Legislativo
Mazzina encabezó un encuentro de capacitación por la Ley Micaela para autoridades del Senado
Durante la reunión, Mazzina expuso sobre avances «en materia legislativa de nuestro país», así como «la importancia de la Ley Micaela», alcances e impactos y relevancia de la «perspectiva de género y diversidad en el Estado».
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, encabezó hoy un encuentro de capacitación y sensibilización, en el marco de la implementación de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, destinada a autoridades del Senado, durante el cual señaló que la aprobación de esa normativa marcó «un antes y un después».
Durante la reunión, Mazzina expuso sobre avances «en materia legislativa de nuestro país», así como «la importancia de la Ley Micaela», alcances e impactos y relevancia de la «perspectiva de género y diversidad en el Estado».
«El femicidio de Micaela García evidenció falta de perspectiva de género, de los tres poderes del Estado», dijo la funcionaria nacional.
«Creo firmemente que la aprobación de la ley con su nombre es un antes y un después. Hoy en cada una de las provincias argentinas se aplica la Ley Micaela y les puedo asegurar que es transformador», agregó.
«Cambiar prácticas de una sociedad patriarcal llevará mucho tiempo, poder estar acá, dialogando, habla de convicción y compromiso político que tenemos por erradicar la violencia de género», resaltó Mazzina.
Por último, la ministra destacó que «la labor parlamentaria del Senado, contiene una agenda legislativa de avanzada en materia de igualdad en la región y el mundo, amplió y reconoció derechos para la sociedad».
«No permitamos dar marcha atrás con los avances legislativos, con todo lo logrado en materia de género y derechos humanos que significa años de lucha. Sigamos avanzando hacia los desafíos que la sociedad y la democracia nos demandan», enfatizó.
La acompañaron en el panel, la representante especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Géneros del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Alba Rueda; y la presidenta de la Comisión Banca de la Mujer del Senado, María Eugenia Catalfamo.
La jornada de formación, organizada por la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), se desarrolló en Salón Azul del Senado y estuvo a cargo de la investigadora del Conicet, Marisa Herrera.
Durante la misma, se trabajó en cómo las desigualdades entre los géneros se traducen en obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos.
En esa línea, se reflexionó sobre la necesidad de promover la organización institucional y política con perspectivas de diversidad, a partir de la paridad de género en los tres poderes del Estado y organismos de la Administración Pública Nacional (APN) y una reforma judicial feminista, entre otros.
Hasta junio último, se formaron 17.663 funcionarios, funcionarias y personal del Estado en Ley Micaela.
Además, se realizaron 544 capacitaciones para prevenir violencias de género y promover la igualdad, en ámbitos estatales, empresariales, sindicales, deportivos y medios de comunicación.
La capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra mujeres, llamada «Ley Micaela»- fue sancionada en diciembre de 2018.
La normativa lleva el nombre de Micaela García, quien fue víctima de femicidio a los 21 años, en abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
Legislativo
Diputados: ¿Habrá quórum para sesionar por endeudamiento y discapacidad?
La sesión fue convocada para este miércoles a las 12. Los bloques opositores cuentan los votos y el oficialismo admite que el número está garantizado, aunque prepara un cambio de estrategia.
Este miércoles a las 12 está convocada la sesión pedida por varios bloques opositores en la Cámara de Diputados para tratar proyectos sobre endeudamiento familiar y prorrogar la emergencia en discapacidad.
Los bloques convocantes confían en conseguir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto, forzar el tratamiento de la batería de proyectos y fijar una fecha para emitir dictamen, con el objetivo de avanzar hacia la media sanción.
«Tranquila nunca estoy con el quórum, pero hoy lo cuento y lo tengo», dijo una importante fuente del peronismo. La misma diputada advirtió que «está el antecedente de los 133», una cifra que podría dejar expuestos a quienes acompañaron aquella jornada si no ratifican su postura.
Hace casi dos semanas, la oposición probó su respaldo al intentar incorporar ambos temas a una sesión anterior. En esa oportunidad reunió 133 diputados, con cinco ausencias que también podrían contarse a su favor. En aquella votación, Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas y los bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca y Neuquén respaldaron el pedido. El MID de Oscar Zago acompañó el tratamiento del tema discapacidad, mientras que la UCR se abstuvo en ambas votaciones.
Las negociaciones de La Libertad Avanza para desarmar la sesión no surtieron efecto. Aunque en los últimos días el oficialismo abrió formalmente la discusión en comisiones y prometió un cronograma con fecha para dictaminar, los bloques opositores ratificaron la convocatoria.
Ante esa realidad, el bloque oficialista anunció un «cambio de estrategia» y admitió que la oposición conseguirá el número este miércoles. En ese marco, convocó a los jefes de los bloques aliados para comunicar la nueva postura. «Puede llegar a haber una solución para el tema de discapacidad», afirmó una fuente de peso del espacio libertario.
Hay una diferencia sustancial entre los dos temas en juego. En discapacidad existe un único proyecto en discusión: prorrogar la emergencia que vence a fin de año. En endeudamiento familiar, en cambio, la oposición todavía debe unificar más de medio centenar de iniciativas, tarea que el Gobierno podría aprovechar para presentar una alternativa propia. A esa dificultad se suma una condición que atraviesa las negociaciones: la mayoría opositora exige que el proyecto que avance no tenga costo fiscal.
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