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Educación

La mitad de los alumnos de primaria habla de violencia familiar en la escuela

El 44,2% de los alumnos recibió información de los docentes sobre cómo evitar el maltrato.

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La mitad de los alumnos del último año de primaria (53,3%) de todo el país afirmó que habla de temas de violencia y abuso domésticos con alguien de la escuela, mientras que el 15% aseguró no compartir con nadie estos temas.

Las provincias con mayor porcentaje de chicos que los revelan son Misiones (60,1%), Formosa (58,9%), Chaco (57,7%) y Entre Ríos (57,3%).

Estos datos surgieron del informe «Situaciones de violencia en los hogares: detección y prevención desde las escuelas«, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mercedes Sidders (Fundación Abrazar y Centro de Estudios para el Desarrollo Humano – UdeSA), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

El papel crucial de las escuelas

La prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes se puede encarar en las escuelas a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021.

La regulación social se agrega a la sanitaria y alimenticia en el quehacer educativo.

Las escuelas de gestión estatal desempeñan un rol fundamental en la detección y prevención de la violencia en los hogares, definida como una «epidemia silenciosa» con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes.

En las provincias de Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%), los directores de escuelas estatales declararon haber intervenido en situaciones de violencia familiar.

A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirmó que en el último año tuvo que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes.

En las escuelas privadas, uno de cada cuatro (26%) directores informó lo mismo.

Mayor reporte: la importancia de poder hablar

En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%). Sin embargo, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican una mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas.

La necesidad de una red: la importancia de la ESI

A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dijo que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, las clases de ESI generan un ámbito de contención seguro en las que los niños y niñas se predisponen a hablar y contar lo qué pasa en sus hogares o entorno, un 28,2% de los alumnos declaró que le gustaría tener más información sobre prevención de violencias.

A su vez, el 45,4% afirmó que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.

El estudio subraya la necesidad de que el Estado garantice una red de apoyo más amplia que conecte a las familias con servicios que ayuden a mitigar los factores de riesgo, como comedores, centros de salud, programas sociales o subsidios habitacionales, para poder fortalecer el sistema de protección de los niños y adolescentes.

La violencia en números

  • El 53,3% de los alumnos de primaria habla de violencia doméstica con alguien de la escuela.
  • Las provincias con mayor revelación de estos temas son Misiones, Formosa, Chaco y Entre Ríos.
  • El 32% de los directores de escuelas estatales intervino en casos de violencia familiar en el último año.
  • El 44,2% de los alumnos recibió información de los docentes sobre cómo evitar el maltrato.
  • El informe destaca la necesidad de una red de apoyo estatal para las familias.

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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