuste sobre los sectores más vulnerables sigue su curso en el Congreso.
Lo que tenés que saber:
- El capítulo VI del Presupuesto 2027 (artículos 36 a 41) modifica y deroga normas vinculadas con discapacidad.
- Bullrich admitió que desconocía esos cambios y los calificó como «un error no forzado».
- La senadora desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el tratamiento del tema en la mesa política.
- Bullrich sostiene que el superávit fiscal y las metas de inflación no son negociables.
- En el oficialismo crece la posibilidad de que sea candidata a vicepresidenta en 2027, mientras Ernesto Sanz impulsa reeditar un frente similar a Juntos por el Cambio.
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