Gremiales
Caputo no se reunirá con la UTA ni empresas, pero pidió que los reciba Transporte
Economía informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» del titular de Hacienda «para recibir a los dirigentes gremiales» y «las cámaras empresarias».
El Ministerio de Economía instruyó este martes a la Secretaría de Transporte para que reciba a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, y a los empresarios del sector para «escuchar sus necesidades» pero garantizando las «paritarias libres», luego de que el gremio pidiera una audiencia al ministro Luis Caputo para reclamarle soluciones a diversas demandas, entre ellas la salarial.
Economía informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» de Caputo «para recibir a los dirigentes gremiales» de los choferes de colectivos y «las cámaras empresarias para escuchar sus necesidades, garantizando la plena independencia de las negociaciones desarrolladas entre la UTA y los empresarios».
El titular de la UTA, Roberto Fernández, le envió una nota a Caputo en su condición de secretario general de la «organización gremial del transporte de pasajeros que representa a más de cien mil trabajadores en todo el país, de los cuales cuarenta mil están al frente de la conducción de 18.000 micros que operan las 24 horas del día en todo el AMBA».
«El transporte público está en emergencia, sin capacidad para funcionar según lo establecen las normas que lo regulan; las empresas manifiestan no tener sus costos actualizados, especialmente precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte», dijo Fernández.
Añadió que «en nuestro caso se debió aplicar la clausula que prevé el ajuste salarial a diciembre 2023, según los términos del acta homologada por el Ministerio de Trabajo, e iniciar la negociación salarial a partir del primero de enero del presente año» y dijo que «el Ministerio de Trabajo conoce perfectamente la cuestión».
«La situación debió estar solucionada por las autoridades del Ministerio de Infraestructura; el exministro (Guillermo) Ferraro, a través de la Secretaria de Transporte, pero nada sucedió; por el contrario, fue tal la pasividad puesta a disposición de la solución, que hoy pone en riesgo el traslado de millones de personas diarias, especialmente aquellas de bajos recursos que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo», alertó.
Advirtió que «hoy está bajo su responsabilidad tomar el tema y encarrilar una solución que evite lo que irremediable sucederá: la gente no tendrá el medio básico que le permita movilizarse, poniendo el riesgo la paz social».
Fernández le dijo a Caputo que «queremos ser parte de una solución de consenso, donde el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, las empresas Concesionarias y los trabajadores asumamos la responsabilidad que nos corresponda y evitar una situación no deseada que afectará a la comunidad en su conjunto».
En ese sentido, le pidió «una entrevista personal o con quien designe con la suficiente capacidad de decisión, para que rápidamente podamos evitar la paralización del transporte público».
Por su lado, según la comunicación del Ministerio de Economía, «no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo».
«Desde que asumieron las autoridades de Transporte se llevaron adelante reuniones tanto con la UTA como con los empresarios, compartiendo la necesidad de restructurar y actualizar los costos del sistema. De esta manera, «para que la Secretaría de Transporte pueda seguir avanzando en esa línea, resulta de vital importancia esperar a que las partes alcancen un acuerdo en las mesas de negociaciones que se están desarrollando en estos momentos», destacó.
Añadió que «la Secretaría de Transporte, en línea con las decisiones políticas del Gobierno Nacional, fomenta las paritarias libres y basadas en negociaciones exclusivas entre empleadores y empleados, y de la cuales no debe tener injerencia el Estado Nacional».
«Es importante remarcar que la Secretaria de Transporte no se encuentra participando de la mesa de negociaciones entre la UTA y los empresarios, resaltando la libertad de negociar de ambas partes, y reposicionando al Estado Nacional en el lugar que le corresponde», dijo la cartera de Caputo.
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Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda
Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.
Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.
Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.
El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».
40,5% de caída real del salario en dos años y medio
El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.
La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.
Del banco a la fintech: el circuito de la usura
La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.
Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».
El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.
Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados
El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.
La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.
El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.
Las exigencias del gremio
Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».
- El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
- La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
- El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
- Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
- Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.
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