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Gremiales

Sin acuerdo aeronáutico: se vienen 10 días de paro en vacaciones de invierno

El gremio ratificó diez jornadas de medidas de fuerza desde el viernes 11 de julio, en plena temporada alta por el receso invernal. Las aerolíneas advierten que será “imposible” reprogramar todos los vuelos afectados.

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La reunión clave entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), realizada este martes en la Secretaría de Trabajo, terminó sin avances concretos. Como consecuencia, el sindicato que agrupa a los controladores aéreos ratificó su plan de lucha, que contempla diez jornadas de paro en julio, en pleno receso escolar.

Ambas partes volverán a sentarse a negociar el jueves 10 de julio, un día antes del primer paro. La medida impactará de forma directa en la operación de los vuelos a nivel nacional, especialmente en los despegues. Según fuentes oficiales, “más del 50 por ciento de las programaciones del día” podrían verse afectadas.

Un cronograma de protestas con fuerte impacto turístico

El calendario de paros incluye los días 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de julio, con interrupciones a partir del mediodía. Las acciones se realizarán de forma alternada, lo que complica aún más la programación y logística de vuelos, y genera incertidumbre en un momento de alta circulación de pasajeros por las vacaciones de invierno.

Desde el sector aerocomercial consideraron que la elección del cronograma es “estratégicamente perjudicial”. Para Jurca (la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina), IATA y ALTA, el paro es “innecesariamente oportunista”, ya que coincide con uno de los pocos períodos del año donde el turismo interno muestra niveles de recuperación.

El comunicado conjunto de estas entidades alertó sobre la imposibilidad de reubicar a todos los pasajeros afectados, dada la alta demanda. También anticiparon pérdidas millonarias para las aerolíneas, el sector turístico, el comercio y las economías regionales.

Turismo y cultura en alerta

El receso invernal es uno de los momentos más esperados por la industria turística y cultural. Por eso, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC) expresó su “profunda preocupación” por el posible derrumbe de las reservas turísticas en la capital.

Empresarios teatrales y organizadores de eventos también advirtieron que, de concretarse los paros, se resentiría la llegada de visitantes que suelen asistir a espectáculos y actividades recreativas durante estas fechas.

Las vacaciones escolares varían según la provincia, lo que multiplica el impacto del conflicto:

  • Del 7 al 18 de julio: Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
  • Del 14 al 25 de julio: Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
  • Del 21 de julio al 1 de agosto: Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

La posición de EANA y las expectativas del jueves

Desde EANA sostuvieron que el paro tiene un “trasfondo político” más que gremial, en alusión al momento elegido para llevar adelante la protesta. Sin embargo, admitieron que ya analizan alternativas para sostener, en la medida de lo posible, los servicios de navegación aérea durante los días de paro.

El jueves será una jornada decisiva. Si no se logra un acuerdo, el viernes comenzará el primero de los diez paros. Desde la Secretaría de Trabajo se intenta mediar para evitar el colapso del sistema aerocomercial, justo cuando miles de familias planean viajar.

Mientras tanto, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros consultar con antelación el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales ante posibles reprogramaciones o cancelaciones.

Gremiales

Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros

Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.

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La Corte abrió la puerta a la entrega de tierras y la calle responde con contundencia.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.

La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.

Una decisión que habilita la extranjerización

El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.

«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».

La oposición busca quórum para derogar el DNU

El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.

La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.

Bregman apunta al corazón político del fallo

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.

La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
  • El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
  • Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
  • La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
  • La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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