Gremiales
Caputo no se reunirá con la UTA ni empresas, pero pidió que los reciba Transporte
Economía informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» del titular de Hacienda «para recibir a los dirigentes gremiales» y «las cámaras empresarias».
El Ministerio de Economía instruyó este martes a la Secretaría de Transporte para que reciba a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, y a los empresarios del sector para «escuchar sus necesidades» pero garantizando las «paritarias libres», luego de que el gremio pidiera una audiencia al ministro Luis Caputo para reclamarle soluciones a diversas demandas, entre ellas la salarial.
Economía informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» de Caputo «para recibir a los dirigentes gremiales» de los choferes de colectivos y «las cámaras empresarias para escuchar sus necesidades, garantizando la plena independencia de las negociaciones desarrolladas entre la UTA y los empresarios».
El titular de la UTA, Roberto Fernández, le envió una nota a Caputo en su condición de secretario general de la «organización gremial del transporte de pasajeros que representa a más de cien mil trabajadores en todo el país, de los cuales cuarenta mil están al frente de la conducción de 18.000 micros que operan las 24 horas del día en todo el AMBA».
«El transporte público está en emergencia, sin capacidad para funcionar según lo establecen las normas que lo regulan; las empresas manifiestan no tener sus costos actualizados, especialmente precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte», dijo Fernández.
Añadió que «en nuestro caso se debió aplicar la clausula que prevé el ajuste salarial a diciembre 2023, según los términos del acta homologada por el Ministerio de Trabajo, e iniciar la negociación salarial a partir del primero de enero del presente año» y dijo que «el Ministerio de Trabajo conoce perfectamente la cuestión».
«La situación debió estar solucionada por las autoridades del Ministerio de Infraestructura; el exministro (Guillermo) Ferraro, a través de la Secretaria de Transporte, pero nada sucedió; por el contrario, fue tal la pasividad puesta a disposición de la solución, que hoy pone en riesgo el traslado de millones de personas diarias, especialmente aquellas de bajos recursos que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo», alertó.
Advirtió que «hoy está bajo su responsabilidad tomar el tema y encarrilar una solución que evite lo que irremediable sucederá: la gente no tendrá el medio básico que le permita movilizarse, poniendo el riesgo la paz social».
Fernández le dijo a Caputo que «queremos ser parte de una solución de consenso, donde el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, las empresas Concesionarias y los trabajadores asumamos la responsabilidad que nos corresponda y evitar una situación no deseada que afectará a la comunidad en su conjunto».
En ese sentido, le pidió «una entrevista personal o con quien designe con la suficiente capacidad de decisión, para que rápidamente podamos evitar la paralización del transporte público».
Por su lado, según la comunicación del Ministerio de Economía, «no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo».
«Desde que asumieron las autoridades de Transporte se llevaron adelante reuniones tanto con la UTA como con los empresarios, compartiendo la necesidad de restructurar y actualizar los costos del sistema. De esta manera, «para que la Secretaría de Transporte pueda seguir avanzando en esa línea, resulta de vital importancia esperar a que las partes alcancen un acuerdo en las mesas de negociaciones que se están desarrollando en estos momentos», destacó.
Añadió que «la Secretaría de Transporte, en línea con las decisiones políticas del Gobierno Nacional, fomenta las paritarias libres y basadas en negociaciones exclusivas entre empleadores y empleados, y de la cuales no debe tener injerencia el Estado Nacional».
«Es importante remarcar que la Secretaria de Transporte no se encuentra participando de la mesa de negociaciones entre la UTA y los empresarios, resaltando la libertad de negociar de ambas partes, y reposicionando al Estado Nacional en el lugar que le corresponde», dijo la cartera de Caputo.
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Riesgo país en máximos y reservas en duda: la bazuca de Caputo
El Banco Central aceleró la compra de dólares tras la visita del FMI, pero el riesgo país superó los 600 puntos, el máximo del año. El Gobierno alardea de un poder de fuego de 75.000 millones de dólares que el mercado cuestiona.
El riesgo país superó los 600 puntos básicos en la primera semana de octubre y marcó el máximo del año, al tiempo que el Banco Central de la República Argentina aceleró la compra de divisas tras la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional. Dos noticias que el Gobierno intentó presentar como señales positivas pero que el mercado leyó como síntomas de fragilidad.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó durante la primera semana de octubre la defensa pública del programa económico. El funcionario habló en el Argentina Week de París el 1 de octubre ante inversores internacionales y repitió el argumento del poder de fuego: una suma de aproximadamente 75.000 millones de dólares que el Gobierno contabiliza sumando swaps con China y Estados Unidos (40.000 millones), compras proyectadas de reservas (20.000 millones) y posiciones en el mercado de futuros (15.000 millones).
Las reservas que el Gobierno muestra y las que el mercado mide
Las reservas brutas del BCRA llegaron a 48.653 millones de dólares al 5 de octubre de 2026, pero las reservas netas fueron estimadas por consultoras privadas en torno a 11.900 millones de dólares. La diferencia entre ambas cifras resume el debate: el Gobierno suma todos los activos para construir el concepto de poder de fuego; los analistas financieros descuentan los pasivos y obtienen un número mucho menor, el que efectivamente podría utilizarse en caso de una corrida.
El propio Caputo reconoció el 3 de octubre, también desde París, que la economía crece menos y que el riesgo país subió también por incertidumbre local, además de factores externos. La admisión resultó llamativa en un ministro que pocos días antes había declarado que el riesgo no está en las elecciones sino en perderse la oportunidad de invertir en Argentina.
El frente electoral como variable económica
La preocupación del mercado financiero gira en torno a la sostenibilidad del esquema cambiario frente a las elecciones de 2027. La suba del riesgo país complica el acceso al crédito internacional que el Gobierno proyectó como fuente de dólares para afrontar vencimientos de deuda el año próximo. El Gobierno descartó cualquier estímulo de reactivación y reafirmó que el foco permanece en controlar el dólar y bajar la inflación.
En ese contexto, la aceleración de compras de reservas por parte del BCRA tras el paso de la misión del FMI resultó presentada desde el oficialismo como una muestra de solidez. Sin embargo, el riesgo país en el máximo del año dibujó un cuadro contradictorio que el mercado no tardó en señalar.
Lo que tenés que saber
- El riesgo país superó los 600 puntos básicos en la primera semana de octubre de 2026, el máximo del año.
- Las reservas brutas del BCRA llegaron a 48.653 millones de dólares al 5 de octubre, pero las reservas netas se estimaron en torno a 11.900 millones según consultoras privadas.
- Caputo afirmó que el Gobierno tiene un poder de fuego de aproximadamente 75.000 millones de dólares, cifra que incluye swaps, compras proyectadas y posiciones en futuros.
- El propio Caputo reconoció el 3 de octubre que la economía crece menos y que el riesgo país subió también por incertidumbre local.
- La suba del riesgo país complica las fuentes de dólares que el Gobierno espera para afrontar vencimientos de deuda en 2027.
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