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Gremiales

Transporte habilita a empresas de colectivos a operar otras líneas, en caso de servicio suspendido

La decisión, adoptada tras meses de paros e interrupciones en el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se basa en el razonamiento de que se trata de un servicio público.

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El Ministerio de Transporte, a través de las secretarías de Gestión de Transporte y de Articulación Interjurisdiccional, dispuso autorizar excepcionalmente a las concesionarias de las líneas de colectivos urbanas y suburbanas a cubrir las operaciones de otras, en el caso de que sus titulares suspendan los servicios por causas como medidas de fuerza o lock outs patronales.

A través de la Resolución Conjunta 2/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, ambas áreas autorizaron «con carácter de excepción, a título precario y provisorio» a que las empresas inscriptas en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano realicen servicios de emergencia, mientras dure las medidas de suspensión por parte de los titulares de otras empresas.

La decisión, adoptada tras meses de paros e interrupciones en el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se basa en el razonamiento de que se trata de un servicio público, «cuya prestación el Estado debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme».

Precisamente, según un informe interno de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, se constató que «ciertos servicios han dejado de prestarse de manera intempestiva» recientemente.

«Esta situación genera un menoscabo cierto en los intereses de los usuarios, con el consecuente desmedro del compromiso asumido con los ciudadanos respecto de la conectividad», señalan los considerandos.

Por ese motivo, se buscan realizar «medidas correctivas necesarias» de carácter «urgente y excepcional» para «garantizar la prestación mínima» de los colectivos, y evitar «el menoscabo de los intereses» de los usuarios.

Fuentes del Ministerio de Transporte dijeron que «si hay un lockout patronal, que no es por temas salariales, se le puede dar la explotación temporal de las líneas a otras empresas de manera temporal hasta volver a licitarlas. Así los pasajeros no se quedan más de rehenes sin viajar».

Aclararon que la resolución no contempla el paro de trabajadores y que es «un antes y un después» en la prestación del servicio público, al tiempo que indicaron que «las condiciones para poder actuar de la forma que establece la resolución, siempre es con operadores del sistema» y no prevé la contratación de «ningún externo, por lo que lo que se asegura contar con las unidades inmediatamente».

Las mismas fuentes añadieron finalmente que «el prestador que se hace cargo obtiene los subsidios que deja de recibir el que se le quita la línea», y que ese quite se puede dar «desde el primer día del lockout patronal».

El esquema para seleccionar a las empresas que harán estos servicios de emergencia no cumplirá con los «procesos normales y habituales de selección de operadores» dada la necesidad de continuar con el servicio de forma inmediata, y la «breve vigencia temporal que caracteriza a las medidas de suspensión del servicio».

Estos servicios se implementarán ante «causas diversas» de suspensiones como «medidas de fuerza de carácter gremial o lockout patronal».

En el caso de querer aplicar para estos servicios excepcionales, las empresas deberán seguir cumpliendo sus operaciones existentes y utilizar colectivos que ya estén registrados en la Base de Parque Móvil de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que cuenten con apartados SUBE instalados y en funcionamiento.

En ese sentido, las concesionarias podrán asignar para estos servicios excepcionales aquellas unidades que «excedan el parque móvil mínimo», aprobado en cada uno de sus permisos existentes.

Al mismo tiempo, la norma habilita a que más de una operadora preste unidades para estas líneas suspendidas hasta alcanzar la cantidad de unidades mínimas para operar.

Transporte, a la hora de escoger estos operadores, priorizará a aquellas empresas que tengan la mayor cantidad de unidades que excedan el parque móvil mínimo, con el objetivo de perjudicar lo menos posible a las líneas que ya operan.

Estas autorizaciones caducarán cuando los titulares originales de las líneas levanten la suspensión de sus servicios, y una vez que esto ocurra, los operadores temporarios deberán volver a asignar sus unidades a los servicios de las que fueron detraídas.

Transporte aclaró que la implementación de estos servicios de emergencia no liberará de sanciones a la empresa que ocasionó la suspensión de su servicio, y que, en el caso de producirse nuevas medidas de fuerza en el futuro, simplemente bastará una comunicación del área para habilitar nuevamente las autorizaciones provisorias otorgadas previamente.

La CNRT y Transporte, a su vez, comunicarán en sus webs los cronogramas de emergencia que se establezcan cuando eventualmente se apliquen estos servicios especiales.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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