Conectate con El Argentino

Gremiales

Arte y resistencia en Hurlingham: jubilados defienden el Hospital PAMI

Organizaciones sindicales, gremios de salud y artistas populares acompañan cada jueves la lucha contra el vaciamiento y el cierre del centro de salud que atiende a más de 25.000 afiliados de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Publicado hace

#

Arte y resistencia en Hurlingham: jubilados defienden el Hospital PAMI semana a semana

La resistencia no para. Cada jueves, frente al Hospital PAMI de Hurlingham, ubicado en General O’Brien y Guardia Vieja, la protesta se renueva con una mística que combina el reclamo gremial con la solidaridad popular y la cultura como herramienta de lucha. La última jornada volvió a reunir a jubilados, trabajadores de la salud, organizaciones sindicales y artistas comprometidos bajo una consigna que se repite sin claudicar: #NoAlCierreDelHospitalPamiHurlingham.

Un jueves de protesta, olla popular y festival

La jornada comenzó con la movilización habitual frente al establecimiento, se extendió al mediodía con una olla popular que reunió a vecinos y referentes del movimiento sindical, y cerró con un festival musical en el que participaron artistas de la zona. Entre ellos, el cantor Santiago «Chinchu», acompañó con su voz la protesta. También estuvo presente el músico conocido como «El Indio Caballero», considerado una institución cultural de Hurlingham. La presencia de la Regional Sindical de Musicxs y la cobertura de FM En Tránsito dieron marco a una jornada que articuló derechos laborales, salud pública y expresión artística.

La convocatoria fue impulsada por UDEMUS (Unión de Músicos) y contó con la presencia activa de referentes de la CTA-MHI, la CTA Buenos Aires, la CTA Nacional y el gremio médico CICOP. También se hicieron presentes Liliana Margarita Orellana, Chris Caratozzolo, Pablo Chan, Kicharihuasi y Gabriel Sarfati, entre otros compañeros y compañeras.

El fondo del conflicto: vaciamiento y ajuste libertario

El conflicto en torno al hospital de PAMI en Hurlingham no comenzó esta semana. A mediados de abril de 2026, trabajadores del establecimiento denunciaron que la Dirección les comunicó de manera informal, a través de un mensaje institucional, que el hospital cerraría a fines de ese mes. Ante la presión de los reclamos, el cierre se postergó hasta fines de mayo, pero sin garantías formales de continuidad.

El desmantelamiento del Hospital

El desmantelamiento es concreto y verificable: de 60 empleados que tenía el establecimiento en 2024, en la actualidad quedan apenas 20, producto de los recortes sostenidos a lo largo del último año. Trabajadores denunciaron, además, que equipos médicos estaban siendo retirados del lugar, lo que reforzó los temores de un cierre definitivo encubierto bajo una «reorganización» administrativa.

El hospital, que comenzó a funcionar en julio de 2023 a partir de un acuerdo entre el municipio de Hurlingham y el PAMI, nunca llegó a desarrollarse plenamente. Según denunciaron empleados y pacientes, existen dos quirófanos que jamás fueron utilizados, un resonador que estuvo un año fuera de servicio y un área de rayos que continúa sin habilitarse por falta de obras. El establecimiento fue concebido como un centro de alta complejidad; lo que el gobierno libertario busca cerrar es apenas la promesa incumplida de lo que pudo haber sido.

Resolución 1107/2026: el detonante del conflicto médico

El conflicto en Hurlingham se inscribe en una crisis mayor que atraviesa a todo el sistema PAMI. La Resolución 1107/2026, emitida por el gobierno de Milei, modificó el esquema de remuneración de los profesionales de la obra social de los jubilados, eliminando el sistema mixto de pago fijo por paciente con adicionales por consulta, y reemplazándolo por un monto fijo de $2.100 por atención per cápita, aplicado de manera retroactiva al 1° de abril y sin consulta previa a los profesionales. Según la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), la medida implicó un recorte de ingresos de aproximadamente la mitad para cada médico y odontólogo. La respuesta fue un paro de 72 horas que paralizó la atención primaria en todo el país.

El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, desmintió el cierre del hospital de Hurlingham y aseguró que los consultorios «van a seguir funcionando«. Sin embargo, los propios trabajadores del establecimiento contradijeron esa versión: «Lo único que tenemos claro es que se cierra. Acá, en Hurlingham, se atienden entre 10.000 y 15.000 afiliados», declaró una trabajadora.

25.000 jubilados sin respuesta

Las cifras del impacto son elocuentes. El hospital de Hurlingham atiende mensualmente a más de 15.000 afiliados del propio distrito y a otros 10.000 que provienen de municipios cercanos, que lo eligen porque también ofrece atención a demanda espontánea, una modalidad poco frecuente en el sistema. «Hay gente que anda dando vueltas, boyando por un montón de lugares donde no consigue el turno hasta que viene acá», explicó María Teresa Gómez Galeano, técnica en Tomografía del establecimiento.

El drama personal se multiplicó en el frente del hospital en cada jornada de protesta. «Es una vergüenza. Aporté más de 40 años y hoy tengo que salir a la calle para defender un derecho básico como la salud», expresó María Elena, una de las jubiladas presentes. Otro afiliado resumió el malestar colectivo: «No entendemos por qué lo quieren cerrar. Nadie da explicaciones».

El reclamo en Hurlingham confluye con otras denuncias del sector: la quita de 177 medicamentos que el PAMI dejó de financiar, la deuda del organismo con las farmacias que amenaza la continuidad en la dispensa de remedios, y el deterioro general de las prestaciones que el gobierno libertario viene impulsando bajo el paraguas del «ordenamiento del gasto». Para los jubilados, ese eufemismo se traduce en una sola palabra: ajuste.

Gremiales

Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros

Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.

Publicado hace

#

La Corte abrió la puerta a la entrega de tierras y la calle responde con contundencia.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.

La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.

Una decisión que habilita la extranjerización

El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.

«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».

La oposición busca quórum para derogar el DNU

El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.

La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.

Bregman apunta al corazón político del fallo

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.

La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
  • El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
  • Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
  • La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
  • La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo