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Gremiales

Caputo no se reunirá con la UTA ni empresas, pero pidió que los reciba Transporte

Economía informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» del titular de Hacienda «para recibir a los dirigentes gremiales» y «las cámaras empresarias».

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El-Argentino-Once Pueyrredón colectivos bondi

El Ministerio de Economía instruyó este martes a la Secretaría de Transporte para que reciba a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, y a los empresarios del sector para «escuchar sus necesidades» pero garantizando las «paritarias libres», luego de que el gremio pidiera una audiencia al ministro Luis Caputo para reclamarle soluciones a diversas demandas, entre ellas la salarial.

Economía informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» de Caputo «para recibir a los dirigentes gremiales» de los choferes de colectivos y «las cámaras empresarias para escuchar sus necesidades, garantizando la plena independencia de las negociaciones desarrolladas entre la UTA y los empresarios».

El titular de la UTA, Roberto Fernández, le envió una nota a Caputo en su condición de secretario general de la «organización gremial del transporte de pasajeros que representa a más de cien mil trabajadores en todo el país, de los cuales cuarenta mil están al frente de la conducción de 18.000 micros que operan las 24 horas del día en todo el AMBA».

«El transporte público está en emergencia, sin capacidad para funcionar según lo establecen las normas que lo regulan; las empresas manifiestan no tener sus costos actualizados, especialmente precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte», dijo Fernández.

Añadió que «en nuestro caso se debió aplicar la clausula que prevé el ajuste salarial a diciembre 2023, según los términos del acta homologada por el Ministerio de Trabajo, e iniciar la negociación salarial a partir del primero de enero del presente año» y dijo que «el Ministerio de Trabajo conoce perfectamente la cuestión».

«La situación debió estar solucionada por las autoridades del Ministerio de Infraestructura; el exministro (Guillermo) Ferraro, a través de la Secretaria de Transporte, pero nada sucedió; por el contrario, fue tal la pasividad puesta a disposición de la solución, que hoy pone en riesgo el traslado de millones de personas diarias, especialmente aquellas de bajos recursos que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo», alertó.

Advirtió que «hoy está bajo su responsabilidad tomar el tema y encarrilar una solución que evite lo que irremediable sucederá: la gente no tendrá el medio básico que le permita movilizarse, poniendo el riesgo la paz social».

Fernández le dijo a Caputo que «queremos ser parte de una solución de consenso, donde el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, las empresas Concesionarias y los trabajadores asumamos la responsabilidad que nos corresponda y evitar una situación no deseada que afectará a la comunidad en su conjunto».

En ese sentido, le pidió «una entrevista personal o con quien designe con la suficiente capacidad de decisión, para que rápidamente podamos evitar la paralización del transporte público».

Por su lado, según la comunicación del Ministerio de Economía, «no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo».

«Desde que asumieron las autoridades de Transporte se llevaron adelante reuniones tanto con la UTA como con los empresarios, compartiendo la necesidad de restructurar y actualizar los costos del sistema. De esta manera, «para que la Secretaría de Transporte pueda seguir avanzando en esa línea, resulta de vital importancia esperar a que las partes alcancen un acuerdo en las mesas de negociaciones que se están desarrollando en estos momentos», destacó.

Añadió que «la Secretaría de Transporte, en línea con las decisiones políticas del Gobierno Nacional, fomenta las paritarias libres y basadas en negociaciones exclusivas entre empleadores y empleados, y de la cuales no debe tener injerencia el Estado Nacional».

«Es importante remarcar que la Secretaria de Transporte no se encuentra participando de la mesa de negociaciones entre la UTA y los empresarios, resaltando la libertad de negociar de ambas partes, y reposicionando al Estado Nacional en el lugar que le corresponde», dijo la cartera de Caputo.

Educación

Cuarta Marcha Federal Universitaria: reclamos, columnas y cortes en el centro porteño

El Consejo Interuniversitario Nacional, la FUA y el Frente Sindical convocaron para este martes a estudiantes, docentes y no docentes a marchar hacia Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrolla un día después de que el Gobierno publicara un nuevo recorte de casi 79.000 millones de pesos en educación.

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Cuarta Marcha Federal Universitaria: movilización masiva en defensa de la educación pública

★ La cuarta Marcha Federal Universitaria concentra este martes a miles de personas en el centro porteño, con epicentro en Plaza de Mayo, en una jornada que promete ser multitudinaria y que vuelve a poner en el centro del debate el desfinanciamiento sistemático del sistema universitario público bajo la gestión de Javier Milei.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, y se extiende con movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país.

El reclamo: una ley votada, ratificada y sistemáticamente incumplida

El eje central de la protesta no varió desde la primera marcha del 23 de abril de 2024: exigir que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2025 y ratificada con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras el 17 de septiembre de ese mismo año. La norma fue además respaldada en dos instancias judiciales: la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó su plena vigencia a fines de marzo de 2026.

La ley establece la actualización por inflación del presupuesto universitario, los salarios docentes y no docentes, y las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno no la implementó. Más aún: recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para evitar aplicar las actualizaciones salariales que dos fallos judiciales le ordenaron.

Los números del deterioro son contundentes. Según datos del sector universitario, las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios docentes cayeron un 34% en términos reales desde diciembre de 2023, ubicándose en los niveles más bajos de los últimos 23 años. Para recomponer ese deterioro, los haberes deberían aumentar un 50,6%, ya que la inflación acumuló un 293% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, mientras los sueldos solo subieron un 160% en el mismo período.

Un recorte en vísperas de la movilización

La víspera de la marcha trajo una nueva medida de ajuste. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, el Gobierno recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación. La medida incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para obras de infraestructura que afecta a 13 universidades nacionales, y un recorte de $35.288.051.713 sobre el Plan Nacional de Alfabetización.

La comunidad universitaria interpretó el timing como una señal deliberada. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, convocó públicamente a acompañar la marcha y declaró en diálogo con Radio Mitre: «Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país.» Gelpi advirtió que el ajuste «afecta directamente las cursadas, los salarios de docentes y no docentes, así como el funcionamiento de los hospitales universitarios» y que la pérdida de recursos humanos calificados ya genera consecuencias irreversibles: «Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números.»

Los hospitales en crisis: deuda acumulada de 20.000 millones

La disputa se extendió en las últimas semanas a los hospitales universitarios. Autoridades de la UBA denunciaron en una conferencia de prensa del 5 de mayo en el Hospital de Clínicas que la gestión de Milei no transfirió los fondos operativos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2026, lo que genera una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Esos recursos, aprobados en el Presupuesto 2026, son imprescindibles para insumos, mantenimiento y servicios básicos. Los directores de hospitales alertaron que varios centros de salud podrían dejar de funcionar. Los hospitales universitarios de la UBA atienden aproximadamente 700.000 pacientes por año.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó esas denuncias y las calificó de «falsas». Sostuvo que los fondos ordinarios ya fueron transferidos y que el reclamo corresponde a una partida «extraordinaria» aún no desembolsada. En paralelo, la misma cartera intimó a los rectores a «informar las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación» frente a los paros gremiales.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), su secretaria general Laura Carboni, respondió sin rodeos: «No tienen cara; el gobierno lleva 189 días de incumplimiento de una ley votada en cinco oportunidades en el Congreso y ratificada dos veces en la justicia.»

El mapa de la movilización en Buenos Aires

La marcha en la Ciudad de Buenos Aires se organiza en cuatro columnas que confluirán en Plaza de Mayo. La columna del sur y La Plata parte desde Constitución y avanza por Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. La columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte se concentra desde las 16 en Córdoba y Junín, para marchar por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo. La columna de Psicología, Filosofía y Letras ingresa por Entre Ríos y Rivadavia. La UTEP concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.

Entre los puntos de encuentro confirmados se destacan: la intersección de Avenida Callao y Bartolomé Mitre (Ciencias Exactas UBA, desde las 13), Plaza Houssay con convocatoria de ADUBA (Facultad de Medicina, 14 horas), la sede de la UTN en calle Medrano (14:30), y las intersecciones de Diagonal Sur y Bolívar con Avenida de Mayo y Tacuarí (CGT, CONADU y FEDUN, desde las 15).

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores concentran desde las 15 en Diagonal Norte y San Martín; CONADU Histórica junto a organizaciones del FreSU, desde las 15 en Piedras y Avenida de Mayo. La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para sumarse luego a la columna central en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen.

El acto central está previsto para las 17 horas en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El perímetro del microcentro porteño estará afectado por cortes totales y parciales en Avenida de Mayo, Avenida Callao, Diagonal Norte, Diagonal Sur, Bernardo de Yrigoyen, Bartolomé Mitre, Bolívar, Tacuarí, Piedras y Salta, así como en los entornos de Plaza Houssay y calle Medrano. Se recomienda a los conductores evitar el área entre las 13 y las 19 horas.

Cuatro marchas, ninguna respuesta

La convocatoria de este martes es la cuarta de una serie que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se movilizaron en la Avenida de Mayo. La segunda tuvo lugar el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, el mismo día en que el Congreso ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.

El Ejecutivo insiste en que la ley no prevé en forma expresa su fuente de financiamiento y que su aplicación plena «afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país». Ante la nueva jornada de protesta, el Gobierno anunció que abrirá una instancia de diálogo con las universidades después de la marcha; desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que se analiza la creación de una comisión con rectores de universidades que cuentan con hospitales para discutir el esquema de distribución de recursos. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había acusado a los rectores de impulsar una «extorsión política». Gelpi lo rechazó: «Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado.»

Puntos clave

  • La cuarta Marcha Federal Universitaria se realiza este martes con acto central en Plaza de Mayo a las 17 horas, convocada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
  • El reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, votada y ratificada por el Congreso y avalada en dos instancias judiciales, que el Gobierno se niega a implementar.
  • El día anterior a la marcha, el Gobierno recortó $78.768 millones en educación mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por Adorni y Caputo.
  • Los salarios docentes universitarios acumulan una caída real del 34% desde diciembre de 2023, los más bajos en 23 años.
  • Los hospitales universitarios de la UBA denuncian una deuda de 20.000 millones de pesos en fondos operativos no transferidos desde enero de 2026.

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