Economía 💲
El acuerdo con el FMI se tratará el lunes en comisiones y el jueves en el recinto
El cronograma de trabajo acordado entre el oficialismo y la oposición también estableció que el martes asistirán representantes sindicales y empresarios, mientras que el miércoles se dará el debate interno en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas.
Por Leonardo Fredes
El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará a debatirse el próximo lunes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que contará con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán; y cuyo tratamiento el oficialismo aspira a llevar entre jueves y viernes al recinto.
El cronograma de trabajo acordado el jueves pasado entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los interbloques Federal y Provincias Unidas, estableció que el martes, en tanto, asistirán representantes sindicales y empresarios y que el miércoles se dará el debate interno en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas.
El objetivo es poder firmar dictamen ese mismo miércoles, para que el tema pueda ser tratado por el plenario de la Cámara en una sesión especial que se solicitaría para el jueves o, a más tardar, para el viernes.
Mientras transcurran las reuniones de las comisiones, los diferentes espacios políticos terminarán de definir este fin de semana sus posturas, en base al texto del proyecto que finalmente ingresó ayer por la tarde a la Cámara baja.
Una primera aproximación hacía esos posicionamientos se comenzará a dar este fin de semana cuando mañana a la tarde se reúna -vía zoom- la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y podrían hacer lo propio los integrantes del bloque del Frente de Todos.

A tal efecto, el presidente de la bancada, Germán Martínez, les pidió a sus integrantes que permanezcan cerca de la ciudad de Buenos Aires para poder participar de esa reunión que, según las circunstancias, podría aplazarse al lunes a la mañana ya que se evalúa la posibilidad de que el propio Guzmán, o algún funcionario del área, explique a los legisladores los alcances del proyecto.
En cuanto a la agenda de trabajo, la terminarán de definir en las próximas horas el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos) y su vicepresidente, Luciano Laspina (PRO).
Por lo pronto, para el lunes a las 14 ya fueron invitados Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el representante argentino ante el Fondo Monetario, Sergio Chodos, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
El martes, en tanto, se recibirá a representantes de los gremios (Confederación General del Trabajo y Central de Trabajadores Argentinos); de los movimientos sociales, de entidades empresariales, nucleados en la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), y el Grupo de los 6 (UIA, Camarco, CAC, ADEBA, SRA y la Bolsa de Comercio).
Asimismo, también serán invitados los gobernadores para que puedan exponer con el fin de dar a conocer sus opiniones sobre el acuerdo.
El miércoles, según los preacordado, será el turno del debate interno del plenario de las dos comisiones, un escenario que involucra a 49 legisladores por Presupuesto y Hacienda y a 31 por Finanzas, que quedará formalmente constituida el lunes a las 13.

El tablero marca que de esos 80 diputados, 39 pertenecen al Frente de Todos; 38 a Juntos por el Cambio; dos al interbloque Federal (de Córdoba Federal y el lavagnismo) y uno a Provincias Unidas (del oficialismo provincial de Misiones).
El dictamen que obtenga mayor cantidad de firmas será el primero en ser puesto a consideración en la sesión del jueves o viernes.
De cara a ese debate, en tanto, fuentes cercanas a la presidencia del bloque oficialista estiman que contarán con unos 160 votos de respaldo a la iniciativa del Poder Ejecutivo, sobre los 257 que integran la Cámara.
Unos 90 propios (sobre 118); 60 de Juntos por el Cambio (sobre sus 116); los 5 del interbloque Provincias Unidas y 4 (sobre 8), del Federal, más algún aporte de bloques minoritarios, figuran en esos sondeos.
El que comenzará el lunes será el primer debate de un acuerdo con el FMI que el Congreso de la Nación afrontará para su aprobación.
El texto consta de 137 páginas y está dividido en cuatro documentos: el proyecto de ley con cuatro artículos, el mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Alberto Fernández, Guzmán y Manzur; y dos anexos adjuntos.
La llegada del proyecto al Congreso se demoró un día más de lo previsto porque, a solicitud de un sector de Juntos por el Cambio y de algunos diputados del Frente de Todos, se pidió el desdoblamiento de un artículo de la redacción original en dos diferentes.
El objetivo era que el aval al acuerdo -objeto principal de la iniciativa- quedara escindido del artículo que remite a los anexos en los que se explica el financiamiento, más conocido como el detalle de la ‘letra chica’.
Hecha esta variante, el proyecto tomó estado parlamentario y fue distribuido en formato impreso y digital a todos los legisladores.
El envío se produjo un día después de que el Gobierno nacional anunciara oficialmente que el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán cerraron el acuerdo para refinanciar la deuda récord de aproximadamente US$ 45.000 millones que tomó la administración de Mauricio Macri.
Con el proyecto ya girado a las comisiones, el presidente de la Cámara, Sergio Massa (Frente de Todos), señaló durante una actividad oficial en Tucumán: «Apelamos a la responsabilidad de todos, a la seriedad en el debate, a la búsqueda de una solución para la Argentina y no de una pequeña diferencia política para tratar de posicionarse mejor o peor frente al electorado. Tenemos que tener la madurez y la responsabilidad de entender que es un problema de la Argentina, y no de un Gobierno».
Por su parte, el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, consideró en declaraciones periodísticas que «el Congreso de la Nación se dispone a dar un debate histórico, por lo inédito» y que «nunca un programa con el Fondo Monetario Internacional fue tratado por el Parlamento argentino para aprobarlo o rechazarlo».
En tanto, el presidente del bloque radical y exlíder de Juntos por el Cambio, Mario Negri fijó postura: «La semana que viene trataremos el Memorando de Entendimiento con el FMI en Diputados. Este Acuerdo fue hecho por el Gobierno y el oficialismo es el responsable de garantizar su aprobación».
Gremiales
El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno
La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.
La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000
Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.
El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.
Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.
Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»
La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.
«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»
Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»
Un organismo sin acuerdos hace más de dos años
La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.
El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.
Puntos clave
- El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
- La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
- El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
- Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
- La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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