Gremiales
Aguiar: la cautelar contra el DNU «es un golpe casi de nocaut»
Pese al fallo favorable de la Cámara, Aguiar ratificó la realización el 15 de enero próximo de una jornada de lucha en rechazo a los despidos de trabajadores estatales resueltos por medio de otro decreto del gobierno nacional.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, opinó hoy que la decisión judicial que suspendió la aplicación de las reformas en materia laboral incluidas en el DNU firmado por el presidente Javier Milei «es un golpe casi de nocaut» a la medida.
«La cautelar dictada este miércoles por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es un golpe casi de nocaut para el DNU 70/2023, porque si bien se refiere solo a las medidas relativas al mundo laboral, permite inferir que el resto de la norma tendrá el mismo destino por ser inconstitucional y, además, por no existir necesidad ni urgencia que permitan eludir el tratamiento legislativo», dijo Aguiar.
El sindicalista indicó que la medida judicial pone un freno, al menos momentáneo, al «intento de borrar de un plumazo las conquistas obreras que llevaron décadas para poder alcanzarlas».
Algunas de las modificaciones en materia laboral establecidas en el DNU que firmó el presidente Milei el pasado 20 de diciembre, y que ahora quedaron provisoriamente en suspenso, prevén la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
Pese al fallo favorable de la Cámara, Aguiar ratificó la realización el 15 de enero próximo de una jornada de lucha en rechazo a los despidos de trabajadores estatales resueltos por medio de otro decreto del gobierno nacional.»Hay despidos desde el inicio del año. Si hay personas que cobran sin trabajar en el Estado, se deben denunciar», expresó Aguiar.
En tanto, el gremialista criticó al portavoz presidencial Manuel Adorni, quien en una rueda de prensa llevada a cabo ayer calificó de «ejemplo de casta empresaria» a la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) porque, según dijo, «hace 20 años que no produce nada».
Las de Adorni «son declaraciones mentirosas que estigmatizan e intentan preparar el terreno para privatizar YCRT. La empresa está operativa y extrae más de 1.000 toneladas de carbón por día», respondió Aguiar.
Para el sindicalista, Yacimientos Carboníferos Río Turbio “es una empresa clave para el desarrollo económico y productivo de la cuenca carbonífera, como así también de toda la provincia de Santa Cruz. También es un punto geopolítico estratégico en la frontera con Chile que debemos defender a toda costa”, sostuvo.
También el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, opinó que «los dichos del vocero presidencial son de alguien que claramente nunca piso YCRT, nuestra empresa orgullosamente estatal produce energía para todo el país».
CABA
Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle
La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.
Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.
«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano
La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.
El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.
El nuevo pliego: tecnología como respuesta política
Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.
La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
- El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
- Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
- El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
- La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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