La Comisión por la Memoria (CPM) manifestó hoy «su enérgico repudio a la represión y criminalización de la protesta social» por parte del gobierno de Gerardo Morales a las protestas que se llevan a cabo en Jujuy contra la reforma constitucional impulsada por su administración, y condenó «la intromisión» de fuerzas policiales en la sede de una Universidad Nacional de esa provincia para detener a un docente, un hecho ocurrido esta semana.

«Los hechos de represión, que no cesan desde hace semanas, derivaron en las últimas horas en el ingreso de efectivos de la policía provincial a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), un hecho gravísimo que vulnera el principio de autonomía universitaria», sostuvo la CPM en un comunicado.

El organismo de DDHH bonaerense, recordó que «esa intromisión se produjo durante la sesión del Consejo Superior de la universidad, cuando la comunidad educativa debatía el alcance regresivo de la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial».

En esa sesión del Consejo Superior «se decidía la presentación como querellante en la justicia para investigar los últimos hechos de represión y criminalización de la protesta».

«Las fuerzas policiales provinciales «ingresaron, sin autorización judicial o de las autoridades de la casa de estudios. Este hecho violenta el principio de autonomía universitaria que goza de garantía constitucional al establecerse en el articulo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que corresponde al Congreso Nacional sancionar leyes de organización y de base de la educación y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales», se remarcó desde el organismo.

También se sostiene en el texto que el operativo «es contrario a lo previsto en la Ley de Educación Superior N° 24.521», y se recordó que Morales «acusó a funcionarios y trabajadores de la sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Tilcara de cometer delitos y apoyar a los manifestantes amenazándolos».

«La gravedad de estos dichos radica no sólo en las amenazas directas a trabajadores que reclaman por sus derechos, lo que constituye un delito que debería investigarse, sino también en que se arroga facultades judiciales al atribuir responsabilidad penal y afirmar que tendrán condena cuando ni siquiera han sido imputados de delito alguno», sostuvo la CPM.

Además, se recordó que la Justicia provincial ordenó la detención de 22 personas por su participación en las jornadas de protesta, entre ellos docentes y sindicalistas que se manifestaron en Humahuaca contra la reforma constitucional.

«Fueron acusados de los delitos de sedición y privación ilegítima de la libertad. Y en las últimas horas se conoció también la orden de detención que pesa sobre cinco abogados jujeños. El gobernador (Morales) es el máximo responsable político de la policía provincial. Los continuos hechos de represión al pueblo jujeño en estas últimas semanas representan un preocupante avasallamiento de los derechos y garantías constitucionales», subrayó la CPM.