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Gremiales

Transporte habilita a empresas de colectivos a operar otras líneas, en caso de servicio suspendido

La decisión, adoptada tras meses de paros e interrupciones en el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se basa en el razonamiento de que se trata de un servicio público.

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El Ministerio de Transporte, a través de las secretarías de Gestión de Transporte y de Articulación Interjurisdiccional, dispuso autorizar excepcionalmente a las concesionarias de las líneas de colectivos urbanas y suburbanas a cubrir las operaciones de otras, en el caso de que sus titulares suspendan los servicios por causas como medidas de fuerza o lock outs patronales.

A través de la Resolución Conjunta 2/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, ambas áreas autorizaron «con carácter de excepción, a título precario y provisorio» a que las empresas inscriptas en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano realicen servicios de emergencia, mientras dure las medidas de suspensión por parte de los titulares de otras empresas.

La decisión, adoptada tras meses de paros e interrupciones en el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se basa en el razonamiento de que se trata de un servicio público, «cuya prestación el Estado debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme».

Precisamente, según un informe interno de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, se constató que «ciertos servicios han dejado de prestarse de manera intempestiva» recientemente.

«Esta situación genera un menoscabo cierto en los intereses de los usuarios, con el consecuente desmedro del compromiso asumido con los ciudadanos respecto de la conectividad», señalan los considerandos.

Por ese motivo, se buscan realizar «medidas correctivas necesarias» de carácter «urgente y excepcional» para «garantizar la prestación mínima» de los colectivos, y evitar «el menoscabo de los intereses» de los usuarios.

Fuentes del Ministerio de Transporte dijeron que «si hay un lockout patronal, que no es por temas salariales, se le puede dar la explotación temporal de las líneas a otras empresas de manera temporal hasta volver a licitarlas. Así los pasajeros no se quedan más de rehenes sin viajar».

Aclararon que la resolución no contempla el paro de trabajadores y que es «un antes y un después» en la prestación del servicio público, al tiempo que indicaron que «las condiciones para poder actuar de la forma que establece la resolución, siempre es con operadores del sistema» y no prevé la contratación de «ningún externo, por lo que lo que se asegura contar con las unidades inmediatamente».

Las mismas fuentes añadieron finalmente que «el prestador que se hace cargo obtiene los subsidios que deja de recibir el que se le quita la línea», y que ese quite se puede dar «desde el primer día del lockout patronal».

El esquema para seleccionar a las empresas que harán estos servicios de emergencia no cumplirá con los «procesos normales y habituales de selección de operadores» dada la necesidad de continuar con el servicio de forma inmediata, y la «breve vigencia temporal que caracteriza a las medidas de suspensión del servicio».

Estos servicios se implementarán ante «causas diversas» de suspensiones como «medidas de fuerza de carácter gremial o lockout patronal».

En el caso de querer aplicar para estos servicios excepcionales, las empresas deberán seguir cumpliendo sus operaciones existentes y utilizar colectivos que ya estén registrados en la Base de Parque Móvil de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que cuenten con apartados SUBE instalados y en funcionamiento.

En ese sentido, las concesionarias podrán asignar para estos servicios excepcionales aquellas unidades que «excedan el parque móvil mínimo», aprobado en cada uno de sus permisos existentes.

Al mismo tiempo, la norma habilita a que más de una operadora preste unidades para estas líneas suspendidas hasta alcanzar la cantidad de unidades mínimas para operar.

Transporte, a la hora de escoger estos operadores, priorizará a aquellas empresas que tengan la mayor cantidad de unidades que excedan el parque móvil mínimo, con el objetivo de perjudicar lo menos posible a las líneas que ya operan.

Estas autorizaciones caducarán cuando los titulares originales de las líneas levanten la suspensión de sus servicios, y una vez que esto ocurra, los operadores temporarios deberán volver a asignar sus unidades a los servicios de las que fueron detraídas.

Transporte aclaró que la implementación de estos servicios de emergencia no liberará de sanciones a la empresa que ocasionó la suspensión de su servicio, y que, en el caso de producirse nuevas medidas de fuerza en el futuro, simplemente bastará una comunicación del área para habilitar nuevamente las autorizaciones provisorias otorgadas previamente.

La CNRT y Transporte, a su vez, comunicarán en sus webs los cronogramas de emergencia que se establezcan cuando eventualmente se apliquen estos servicios especiales.

Actualidad

CGT, CTA y UTEP marchan al Congreso con los jubilados en el inicio de un nuevo plan de lucha

La central obrera relanzó su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei con una movilización convocada para las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El cosecretario general Cristian Jerónimo anticipó que no acompañarán «ninguna ley que presente el Gobierno». El acto marca el inicio de un plan de lucha que podría derivar en un quinto paro general.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.
Sin tregua con Milei: el sindicalismo y los movimientos reflejan a la calles con cuatro paros de historia y un quinto en el horizonte.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria, que se extenderá con adhesiones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof y del Frente de Izquierda (FIT), marcó el relanzamiento formal de un plan de lucha acordado entre las tres centrales sindicales luego de la pausa que impuso el Mundial de Fútbol 2026.

«No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno»

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue contundente en declaraciones radiales durante la previa de la movilización: la central obrera no acompañará «ninguna ley que presente el Gobierno», porque «se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad». El dirigente también hizo un repaso de la historia de conflictividad entre el sindicalismo y la actual administración: «La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT», recordó.

Jerónimo también señaló que el problema estructural que enfrenta la economía argentina no se resuelve con la agenda oficial: «El problema más grande que tiene la mayoría de las actividades es lo que les está sucediendo a las empresas: que no hay trabajo, que hay una recesión profunda y que lo único que se ve todos los días es cómo cierra una empresa». Su par en el triunvirato, Jorge Sola, había anticipado días atrás que la central marcharía «para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores».

Cuatro paros generales y una reforma laboral ya aprobada

La movilización de este miércoles se produce en un contexto de derrota parcial para el sindicalismo. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación de la CGT y dejó vigentes los artículos más cuestionados de la Ley de Modernización Laboral, aprobada en el Congreso en febrero de 2026 tras el cuarto paro general de la central obrera. Aquella huelga, que el propio Sola cifró con un acatamiento superior al 90%, no alcanzó para frenar la norma que, según la CGT, «retrocede 100 años» en materia de derechos laborales.

Los cuatro paros generales bajo la gestión Milei se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026. A eso se suman más de 14 movilizaciones vinculadas al rechazo de la reforma laboral y marchas en defensa de la universidad pública y el sistema de salud. Pese al historial de conflictividad, el Gobierno resistió cada uno de esos embates y avanzó con su agenda de desregulación y ajuste sin modificar su rumbo central.

Jubilados en el centro de la escena

La jornada de este miércoles se articuló en torno a la protesta que distintas organizaciones de jubilados vienen realizando cada semana frente al Congreso. Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar luego hacia la Plaza del Congreso. Las consignas centrales apuntan a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición real de los haberes y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional, que profundizaron la pérdida de poder adquisitivo de los sectores pasivos.

La cuenta verificada de la CGT en la red X convocó a la movilización bajo la consigna: «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados. En defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna». Además de la concentración central en Buenos Aires, se prevén actos y concentraciones en las regionales de distintas provincias, con actividades confirmadas en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras ciudades.

Un plan de lucha que se extiende hasta noviembre

La movilización de este miércoles es solo el punto de partida de una serie de protestas que las centrales sindicales acordaron extender hasta noviembre de 2026. La próxima fecha confirmada es el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, cuando se prevé una nueva concentración masiva. Los dirigentes sindicales no descartaron convocar un quinto paro general si el Gobierno no da respuestas a los reclamos del movimiento obrero, aunque por el momento la estrategia apuesta a una escalada progresiva de protestas en lugar de medidas de fuerza inmediatas.

El operativo de seguridad desplegado para la jornada implicará cortes de tránsito en los alrededores del Congreso y restricciones en las principales arterias del centro porteño. Los organizadores de algunas concentraciones del interior resolvieron no anunciar previamente los puntos de concentración para evitar interferencias de las fuerzas de seguridad, una práctica que se viene repitiendo en protestas recientes.

El trasfondo: un sindicalismo que no cierra la tregua

Pese a que el Gobierno logró corregir, mediante negociaciones reservadas, algunas de las disposiciones más lesivas para la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, el gesto no alcanzó para sellar una tregua. La CGT retoma la ofensiva en un contexto político marcado por el inicio del ciclo electoral de 2027 y la necesidad de las centrales sindicales de mostrar capacidad de movilización frente a sus propias bases. El rechazo explícito de Jerónimo a cualquier proyecto legislativo del Ejecutivo, sin distinción, constituye una señal política de que el sindicalismo no está dispuesto a acompañar la segunda etapa del ajuste libertario, que incluye una nueva reforma que el Gobierno planea enviar al Congreso con capítulos que fueron eliminados del texto original de la ley laboral.

Puntos clave

  • CGT, CTA y UTEP marchan este miércoles al Congreso junto a jubilados, con concentración desde las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña.
  • El cosecretario Cristian Jerónimo confirmó que la central no acompañará ninguna ley del Gobierno de Milei.
  • La CGT acumula cuatro paros generales desde diciembre de 2023; el quinto no está descartado.
  • El plan de lucha acordado entre las tres centrales se extenderá hasta noviembre, con la próxima fecha el 7 de agosto en San Cayetano.
  • El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y el FIT adhirieron a la convocatoria, sumando volumen político a la protesta.
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