Gremiales
Tras un reclamo de ATE, la Justicia frenó el desguace del INTI
La jueza federal Martina Forns ordenó al Gobierno suspender por seis meses cualquier acto administrativo derivado del decreto 462/2025, tras la presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado.
La Justicia federal frenó hoy el decreto 462/2025 por el cual el Gobierno nacional buscaba aplicar cambios estructurales en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y ordenó al Poder Ejecutivo que «se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo» derivado de esa norma por el plazo de seis meses.
La medida fue dispuesta por la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, quien hizo lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La resolución judicial especifica que el Gobierno debe abstenerse de implementar «reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial».
ATE celebra la decisión judicial
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida judicial y criticó duramente al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. «Presidente, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. ¡Luchar sirve! ¡El INTI no se toca!», expresó desde sus redes sociales.
La presentación sindical logró proteger temporalmente los puestos de trabajo en el organismo y frenar la reestructuración que había planificado el Ejecutivo.
Los cambios que buscaba implementar el Gobierno
El decreto 462/2025 había sido impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con el objetivo de integrar el INTI a una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, quitándole su carácter de instituto autónomo.
Actualmente, el organismo cuenta con una dotación de 2.356 agentes y un presupuesto anual de más de $85.600 millones, distribuidos en más de 250 reparticiones estructuradas en seis niveles jerárquicos.
La transformación propuesta por el Gobierno implicaba una modificación sustancial en la estructura y funcionamiento del instituto, que opera desde hace décadas como un organismo descentralizado dedicado al desarrollo tecnológico industrial.
Un nuevo revés judicial para el Gobierno
Esta decisión judicial representa un nuevo obstáculo para la administración de Javier Milei en su intento de reorganizar la estructura del Estado. La medida cautelar suspende por al menos seis meses los cambios administrativos dispuestos en el decreto, lo que obligará al Gobierno a revisar su estrategia de reestructuración.
La resolución de la jueza Forns se suma a otros fallos que han cuestionado diversas iniciativas del Ejecutivo nacional, evidenciando la resistencia judicial que encuentra el proceso de transformación estatal impulsado por la actual gestión.
El caso del INTI se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre el rol del Estado en el desarrollo tecnológico e industrial del país, donde el Gobierno busca reducir estructuras que considera innecesarias, mientras que los sindicatos y sectores opositores defienden la continuidad de estos organismos especializados.
Puntos clave:
- La Justicia federal suspendió por seis meses el decreto 462/2025 que buscaba reestructurar el INTI
- La jueza Martina Forns prohibió al Gobierno realizar cesantías, traslados o supresión de estructuras
- ATE logró frenar los cambios que afectarían a 2.356 empleados del organismo
- El decreto buscaba convertir al INTI en una unidad dependiente del Ministerio de Economía
- Rodolfo Aguiar celebró la medida y criticó duramente a Milei y Sturzenegger
Actualidad
Quinta Marcha Federal Universitaria: el país vuelve al Congreso por la ley
Rectores, gremios y estudiantes marchan este jueves para exigir que Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La UBA fijó el acto central a las 16 en Plaza del Congreso, Kicillof confirmó su presencia y el Nacional Buenos Aires amaneció tomado.
Por quinta vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la universidad pública vuelve a la calle. El reclamo ya no es solo por presupuesto: es para que el Gobierno cumpla una ley que el Congreso sancionó y que la Justicia le ordenó aplicar.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó en sus redes a la 5° Marcha Federal Universitaria con una consigna directa: «Marchamos al Congreso de la Nación para exigir que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario». Y agregó: «Sin financiamiento no hay ciencia ni educación». Según la UBA, el acto central será a las 16 en Plaza del Congreso y sus columnas partirán a las 13.30 desde Córdoba y Uriburu, con decanos, autoridades, estudiantes, docentes y nodocentes. Otras convocatorias, como la que difundió C5N, ubican la concentración frente al Congreso desde las 13.30.
Un frente que incluye a rectores, gremios y estudiantes
La convocatoria la sostiene el mismo frente que protagonizó la primera gran marcha contra la gestión libertaria: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a rectoras y rectores, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a las federaciones docentes y nodocentes CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN. A la marcha adhiere también la AGD UBA. Como antesala, el Frente Sindical llevó adelante un paro nacional de 72 horas con abrazos simbólicos en distintas facultades.
La FUA convocó bajo la consigna «Universidad pública siempre», en defensa de «la educación, la soberanía y la democracia». El presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió por su parte que sin cambios en el Presupuesto 2027 del Gobierno las universidades podrían no abrir sus puertas el año próximo. «Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene», dijo. El CIN presentó un proyecto propio de presupuesto universitario de unos $11 billones, frente a los alrededor de $7,3 billones que prevé el proyecto oficial.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también llamó a participar. Su Consejo Directivo Nacional convocó al movimiento obrero organizado a sumarse a la jornada, y la Federación del Trabajador de Universidades (FATUN) celebró la adhesión: «Sin salarios dignos, no hay universidades públicas. Sin universidades públicas, no hay futuro».
Kicillof: «una lucha de todo el pueblo argentino»
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que estará en la movilización. «Este jueves 15 de octubre nos vemos en la 5° Marcha Federal Universitaria. La defensa de la universidad pública es una lucha de todo el pueblo argentino», escribió en su cuenta de X.
El Nacional Buenos Aires, tomado
En la previa, estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la UBA, tomaron el edificio, según informó el canal de noticias C5N. No fue una medida aislada: estudiantes ocuparon también la Facultad de Filosofía y Letras, donde la toma se extenderá hasta el jueves, y organizaron clases públicas, cortes de calle, asambleas y vigilias en otras facultades. Hubo actividades de protesta en Salta, San Juan, Santa Fe, Mar del Plata, Tandil, Río Cuarto y Córdoba, entre otras ciudades.
La marcha también se hace en el interior
La movilización es federal. En Bahía Blanca, gremios de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica, junto a trabajadores del CONICET, convocaron con la consigna «No se puede gobernar por decreto. Cumplan las leyes». Allí adhieren la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT local, la Multisectorial de Jubilados, el Colectivo Discapacidad, Veteranos de Malvinas y la agrupación Familias Endeudadas.
Staiti y el rechazo al DNU 70/23
La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, habló en el programa de Radio Gráfica sobre la marcha y explicó que al reclamo universitario se sumó el rechazo al DNU 70/23. En días previos, la dirigente había cuestionado que, vencido el plazo fijado por el juez federal Martín Cormick, el Gobierno no convocara a la paritaria, y ratificó la profundización de las medidas de fuerza.
El cruce con el decreto no es casual: la marcha coincide con la sesión especial de Diputados convocada por la oposición para tratar la derogación del DNU 70/23, ya rechazado por el Senado, y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Una ley vigente que el Gobierno no cumple
El fondo del conflicto es el desacato. El juez Cormick hizo lugar a los amparos del CIN, de universidades, de docentes y de la propia UBA, y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno apeló, y este miércoles Cormick fijó multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar que sigue vigente. Según los gremios, el Estado adeuda una recomposición del 33% a docentes y nodocentes y un 100% en becas. FEDUN, a través de su titular Daniel Ricci, ratificó que la marcha «se hace» ante la falta de señales oficiales.
Mientras el oficialismo se niega a cumplir una ley del Congreso y un fallo judicial, la comunidad universitaria vuelve a ser la que defiende el Estado de derecho en la calle.
Lo que tenés que saber:
- La 5° Marcha Federal Universitaria es este jueves 15 de octubre; la UBA fijó el acto central a las 16 en Plaza del Congreso.
- Convocan el CIN, la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales; adhirió la CGT.
- Axel Kicillof confirmó que participará.
- Estudiantes tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Facultad de Filosofía y Letras.
- El Gobierno apeló el fallo de fondo y el juez Cormick le fijó multas diarias por incumplir la cautelar.
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