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Defensa

“Son pobres y están endeudados”: ATE paró y marchó al corazón de la crisis salarial de Defensa

El gremio que agrupa al personal civil de las Fuerzas Armadas declaró un paro total de actividades y convocó a una movilización para exigir reapertura de paritarias, financiamiento de la OSFA y la reversión del cierre de la Base Aeronaval Punta Indio. La medida llega un día después de que ATE rechazara la oferta del Gobierno que UPCN aceptó.

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ATE realizó un paro y marchó al Ministerio de Defensa por salarios del personal de las Fuerzas Armadas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este jueves un paro total de actividades del personal civil de las Fuerzas Armadas y encabezó una movilización al Ministerio de Defensa para exigir una recomposición salarial urgente. La medida de fuerza comenzó a las 11 y alcanzó a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), según informó el propio sindicato.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sintetizó sin eufemismos la situación del sector: «El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema». El dirigente advirtió que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar los gastos de alimentos, alquileres y servicios de las familias del sector.

Básicos que no llegan a los $403.000 y deudas que crecen

ATE precisó que el salario del personal civil se determina por nivel y antigüedad mediante una Unidad Retributiva actualizada en paritarias, y señaló que existen categorías con básicos cercanos a los $402.396. Esa cifra, medida contra la inflación acumulada desde diciembre de 2023, representa una pérdida real de poder adquisitivo que el gremio califica como insostenible.

Las consecuencias, según el sindicato, ya son visibles en la salud de los propios trabajadores: la organización alertó sobre un crecimiento de las licencias por depresión, angustia y agotamiento directamente ligado al deterioro económico del sector. El endeudamiento creciente de los trabajadores es el otro síntoma que el gremio puso sobre la mesa como evidencia del colapso salarial.

La OSFA, desfinanciada y con deuda millonaria

El reclamo gremial no se limita a los salarios. ATE denunció el desfinanciamiento de la OSFA y exigió una investigación sobre una deuda que, según sostuvo, supera los $223.000 millones. El gremio también alertó sobre la salida de profesionales de los hospitales militares y las crecientes dificultades para cubrir vacantes en la planta docente civil, ambas consecuencias directas de los niveles salariales vigentes.

La conducción nacional de ATE subrayó además que el reclamo no apunta solo al personal civil. El sindicato aseguró actuar en respaldo de las demandas del personal militar, que por su condición institucional carece de representación gremial propia y no puede expresar públicamente su malestar a través de los canales habituales de protesta.

El cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, otra línea de fuego

La protesta incorporó también el rechazo explícito al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, anunciado por el Gobierno en el marco de un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas. ATE advirtió que esa decisión pondría en riesgo más de 180 puestos de trabajo civiles y unos 250 efectivos militares, con un impacto directo sobre la actividad económica de los municipios de Punta Indio y Verónica.

El cierre de una base operativa de esas características no solo implica la destrucción de empleos, sino también la pérdida de capacidades estratégicas que el propio Ministerio de Defensa tardó décadas en construir. La decisión contrasta con el discurso oficial sobre la modernización de las Fuerzas Armadas y fue interpretada por ATE como parte de un ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables de la estructura de defensa.

El rechazo a la oferta oficial y la fractura con UPCN

La movilización se realizó un día después de que ATE rechazara la última oferta salarial presentada por el Gobierno para los empleados estatales, en una instancia en la que UPCN aceptó la propuesta oficial. La fractura entre los dos gremios más representativos del sector público volvió a quedar en evidencia, profundizando una grieta que se repite en cada instancia paritaria desde el inicio de la gestión libertaria.

Para ATE, los aumentos del 1,7% mensual entre septiembre y diciembre, más sumas extraordinarias incluidas en la oferta, no alcanzan para compensar la inflación ni para revertir la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El gremio exigió la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias y cuestionó las condiciones laborales generales en el ámbito del Ministerio de Defensa.

El escenario no es nuevo. Desde diciembre de 2023, el personal civil de las Fuerzas Armadas acumula una caída real de ingresos que ninguna actualización trimestral logró revertir. El ajuste fiscal que el Gobierno presenta como logro macroeconómico tiene nombre y apellido en cada cuartel, hospital militar y base aeronaval del país.

Puntos clave

  • ATE declaró paro total del personal civil de las Fuerzas Armadas y movilizó al Ministerio de Defensa el 27 de agosto de 2026.
  • El secretario general Rodolfo Aguiar afirmó que el 99% de los trabajadores del sector son pobres y están endeudados.
  • ATE denunció una deuda de la OSFA que supera los $223.000 millones y exigió su investigación.
  • El gremio rechazó el cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, que afectaría a más de 430 puestos entre civiles y militares.
  • ATE rechazó la oferta del 1,7% mensual que UPCN aceptó y exigió la reapertura de las paritarias estatales.

Defensa

El Gobierno avanza en la disolución del IOSFA y la puesta a punto de la OSFA

Tras la publicación del decreto 88/2026, el Ministerio de Defensa ultima los detalles burocráticos para que la Obra Social de las Fuerzas Armadas obtenga personería jurídica propia y comience a funcionar de manera autónoma. El IOSFA subsiste en forma residual hasta que la nueva estructura esté operativa, con plazo límite en febrero de 2027.

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Más de 500.000 beneficiarios en suspenso: así avanza (y se traba) la reforma de la obra social de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno nacional avanza en la disolución definitiva del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y en la consolidación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente independiente con personería jurídica propia. Según revelaron fuentes del Ministerio de Defensa, la administración de Javier Milei ultimas los detalles burocráticos necesarios para que la nueva obra social pueda funcionar de manera autónoma, incluyendo la incorporación del equipamiento y los recursos indispensables para desvincularla de la vieja estructura que llegó a aglutinar a más de 500.000 usuarios.

El proceso tiene base legal en el decreto 88/2026, publicado en el Boletín Oficial el 5 de febrero de este año, que establece como fecha límite el 4 de febrero de 2027 para concretar la división definitiva de prestaciones entre las fuerzas. El esquema implica la separación de dos estructuras diferenciadas: la que corresponde a las fuerzas de seguridad ya está operativa, mientras que la que depende de la cartera de Defensa todavía termina de organizarse.

Dos velocidades para dos obras sociales

La escisión generó un ritmo desigual entre las dos nuevas entidades. La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina (OSFFESEG), que cubre a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, ya funciona y presta servicios a 197.000 afiliados a través de la prepaga Medicus. La OSFA, en cambio, que abarca al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, aún no completó su puesta en marcha como ente autónomo.

En el ínterin, el llamado «IOSFA residual» garantiza las prestaciones básicas que no pueden interrumpirse por razones de urgencia: medicamentos oncológicos, derivaciones y tratamientos de alta complejidad. Desde el ministerio que conduce Carlos Presti, quien figura además como usuario activo de la obra social, prometieron que la transición se concretará «en los próximos días».

OSFA mantendrá las prestaciones y la red de hospitales propios que posee en el país, con eje en el área del AMBA. El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, titular de la nueva entidad, trabaja en planes para modernizar su gestión: entre las iniciativas anunciadas figura el desarrollo de una aplicación con token para optimizar el control de prestaciones. «Estamos haciendo todo en tiempo récord», celebraron desde la obra social.

La deuda heredada: 241.000 millones que nadie quiere cargar

Uno de los nudos más complejos del proceso de disolución es la deuda acumulada por el IOSFA, que alcanzó los 241.000 millones de pesos. En el oficialismo atribuyen ese pasivo a dos factores: un período de precios pisados durante la gestión de Alberto Fernández y una serie de irregularidades en el esquema de aportes solidarios y cargas patronales. «Hay aportes y contribuciones irregulares desde su fundación. El cálculo estuvo mal hecho», sintetizaron fuentes de la obra social.

A mediados de abril, las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso de regularización de la porción que les corresponde, unos 81.000 millones de pesos. Sin embargo, los 160.000 millones restantes, correspondientes a las Fuerzas de Seguridad, permanecen sin resolución: ese sector todavía no definió la mecánica para cancelar lo adeudado. Desde el oficialismo aclararon que, llegado el caso, el Tesoro Nacional se hará cargo de las sumas que resten para cubrir lo adeudado con el propio Estado.

La situación no es menor en un contexto en que el diagnóstico de la propia administración libertaria apunta a irregularidades estructurales en la conformación del IOSFA desde su fundación. La promesa de «eficientizar» la estructura contrasta con una herencia que incluye un pasivo millonario, una transición que lleva meses y una deuda cuya fracción más grande, la que corresponde a Seguridad, no tiene todavía mecanismo de cancelación definido.

Una comisión supervisora y plazos que se acortan

Para ordenar el proceso, funciona una comisión asesora de supervisión que avanza en concretar la disolución de la vieja estructura. La integran los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, junto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Con el plazo del decreto 88/2026 como horizonte, los meses que restan para completar la transición se acortan, y la promesa de «los próximos días» para la habilitación de OSFA deberá materializarse antes de que el calendario institucional ponga al Gobierno en una situación de incumplimiento de su propia normativa.

Puntos clave

  • El decreto 88/2026 establece el 4 de febrero de 2027 como plazo límite para la disolución definitiva del IOSFA.
  • La OSFFESEG ya funciona con 197.000 afiliados a través de Medicus; la OSFA aún no está operativa de manera autónoma.
  • La deuda acumulada del IOSFA asciende a 241.000 millones de pesos; solo 81.000 millones tienen proceso de regularización iniciado.
  • Una comisión con representantes de cuatro ministerios y la SIGEN supervisa la transición.
  • El Tesoro Nacional garantizaría la cobertura de las deudas que resten sin cancelar al momento de la disolución.
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