Gremiales
Tras un reclamo de ATE, la Justicia frenó el desguace del INTI
La jueza federal Martina Forns ordenó al Gobierno suspender por seis meses cualquier acto administrativo derivado del decreto 462/2025, tras la presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado.
La Justicia federal frenó hoy el decreto 462/2025 por el cual el Gobierno nacional buscaba aplicar cambios estructurales en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y ordenó al Poder Ejecutivo que «se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo» derivado de esa norma por el plazo de seis meses.
La medida fue dispuesta por la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, quien hizo lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La resolución judicial especifica que el Gobierno debe abstenerse de implementar «reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial».
ATE celebra la decisión judicial
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida judicial y criticó duramente al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. «Presidente, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. ¡Luchar sirve! ¡El INTI no se toca!», expresó desde sus redes sociales.
La presentación sindical logró proteger temporalmente los puestos de trabajo en el organismo y frenar la reestructuración que había planificado el Ejecutivo.
Los cambios que buscaba implementar el Gobierno
El decreto 462/2025 había sido impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con el objetivo de integrar el INTI a una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, quitándole su carácter de instituto autónomo.
Actualmente, el organismo cuenta con una dotación de 2.356 agentes y un presupuesto anual de más de $85.600 millones, distribuidos en más de 250 reparticiones estructuradas en seis niveles jerárquicos.
La transformación propuesta por el Gobierno implicaba una modificación sustancial en la estructura y funcionamiento del instituto, que opera desde hace décadas como un organismo descentralizado dedicado al desarrollo tecnológico industrial.
Un nuevo revés judicial para el Gobierno
Esta decisión judicial representa un nuevo obstáculo para la administración de Javier Milei en su intento de reorganizar la estructura del Estado. La medida cautelar suspende por al menos seis meses los cambios administrativos dispuestos en el decreto, lo que obligará al Gobierno a revisar su estrategia de reestructuración.
La resolución de la jueza Forns se suma a otros fallos que han cuestionado diversas iniciativas del Ejecutivo nacional, evidenciando la resistencia judicial que encuentra el proceso de transformación estatal impulsado por la actual gestión.
El caso del INTI se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre el rol del Estado en el desarrollo tecnológico e industrial del país, donde el Gobierno busca reducir estructuras que considera innecesarias, mientras que los sindicatos y sectores opositores defienden la continuidad de estos organismos especializados.
Puntos clave:
- La Justicia federal suspendió por seis meses el decreto 462/2025 que buscaba reestructurar el INTI
- La jueza Martina Forns prohibió al Gobierno realizar cesantías, traslados o supresión de estructuras
- ATE logró frenar los cambios que afectarían a 2.356 empleados del organismo
- El decreto buscaba convertir al INTI en una unidad dependiente del Ministerio de Economía
- Rodolfo Aguiar celebró la medida y criticó duramente a Milei y Sturzenegger
Gremiales
PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.
El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.
Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema
El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.
- Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
- Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
- Jornadas completas con alta carga administrativa
Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.
Sobrecarga y precarización
El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.
Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.
Riesgo de éxodo y deterioro de la atención
El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.
El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.
Deudas y falta dde medicamentos
A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.
En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.
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