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Buenos Aires

Kicillof inauguró un nuevo complejo educativo en Tandil

Además, entregó viviendas y recorrió los avances del proyecto del barrio Parque Sans Souci.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles en Tandil la inauguración de un nuevo edificio educativo para el Instituto del Profesorado de Arte N°4 (IPAT) y el Conservatorio de Música. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el diputado nacional Rogelio Iparraguirre; y el intendente local, Miguel Ángel Lunghi. 

En ese marco, Kicillof destacó: “Frente a los que piensan que todo se resuelve a través del mercado, nosotros estamos convencidos de que hay un rol que únicamente puede ocupar el Estado para garantizar los derechos de todos y todas”. “Aquí no estamos buscando la rentabilidad de un sector, estamos invirtiendo en cultura, arte y educación para nuestro pueblo: en este edificio que se esperaba hace tanto tiempo se va a trabajar para generar un futuro mejor para los y las bonaerenses”, explicó.

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“Nuestra provincia está siendo castigada por no tener la misma ideología del Gobierno nacional. En ese aspecto tienen razón, nosotros no estamos de acuerdo con sus políticas: queremos más educación, vivienda y trabajo en los 135 municipios”, expresó el Gobernador y añadió: “En la provincia de Buenos Aires tenemos la voluntad de acompañar la lucha de una comunidad que, como peleó por este edificio escolar, va a seguir peleando por sus derechos”.

A partir de una inversión de $4.000 millones, se llevó a cabo la obra de infraestructura educativa más grande de la gestión: el complejo comprende dos edificios independientes que albergarán al IPAT “Escultor Carlos Allende” y al Conservatorio de Música “Isaías Orbe”. El establecimiento posee más de 4 mil metros cuadrados cubiertos y cuenta con un total de 28 aulas, biblioteca, auditorio y SUM.

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Por su parte, Sileoni sostuvo: “Venimos a reivindicar que no hay conocimientos menores ni subalternos: el arte es un modo de abordar la realidad y estas dos instituciones son una muestra clara de ello”. “Las comunidades educativas luchan incansablemente por mejorar la educación, y esas luchas solo coinciden con las decisiones políticas cuando hay un Estado presente que las escucha”, manifestó. 

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«Hoy es un día de profunda alegría para toda la comunidad educativa de Tandil: finalmente se materializa este sueño de dos comunidades educativas que ahora es realidad gracias al apoyo de toda una ciudad y un Estado municipal y provincial presente», indicó Iparraguirre y subrayó: «Toda la comunidad de Tandil agradece el compromiso y convicción con que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha trabajado en el avance de esta obra tan esperada y necesaria para nuestra ciudad”.

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En tanto, el intendente Lunghi remarcó: “Si habláramos en términos corales, este edificio se hizo a dos voces, y en clave de piano se hizo a cuatro manos: las manos del gobierno provincial y las manos del gobierno municipal. Dos gobiernos que creemos en la función profunda, moderna, reparadora, inclusiva, comprometida y honesta del Estado, levantaron este edificio que representa a la educación pública con dignidad, y a la educación como la llave que transforma la sociedad”. “Cuidémoslo, costó mucho hacerlo, es un orgullo para Tandil verlo aquí, de pie, y sentir que en apenas horas se llenará de voces, de música, de palabras, de sueños, de esperanzas”, manifestó.

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Además, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, suscribió con el rector de la Universidad del Centro (UNICEN), Marcelo Aba, un acuerdo para la finalización de las obras de restauración de la fachada de la sede central del Rectorado y de las aulas y talleres de la Facultad de Ciencia de la Salud de la sede Olavarría. 

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Al respecto, el Gobernador afirmó que “se trata de un acuerdo para que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de proyectos de infraestructura que fueron abandonados por el Gobierno nacional”. “Entre las mil obras que paralizaron en la provincia, se incluyen mejoras en universidades públicas: aunque nos dejen sin recursos y nos quieran asfixiar, nosotros no estamos dispuestos a dar ni un paso para atrás”, remarcó.

Entrega de viviendas y recorrida por avances de obras de infraestructura

Durante la jornada, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, se entregaron 24 viviendas en el Barrio Arco Iris, tras una inversión de $509 millones que prevé continuar con la ejecución de otras 24 casas.

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Asimismo, el Gobernador recorrió los avances de las obras de urbanización del barrio Parque Sans Souci, donde ya se están construyendo 156 de las 416 viviendas previstas. Este proyecto integral incluye la puesta en funcionamiento de un polo educativo, obras sanitarias y de saneamiento del lugar; y una perspectiva sustentable para resguardar la flora autóctona. En tanto, los trabajos para la construcción de otras 484 casas y un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) fueron paralizados por decisión del Gobierno nacional.

Por último, Kicillof se acercó hasta la obra de ampliación de la Planta Depuradora Norte, donde se iniciaron los trabajos para aumentar la capacidad del tratamiento de líquidos cloacales del barrio Villa Aguirre, y acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, visitó la nueva planta de desposte de la firma Cagnoli, construida luego de un incendio sufrido en 2021, con financiamiento del programa Provincia en Marcha. 

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Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; los intendentes de Las Flores, Alberto Gelené; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Olavarría, Maximiliano Wesner; y de Azul, Nelson Sombra; el vicepresidente del Instituto Cultural, José Ignacio Rossi; el diputado provincial Gustavo Pulti; el director del IPAT, Pedro Tissier; y la directora del Conservatorio de Música, Silvia Caresía.

Buenos Aires

Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.

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De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.

El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.

Un predio cedido con una condición que Milei ignoró

El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.

El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.

La ley que activa la Fiscalía de Estado

El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».

Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».

La oposición apoyó la privatización

El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.

Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»

El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».

En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.

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