Educación
Paritaria docente: Nación acordó un aumento del 34,55%
El acuerdo hará que el salario mínimo docente alcance los 31 mil pesos a partir del mes próximo y llegue a los 37 mil pesos en septiembre.
Los docentes nacionales recibirán este año un aumento salarial del 34,55%, entre marzo y septiembre, según lo acordado entre autoridades del Gobierno y sindicatos del sector, en una negociación que fue coronada con una reunión entre el presidente Alberto Fernández y los representantes gremiales en la residencia de Olivos, se informó este viernes oficialmente.
El acuerdo hará que el salario mínimo docente alcance los 31 mil pesos a partir del mes próximo y llegue a los 37 mil pesos en septiembre.
El Presidente recibió a los dirigentes de los sindicatos docentes después de que se llegara a un acuerdo en la paritaria nacional que fija el salario mínimo para los maestros de todo el país.
Del encuentro participaron los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni, las secretarias y los secretarias generales de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación), Sonia Alesso; de CEA (Confederación de Educadores Argentinos), Fabián Felman; y de UDA (Unión Docentes Argentinos), Sergio Romero.
También estuvieron el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el secretario General Adjunto de CTERA, Roberto Baradel; la secretaria Gremial de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), Luz Jaureguiberry, y el secretario Gremial de AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), Ernesto Cepeda.
Asistieron además la directora General de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila; el diputado nacional y presidente de la IEAL (Internacional de la Educación América Latina), Hugo Yasky, y la secretaria General del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz.
La suba salarial acordada cumple con la aspiración de los gremios docentes, que habían reclamado un incremento que supere la pauta inflacionaria del 29% prevista para este año.
La paritaria nacional fija el salario mínimo docente en todo el país, un piso que luego sirve como referencia para que las provincias negocien con sus sindicatos docentes los salarios de los maestros.
«Es la quinta paritaria que firmamos en un año», resaltó Trotta, en una conferencia de prensa que ofreció después de la reunión en la residencia de Olivos, acompañado por los referentes sindicales, que celebraron el acuerdo paritario, lo consideraron «de excelencia» y elogiaron el «valor que le da el Gobierno a la educación argentina».
Aseguró que el acuerdo «refleja el compromiso de iniciar un proceso de recuperación salarial luego de un gran retroceso que vivió la Argentina entre el 2015 y 2019».
Detalló que el Fondo al Incentivo Docente «asciende a $2.420 y la conectividad nacional llega a $710, en el mes de marzo», en tanto que a partir de septiembre, esos valores treparán a «$2.830 y $1.000», respectivamente.
Esta tarde también se fijó una reunión del Observatorio del Regreso Presencial a las aulas, creado por el Consejo Federal de Educación, para el próximo 15 de marzo y el compromiso de agendar reuniones mensuales para evaluar la puesta en marcha del retorno seguro a las escuelas.
Se informó que se mantendrán las acciones para poner a disposición de las y los docentes los dispositivos y la conectividad para facilitar el desarrollo de las formas de escolarización no presencial o combinada, y se ratificó la organización del proceso de vacunación para trabajadoras y trabajadores de la educación.
Por otra parte, el Ministerio de Educación de la Nación sostendrá el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, incorporando a las jurisdicciones que así lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación, para asegurar el pago del salario mínimo docente nacional garantizado.
Trotta advirtió que «entre el 2015 y el 2019 la caída de la inversión educativa en cabeza del Estado fue del 33% y, en las provincias, fue un promedio del 16%», algo que, dijo, «repercute en el salario», como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde el retroceso llegó «al 20%».
Los cinco gremios docentes nacionales (Ctera, Uda, Amet, Cea y Sadop) habían firmado el acta tras mantener esta tarde una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación, en la sede del Palacio Pizzurno.
El acuerdo establece un aumento escalonado del 34,55 por ciento, a pagar en marzo, julio y septiembre.
De esta manera, el salario inicial docente, que actualmente es de $27.500, se elevará a $31.000 en marzo, a $34.500 en julio y a $37.000 en septiembre.
Por su parte, durante la conferencia, la titular de Ctera dijo que se trató de un «aumento importante», resaltó que el incremento del incentivo docente beneficiará a «1.450.000 docentes de todo el país» y aseguró que el cierre de esta paritaria constituirá «el inicio de la solución del conflicto de Chubut que lleva más de 2 años».
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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