La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, promulgada pero suspendida por el Gobierno hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

El Consejo Superior de la UBA resolvió la medida en su última sesión, al considerar que la suspensión constituye una vulneración de la Constitución Nacional. “Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, sostuvo el texto aprobado por la institución.

Reclamo por derechos constitucionales

En la resolución, la UBA advirtió que la suspensión de la ley “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos”, y que afecta a todo el sistema universitario nacional al impedir el acceso al financiamiento y la recomposición salarial previstos.

El Consejo Superior enfatizó que la medida del Poder Ejecutivo “sigue profundizando la crisis presupuestaria” que atraviesa la educación superior pública. Según la universidad, durante 2024 los salarios de los docentes y no docentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo, mientras que en 2025 la recomposición fue “muy inferior” a la inflación oficial medida por el INDEC.

Una crisis universitaria sin precedentes

La UBA alertó que la falta de actualización presupuestaria derivada de las prórrogas del Presupuesto 2023 dejó a las universidades en una situación crítica. Los recursos resultaron insuficientes para cubrir gastos básicos, mantenimiento, becas e infraestructura, además de los salarios del personal académico y administrativo.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por ambas cámaras del Congreso, prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Su aplicación, según la UBA, “garantiza la protección y el sostenimiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino”.

“Un ataque a la Universidad Pública”

El Consejo Superior de la UBA cerró su resolución con una advertencia política y simbólica:

_“La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina.”

Con esta definición, la universidad se ubicó al frente de un reclamo que también impulsan otros rectores y organizaciones del sistema universitario, quienes exigen la plena vigencia de la ley y el respeto a la institucionalidad democrática.