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Se viene la última sesión del Senado y luego el recambio legislativo

Será convocada por Cristina Fernández de Kirchner cuando finalice la ceremonia de jura de los nuevos senadores y senadoras.

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Por Clelia Sívori

El Senado de la Nación tendrá el próximo jueves su última sesión ordinaria con la actual composición de las fuerzas políticas, antes del recambio legislativo, con una amplia agenda de temas vinculados a la salud, la educación y el medio ambiente.

La sesión ordinaria que será convocada por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se iniciará después del mediodía, una vez que finalice la ceremonia de jura de los nuevos senadores y senadoras que fueron electos el 14 de noviembre.

Los principales bloques políticos, el Frente de Todos (FdT), que conduce el formoseño José Mayans, y el de Juntos por el Cambio (JxC), que lidera su coprovinciano radical Luis Naidenoff, se reunirán el próximo martes para intentar llegar a un acuerdo sobre los temas a debatir en este último plenario.

Qué se debatirá

El oficialismo ya adelantó su intención de dar aval a los 116 decretos de necesidad y urgencia emitidos por el presidente, Alberto Fernández, en los últimos dos años, algo que la oposición cuestiona y prefiere dejar para dirimir con la nueva integración del Senado donde tendrá números más holgados.

Se trata de normas dictadas por la Presidencia que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia de coronavirus, ampliaciones presupuestarias; amortización de las Letes; aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias y la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del Gobierno.

También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como la norma que dispone un incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores del sector privado en relación de dependencia.

Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri, así como el que prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días.

Con la convalidación de una de las Cámaras, en este caso el Senado, los DNU quedarán firmes. También se incluirían en la discusión proyectos que no conllevan discrepancias entre oficialismo y oposición y sobre los que habría acuerdo para su aprobación en el recinto.

Se trata de una norma para incluir el sistema braille en los medicamentos, un proyecto sobre educación inclusiva y otra propuesta que modifica la ley general de Ambiente. También podrían aprobar en el recinto dos proyectos de ley que resaltan la importancia del corredor bioceánico entre Chile y la Argentina, impulsados por el bloque del FdT.

Un texto de la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo, que busca garantizar la atención y asistencia presencial a las personas mayores, para agilizar trámites, gestiones o diligencias administrativas en oficinas virtuales, se sumaría a la agenda de temas.

Asimismo, se prevé tratar una normativa que declara el 3 de diciembre Día Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y un proyecto del senador por Chaco, Antonio José Rodas (FdT) para la promoción del voluntariado social, en actividades sin fines de lucro.

Un proyecto de ley que incluye en el Régimen de Trabajo la obligación por parte de los empleadores de contratar un seguro de vida para las trabajadoras de casas particulares fue aprobado la semana pasada por la comisión de Trabajo del Senado y quedó en condiciones de ser debatido en la próxima sesión.

Otra norma que los senadores buscarán aprobar es un proyecto de ley que establece una reparación simbólica para trabajadores detenidos desaparecidos del sector privado durante la dictadura militar, al incluir en sus legajos laborales su condición de víctimas del terrorismo de Estado.

El presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Julio Martínez (Juntos por el Cambio-La Rioja), explicó que el objetivo de la norma, ya aprobada por la Cámara de Diputados, es «llevar igualdad» entre los empleados del sector público y el sector privado.

En el Estado ya existe una norma que obliga a las empresas e instituciones a incluir en los legajos laborales la condición de detenido desaparecido de aquellos empleados que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste

El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.

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El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición.

Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué garantiza el proyecto oficialista

El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa

El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.

«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.

Una derrota política disfrazada de iniciativa

La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.

Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
  • El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
  • La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
  • Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
  • El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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