Este lunes, la Policía de la Ciudad volvió a demostrar a quiénes representa. En el barrio de Belgrano, en la intersección de Avenida Cabildo y Federico Lacroze, efectivos de la fuerza porteña detuvieron con violencia física a una mujer que intentaba ganarse la vida vendiendo paltas en la vereda.

El video del operativo se difundió masivamente en redes sociales y encendió el debate sobre el perfil represivo del gobierno de Jorge Macri y el destino de los más de 13 millones de trabajadores informales y desocupados que dejó y sigue produciendo la crisis económica de Milei.

El operativo y la reacción de los vecinos

Las imágenes que circularon en redes muestran cómo los agentes (cerca de cinco) procedieron con brusquedad contra la vendedora, que en ningún momento opuso resistencia. Ni los ruegos de la propia mujer ni los de los vecinos que se acercaron a protestar lograron detener el accionar policial. La cuenta de Instagram @sudestadarevista, que difundió el video, resumió la escena con una frase que sintetizó el sentimiento generalizado: «Vender paltas no es delito».

Junto al video, la publicación denunció que detrás de cada vendedor ambulante hay una persona que la economía «desechó de manera definitiva» y que, si no fuera por su propio esfuerzo diario, no tendría forma de sostener a su familia. «Para las familias trabajadoras no hay Estado, no hay derechos ni rige la Constitución: están completamente solas frente a la crisis. Sin embargo, los gobiernos que utilizan el aparato estatal para generar desocupación, hambre y miseria, sí activan al Estado y a sus fuerzas de seguridad para perseguirlos, reprimir e impedirles subsistir«, señaló la publicación.

El eslogan de la Ciudad: «Ley y orden» pero contra los más vulnerables

El episodio de Belgrano no es un hecho aislado. Es la expresión más cruda de una política deliberada. Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), describió un patrón que se intensificó desde el inicio de la gestión Macri: «Nosotros veníamos registrando desde el comienzo de la gestión de Jorge Macri una política fuerte vinculada a un uso del espacio público absolutamente restrictivo. En esta política los vendedores ambulantes son un grupo primariamente afectado». La ciudad fue empapelada con afiches que repiten la consigna «Ley y orden», uno de los cuales proclama sin eufemismos: «La ciudad sin manteros».

Según la investigación de ANCCOM (Agencia de Noticias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA), la persecución se amplió este año para alcanzar también a vendedores individuales, esporádicos y desorganizados, como quienes ofrecen paltas en esquinas, artesanos o emprendedores de subsistencia. Para María del Carmen Verdú, abogada y representante de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), lo que está en juego va más allá de los operativos: «Estamos ante un cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías. Esto es infinitamente peor que la situación que teníamos en los noventa».

Lo que dice la ley: vender para subsistir no es contravención

Un dato central que la narrativa oficial omite sistemáticamente: el propio Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires establece que la venta ambulante como forma de subsistencia no constituye contravención. El artículo 99 es explícito: «No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido».

¿Entonces bajo qué normativa actúa la policía? Darraidou lo explicó con precisión: «La policía aborda estos hechos como si fuese una contravención y en otros casos lo que hace es forzar una intervención policial y una reacción de las personas para luego imputar el delito de resistencia a la autoridad. Ese delito es muy complejo porque la definición de cuándo aparece es muy vaga y es una definición estrictamente policial».

Por otra parte, organizaciones del territorio como Manzana 66 denunciaron que el acoso policial llega incluso a los domicilios particulares de los vendedores: «Hay un vendedor que vive en Pueyrredón al 200 y cada vez que regresa de hacer compras en el supermercado, le revisan la bolsa para ver si está vendiendo. Es un acoso insoportable».

El gobierno de Macri y la doble vara del espacio público

La denuncia que recorre todas las voces críticas apunta a una contradicción flagrante: el mismo gobierno que persigue a una mujer por vender paltas en la vereda tolera, desde hace años, que polos gastronómicos privados invadan veredas y calzadas en toda la ciudad sin consecuencias. El estricto criterio de «uso del espacio público» se aplica solo a los más vulnerables. Según el último informe de la CORREPI, titulado «El gobierno más represor de la democracia», la gestión de Milei amplió las facultades de los policías federales mediante el decreto 383/2025, que reformó la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina, y esas facultades fueron replicadas por el gobierno de Jorge Macri en el ámbito porteño.

Darraidou del CELS describió el mecanismo político detrás de los operativos: «La ciudad, lejos de responder con políticas que pudieran promover, facilitar, colaborar con esa posibilidad de sustento, lo que hace es responder con el sistema penal, con los controles y la restricción por parte de la policía». Y advirtió que la violencia física va de la mano de un dispositivo comunicacional de estigmatización: «Estas propagandas de ‘ley y orden’ forman parte del preconcepto de que quienes usan el espacio público para vender son potenciales delincuentes». Para Verdú, de la CORREPI, el nombre de estas políticas no da lugar a equívocos: «Es una deshumanización absoluta».