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Discriminación en colegio de Pilar: intimaron a rematricular 8 niños

Se trata del Magno College de Pilar que el 30 de septiembre, informó en una nota a cada padre que sus hijos con dificultades en el aprendizaje o algún tipo de discapacidad no podrían ser matriculados para el ciclo 2023.

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El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, intimó este miércoles a las autoridades del Colegio Magno de Pilar a retrotraer, en 24 horas, la decisión de no matricular a los ocho niños con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad de cara al ciclo lectivo 2023, que se suma a la realizada ayer por la cartera educativa provincial a cargo de Alberto Sileoni, quien este miércoles advirtió que «en una buena escuela no tiene lugar la discriminación».

«Esta decisión es completamente discriminatoria, no solo atenta contra los derechos de los niños y niñas que quedaron sin vacante, sino también contra todo el grupo escolar, sus familias y toda la sociedad«, manifestó.

En ese sentido, Lorenzino indicó que «la Defensoría está a disposición, ya tomamos contacto con los padres y madres, y la decisión es que los niños y niñas sigan en el colegio. Esto no es un derecho de admisión, es vulnerar derechos internacionales de niños y niñas», advirtió.

«Acá hay un solo camino, y es que los alumnos y alumnas permanezcan en el colegio, ya que debemos garantizar la educación integral, inclusiva y permanente para todos«, expresó.

De este modo, la Defensoría también acompaña e impulsa la intimación que realizó el ministro Sileoni para que el Colegio Magno de Pilar retrotraiga su decisión.En la carta dirigida a la Representante Legal del Colegio Magno, Florencia Friedheim, el Defensor del Pueblo requirió que, “en el plazo improrrogable de 24 horas de recibida la presente, y amparado en las atribuciones, misiones y funciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y los alcances de la Ley 13.834, retrotraiga la decisión de no matriculación de los niños y niñas”.

“El principio de igualdad y no discriminación es un eje vertebrador del andamiaje de promoción y protección de los derechos humanos. En virtud de lo expuesto, comprendo que, el único camino posible y desenlace apegado a las normas locales, constitucionales y convencionales, es la matriculación de las y los niños/as y se garantice el acceso a la educación”, sostuvo Lorenzino.

La estética cómo valor educativo

Irónicamente el colegio Magno en su página web realiza el siguiente anuncio:

Nuestra misión en Magno College es lograr un desarrollo humano en su máxima expresión: cognitiva, socio-emocional, ética, estética y físicamente; y poder construir aprendizajes relevantes, profundos y duraderos.Proponemos un proyecto curricular integrado que recoge saberes disciplinares relevantes y los enmarca como lentes para comprender el mundo de hoy, trabajando día a día en generar una cultura escolar de pensamiento, valores, respeto y participación.Re-definimos a la escuela como un agente de cambio relevante, capaz de dar respuestas reales a problemáticas locales nacionales y globales agregando autenticidad al aprendizaje de nuestros estudiantes.

La política poco inclusiva del instituto privado de Pilar se encuentran muy distante al «desarrollo humano en su máxima expresión» que venden en su sitio web, y ni hablar de «los valores y el respeto» que pretenden transmitir.

Pablo Basz, padre de Emanuel, uno de los niños discriminados, sostuvo que todavía no recibieron «nada» y están «expectantes» de cara al plazo que vence mañana para que el colegio retrotraiga su decisión.

Anoche, la cartera educativa -por su parte- también intimó al Colegio Magno, ubicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, a retrotraer en el plazo de 48 horas la decisión de no renovarles la matricula a los estudiantes.

Esta mañana, el director general de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, Alberto Sileoni, expresó en sus redes sociales que tienen «la firme convicción de que las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado», y que «en una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante».

Por su parte, Marisa Graham, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, advirtió que “la actitud de este colegio es ilegal, ilegítimo. Es profundamente discriminatorio”.

La funcionaria afirmó que su dependencia se puso “en contacto con la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires y la Provincia actuó rápido. Nos informaron que apercibieron al colegio porque los argumentos son de una intolerancia y una discriminación muy desagradables”.

Graham también reiteró que le decisión del colegio “es ilegal porque va contra ley provincial y contra la ley nacional que en todo el capítulo de educación especial habla de los principios generales de la política de educación”.

Allí se explicita que “no se puede rechazar a un niño bajo cualquier modalidad, y todas las escuelas tienen que estar preparadas para ser inclusivas, integradoras e identificar tempranamente posibilidades de discapacidad”.

La funcionaria agregó que los chicos “ya estaban en este colegio, lo cual empeora la situación, desde el punto de vista subjetivo, porque ellos ya venían desarrollando sus trayectorias escolares. Estaban incluidos con sus compañeros, sus maestras, su ámbito con todo lo que eso significa en inclusión y protección.El rechazo sufrido por estos alumnos, en un lugar que ya les pertenece, “se convierte en un medio hostil y discapacitante para el año que viene”, advirtió.

Al respecto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, señaló que se han puesto «a disposición de las familias afectadas para acompañarlas y asistirlas.

Asimismo, nos encontramos articulando con la Secretaría de Educación de Pilar y la Dirección de Escuelas Privadas de la provincia de Buenos Aires para la adopción de las medidas pertinentes que tiendan a una pronta solución».

Galarraga advirtió que «lo ocurrido en este colegio de Pilar es un claro ejemplo de una escuela privada que se olvidó de su misión y opera por reglas capacitistas, con enormes prejuicios y con total falta de conocimiento en relación a las personas con discapacidad, sus derechos, su potencial, los mecanismos y herramientas de apoyo y, por su puesto, de la legislación vigente».

El 30 de septiembre, el colegio informó en una nota a cada padre que sus hijos con dificultades en el aprendizaje o algún tipo de discapacidad no podrían ser matriculados para el ciclo 2023.

Al respecto, la cartera educativa precisó anoche que, «ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el Colegio Magno de Villa Rosa, donde ocho familias recibieron» la «información que sus hijas/os no serían rematriculadas/os para el ciclo lectivo 2023, la DGCyE comunica que dicha disposición incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece los lineamientos para todo el sistema educativo tanto de gestión privada como pública».

«En los artículos 4 y 5 entre otros, la ley prescribe la responsabilidad de la provincia a través de su DGCyE de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes.

Asimismo, su Decreto 552/12 reglamentario establece que podrá iniciarse el procedimiento sumarial ante su no cumplimiento», añadieron.Los padres habían denunciado que el dueño del Colegio Magno de Pilar «comparó el contrato pedagógico con uno de alquiler».

El colegio que ofrece nivel inicial, primario y secundario fue construido en 2009, cuenta con 8.000 metros cuadrados cubiertos, ocupa un total de 2 hectáreas, y ofrece amplios espacios verdes, según consta en su página web.

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Estela de Carlotto repudió el cierre del Banco Nacional de Datos Genéticos y la Conadi

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que ambos organismos son auténticos logros de la democracia”, al exponer en el plenario de comisiones que debate la Ley Bases en el Senado.

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Carlotto concurrió a la Cámara alta acompañada del nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit, y afirmó durante su intervención que la disolución de ambos organismos representaría “un retroceso en materia de derechos adquiridos”, que son “fundamentales para garantizar el bienestar de toda la sociedad”.

La presencia de la presidenta de la histórica y emblemática entidad defensora de los derechos humanos en la Cámara alta en el debate de la Ley Bases tiene que ver con que en la media sanción que tuvo el proyecto en Diputados, no se aseguró la continuidad de estas dos instituciones, que podrían ser eventualmente disueltas por el Poder Ejecutivo, si hubiera una intencionalidad política que fuera en ese sentido. 

“Venimos a pedirles a ustedes, las y los representantes del pueblo, que honren los cargos para los que fueron electos, como lo hicieron tantos a lo largo de nuestra historia. En este recinto se conquistaron derechos consagrados en la Constitución Nacional y, en particular, se consolidó el proceso de Memoria Verdad y Justicia, que tan alto nos ha colocado en el mundo, convirtiéndonos en los mayores referentes internacionales en materia de Derechos Humanos”, recordó la dirigente de Abuelas en el inicio de su discurso.

Estela repasó la historia reciente de Argentina al recordar que el 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Esa sanción junto con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que también las declaró inconstitucionales, permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Nos preocupa el alcance que tiene el proyecto de ley, entre otros artículos, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CoNaDI”

“Este mismo Congreso fue el que puso un freno al intento de favorecer a los genocidas con el beneficio del 2×1.  En tiempo récord, y con apoyo de todos los bloques políticos, promulgó una ley para evitar reducciones de penas que resultarían una ofensa para la democracia”, remarcó Carlotto.

Además, recordó que “Las Abuelas de Plaza de Mayo llevamos 47 años de lucha y ante la desaparición forzada de nuestras hijas y nueras embarazadas comenzamos su búsqueda, así como también la de nuestros hijos, yernos y otros familiares que corrieron el mismo destino”.

“En plena dictadura la búsqueda era compleja, y representaba mayor dificultad frente a los bebés que nacían en cautiverio, a quienes no podíamos reconocer. Entonces, nos preguntamos si nuestra sangre podía ser útil para identificarlos.

Recorrimos el mundo, hasta dar con el genetista Víctor Penchaszadeh (aquí presente), quien nos contactó con la científica Mary-Claire King, y junto con un grupo de profesionales desarrollaron el ‘índice de Abuelidad’”, repasó sobre los orígenes de la lucha que libraron las Abuelas por la recuperación de la identidad de los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar.

Recordó que con la ayuda del presidente Raúl Alfonsín, se logró poner en marcha un Banco Nacional de Datos Genéticos, que se encargaría de la identificación de esos niños que “seguían creciendo en la mentira”.

Contó además que “el servicio de inmunología del Hospital Durand empezó a recibir muestras, y el ministerio de Acción Social de la Nación se encargó de proveer los insumos”.

“Toda una operatoria difícil para el funcionamiento y sostenimiento diario. Por eso, el poder legislativo también se comprometió con la búsqueda de niños desaparecidos por el terrorismo de Estado y, en 1987, el Congreso Nacional sancionó la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos”, sostuvo.

La CoNaDI ha brindado respuesta en más de dos mil casos en los que pudo establecer el origen biológico de personas, reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos”

Luego vino un período de retroceso en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia con la sanción de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos del presidente Carlos Saúl Menem a los genocidas de la última dictadura.

Sin embargo, en 1990, “con la sanción de la ley que incorporó al derecho interno argentino la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, empezamos a solicitar la conformación de una comisión técnica especializada”.

“El objetivo era velar por el cumplimiento de los artículos de la Convención vinculados al derecho a la identidad (7, 8, 11), y simultáneamente impulsar la búsqueda y localización de las niñas y niños desaparecidos durante la última dictadura cívico militar”, reseñó.

Hubo un período de retroceso en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia con la sanción de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos del presidente Carlos Saúl Menem a los genocidas de la última dictadura.”

Carlotto recordó que fue Menem quien ordenó la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), un organismo que se encarga de pedir documentación a los lugares que intervinieron en la inscripción de niños nacidos entre 1975 y 1983.

Cuando una persona manifiesta dudas sobre su identidad, esa Comisión faculta al Banco Nacional de Datos Genéticos para ordenar un análisis.

“La CoNaDI ha brindado respuesta en más de dos mil casos en los que pudo establecer el origen biológico de personas, reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos”, agregó.

Néstor Kirchner: promulgó en 2003 la de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Foto concejoriocuarto.gob.ar

Además, recordó que, en 2012, la entonces presidenta  Cristina Fernández de Kirchner impulsó la creación de la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE), que investiga y asiste en la búsqueda de hijos e hijas de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

Carlotto reconoció que Abuelas tiene preocupación por los artículos 3 y 6 de la denominada Ley de Bases, que otorgan facultades delegadas al Poder Ejecutivo para “la disolución, modificación e intervención de organismos centralizados y descentralizados del Estado, creados o no por Ley”.

“A 40 años de democracia, les pedimos que defiendan los instrumentos que nos hemos dado en estas cuatro décadas de diálogo, trabajo y construcción de consensos”

“Nos preocupa el alcance que tiene el proyecto de ley, entre otros artículos, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CoNaDI, herramientas construidas por el Estado democrático para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi trescientas personas que aún viven bajo una identidad falsificada”, expresó.

Por último, Estela apeló a la “memoria de los senadores para honrar los compromisos que asumieron como funcionarios y funcionarias electas por el pueblo, para defender nuestros derechos y levantar la voz de quienes son sistemáticamente silenciados”.

“A 40 años de democracia, les pedimos que defiendan los instrumentos que nos hemos dado en estas cuatro décadas de diálogo, trabajo y construcción de consensos. Les pedimos que estén a la altura de sus roles, e intervengan en defensa de lo que aún estamos a tiempo de salvar. Nosotras llevamos 47 años luchando, lo seguiremos haciendo, por nuestros hijos e hijas, los 30.000 y, sobre todo, por el futuro de nuestra patria”, puntualizó.

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