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Discriminación en colegio de Pilar: intimaron a rematricular 8 niños

Se trata del Magno College de Pilar que el 30 de septiembre, informó en una nota a cada padre que sus hijos con dificultades en el aprendizaje o algún tipo de discapacidad no podrían ser matriculados para el ciclo 2023.

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El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, intimó este miércoles a las autoridades del Colegio Magno de Pilar a retrotraer, en 24 horas, la decisión de no matricular a los ocho niños con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad de cara al ciclo lectivo 2023, que se suma a la realizada ayer por la cartera educativa provincial a cargo de Alberto Sileoni, quien este miércoles advirtió que «en una buena escuela no tiene lugar la discriminación».

«Esta decisión es completamente discriminatoria, no solo atenta contra los derechos de los niños y niñas que quedaron sin vacante, sino también contra todo el grupo escolar, sus familias y toda la sociedad«, manifestó.

En ese sentido, Lorenzino indicó que «la Defensoría está a disposición, ya tomamos contacto con los padres y madres, y la decisión es que los niños y niñas sigan en el colegio. Esto no es un derecho de admisión, es vulnerar derechos internacionales de niños y niñas», advirtió.

«Acá hay un solo camino, y es que los alumnos y alumnas permanezcan en el colegio, ya que debemos garantizar la educación integral, inclusiva y permanente para todos«, expresó.

De este modo, la Defensoría también acompaña e impulsa la intimación que realizó el ministro Sileoni para que el Colegio Magno de Pilar retrotraiga su decisión.En la carta dirigida a la Representante Legal del Colegio Magno, Florencia Friedheim, el Defensor del Pueblo requirió que, “en el plazo improrrogable de 24 horas de recibida la presente, y amparado en las atribuciones, misiones y funciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y los alcances de la Ley 13.834, retrotraiga la decisión de no matriculación de los niños y niñas”.

“El principio de igualdad y no discriminación es un eje vertebrador del andamiaje de promoción y protección de los derechos humanos. En virtud de lo expuesto, comprendo que, el único camino posible y desenlace apegado a las normas locales, constitucionales y convencionales, es la matriculación de las y los niños/as y se garantice el acceso a la educación”, sostuvo Lorenzino.

La estética cómo valor educativo

Irónicamente el colegio Magno en su página web realiza el siguiente anuncio:

Nuestra misión en Magno College es lograr un desarrollo humano en su máxima expresión: cognitiva, socio-emocional, ética, estética y físicamente; y poder construir aprendizajes relevantes, profundos y duraderos.Proponemos un proyecto curricular integrado que recoge saberes disciplinares relevantes y los enmarca como lentes para comprender el mundo de hoy, trabajando día a día en generar una cultura escolar de pensamiento, valores, respeto y participación.Re-definimos a la escuela como un agente de cambio relevante, capaz de dar respuestas reales a problemáticas locales nacionales y globales agregando autenticidad al aprendizaje de nuestros estudiantes.

La política poco inclusiva del instituto privado de Pilar se encuentran muy distante al «desarrollo humano en su máxima expresión» que venden en su sitio web, y ni hablar de «los valores y el respeto» que pretenden transmitir.

Pablo Basz, padre de Emanuel, uno de los niños discriminados, sostuvo que todavía no recibieron «nada» y están «expectantes» de cara al plazo que vence mañana para que el colegio retrotraiga su decisión.

Anoche, la cartera educativa -por su parte- también intimó al Colegio Magno, ubicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, a retrotraer en el plazo de 48 horas la decisión de no renovarles la matricula a los estudiantes.

Esta mañana, el director general de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, Alberto Sileoni, expresó en sus redes sociales que tienen «la firme convicción de que las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado», y que «en una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante».

Por su parte, Marisa Graham, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, advirtió que “la actitud de este colegio es ilegal, ilegítimo. Es profundamente discriminatorio”.

La funcionaria afirmó que su dependencia se puso “en contacto con la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires y la Provincia actuó rápido. Nos informaron que apercibieron al colegio porque los argumentos son de una intolerancia y una discriminación muy desagradables”.

Graham también reiteró que le decisión del colegio “es ilegal porque va contra ley provincial y contra la ley nacional que en todo el capítulo de educación especial habla de los principios generales de la política de educación”.

Allí se explicita que “no se puede rechazar a un niño bajo cualquier modalidad, y todas las escuelas tienen que estar preparadas para ser inclusivas, integradoras e identificar tempranamente posibilidades de discapacidad”.

La funcionaria agregó que los chicos “ya estaban en este colegio, lo cual empeora la situación, desde el punto de vista subjetivo, porque ellos ya venían desarrollando sus trayectorias escolares. Estaban incluidos con sus compañeros, sus maestras, su ámbito con todo lo que eso significa en inclusión y protección.El rechazo sufrido por estos alumnos, en un lugar que ya les pertenece, “se convierte en un medio hostil y discapacitante para el año que viene”, advirtió.

Al respecto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, señaló que se han puesto «a disposición de las familias afectadas para acompañarlas y asistirlas.

Asimismo, nos encontramos articulando con la Secretaría de Educación de Pilar y la Dirección de Escuelas Privadas de la provincia de Buenos Aires para la adopción de las medidas pertinentes que tiendan a una pronta solución».

Galarraga advirtió que «lo ocurrido en este colegio de Pilar es un claro ejemplo de una escuela privada que se olvidó de su misión y opera por reglas capacitistas, con enormes prejuicios y con total falta de conocimiento en relación a las personas con discapacidad, sus derechos, su potencial, los mecanismos y herramientas de apoyo y, por su puesto, de la legislación vigente».

El 30 de septiembre, el colegio informó en una nota a cada padre que sus hijos con dificultades en el aprendizaje o algún tipo de discapacidad no podrían ser matriculados para el ciclo 2023.

Al respecto, la cartera educativa precisó anoche que, «ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el Colegio Magno de Villa Rosa, donde ocho familias recibieron» la «información que sus hijas/os no serían rematriculadas/os para el ciclo lectivo 2023, la DGCyE comunica que dicha disposición incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece los lineamientos para todo el sistema educativo tanto de gestión privada como pública».

«En los artículos 4 y 5 entre otros, la ley prescribe la responsabilidad de la provincia a través de su DGCyE de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes.

Asimismo, su Decreto 552/12 reglamentario establece que podrá iniciarse el procedimiento sumarial ante su no cumplimiento», añadieron.Los padres habían denunciado que el dueño del Colegio Magno de Pilar «comparó el contrato pedagógico con uno de alquiler».

El colegio que ofrece nivel inicial, primario y secundario fue construido en 2009, cuenta con 8.000 metros cuadrados cubiertos, ocupa un total de 2 hectáreas, y ofrece amplios espacios verdes, según consta en su página web.

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Cuatro años del atentado a Cristina: el peronismo y aliados advierten que el odio no fue un hecho aislado

En el aniversario del intento de asesinato contra la expresidenta, más de veinte fuerzas políticas firmaron un comunicado que responsabiliza a los discursos de odio y al lawfare como condiciones que hicieron posible que un arma cargada se gatillara a centímetros de su rostro. La movilización en San José 1111 reunió dos reclamos: esclarecimiento total del atentado y liberación de Cristina Fernández de Kirchner.

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El Argentino Diario-Cristinazo-Marcha en apoyo de Cristina.
La Argentina estuvo a centímetros de cruzar una frontera: el atentado a CFK no fue un hecho aislado, "el discurso de odio lo hizo posible".

El 1° de septiembre de 2022, un hombre apuntó una pistola cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y gatilló. El arma no disparó. Cuatro años después de ese instante, más de veinte partidos políticos de distinto signo ideológico suscribieron un comunicado conjunto que rechaza cualquier lectura que reduzca aquel hecho a un episodio aislado. El documento, firmado entre otras fuerzas por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Encuentro Republicano Federal, La Cámpora, el Partido Comunista, Libres del Sur y el Frente Amplio por la Democracia, sostiene que «la Argentina asistió durante años a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas y distintas formas de violencia política» dirigidas de manera particularmente intensa contra la exmandataria.

El acto central del cuarto aniversario se realizó en San José 1111, el domicilio de Constitución donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La elección del lugar no fue casual: la movilización convergió dos demandas que el kirchnerismo y sectores más amplios del campo popular sostienen en paralelo, el esclarecimiento pleno del atentado, incluidos los autores intelectuales e instigadores, y la denuncia de la persecución judicial contra la expresidenta. Agrupaciones kirchneristas también firmaron un documento propio con ese eje.

El comunicado multipartidario: el odio como sistema

El texto firmado por el arco de partidos que va del PJ al radicalismo alfonsinista, de la izquierda popular a sectores del republicanismo federal, traza una línea directa entre el clima político previo al atentado y el hecho en sí. El documento señala que la denominada «antipolítica» no fue un fenómeno espontáneo, sino construido y alimentado por sectores del poder económico concentrado y amplificado a través de medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. En ese marco, el comunicado ubica al lawfare, definido como la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir o excluir dirigentes de la competencia democrática, como parte de la misma lógica que preparó el terreno para la violencia.

«Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción, cuando el dirigente político es convertido en enemigo, cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada, cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad, cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse», advierte el documento. El texto concluye con una afirmación que sus firmantes presentan como una regla mínima del sistema democrático: al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos; nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida.

Entre las firmas figuran José Mayans por el Partido Justicialista, Diego Giuliano y Sergio Massa por el Frente Renovador, Miguel Ángel Pichetto por el Encuentro Republicano Federal, Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro, Juan Grabois por Patria Grande, Ricardo Alfonsín por el Frente Amplio por la Democracia, Federico Storani por el Radicalismo Auténtico, Carlos Heller por el Partido Solidario, Claudio Lozano por Unidad Popular, Leopoldo Moreau por el Movimiento Nacional Alfonsinista y Jorge Kreyness por el Partido Comunista, entre otros.

La causa judicial: condenas parciales y la pregunta que sigue abierta

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando André Sabag Montiel a diez años de prisión como autor del intento de homicidio y a Brenda Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Por unificación con condenas anteriores, las penas quedaron en catorce años para Sabag Montiel y ocho años y dos meses para Uliarte, ambos detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Nicolás Gabriel Carrizo, el tercer acusado que llegó al debate, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal y reclamaron elevar las penas a quince años para Sabag Montiel y catorce para Uliarte.

Sin embargo, la pregunta que más tensión acumula en el campo político sigue sin respuesta judicial: quiénes son los autores intelectuales, quiénes financiaron el atentado y cuál fue el entramado que lo hizo posible. Las agrupaciones kirchneristas que difundieron su propio documento en el acto del martes pusieron el eje precisamente en esa zona de impunidad, denunciando los vínculos políticos y financieros del hecho que la justicia aún no investigó con profundidad.

Democracia, memoria y el presente de la proscripción

El comunicado multipartidario adquiere una dimensión adicional en el contexto político del 1° de septiembre de 2026: Cristina Fernández de Kirchner no solo sobrevivió al atentado sino que cumple hoy prisión domiciliaria por una condena que sus seguidores y buena parte del arco firmante del documento califican como la expresión más acabada del lawfare. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos la excluye formalmente de la disputa electoral de 2027. El comunicado señala esa continuidad con precisión: «existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física». Para los firmantes, esa frontera estuvo a centímetros de ser cruzada definitivamente el 1° de septiembre de 2022.

El texto también interpela más allá del kirchnerismo. Sostiene que este aniversario no convoca exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino al conjunto del sistema democrático argentino. Los partidos convocados recuerdan además que esta reflexión se produce en los años del cincuenta aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, subrayando que si bien los contextos históricos son profundamente diferentes, la regla de convivencia democrática recuperada en 1983 permanece como el único marco legítimo para tramitar las diferencias políticas.

Puntos clave

  • El 1° de septiembre se cumplieron cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido cuando ejercía la Vicepresidencia de la Nación.
  • Más de veinte partidos políticos firmaron un comunicado que señala al discurso de odio y al lawfare como condiciones que hicieron posible el atentado.
  • La movilización en San José 1111 confluyó la demanda de esclarecimiento del atentado con la denuncia de la persecución judicial contra la expresidenta.
  • Sabag Montiel y Uliarte fueron condenados en octubre de 2025; la autoría intelectual y el financiamiento del ataque permanecen sin investigación judicial concreta.
  • El comunicado multipartidario convoca al conjunto del sistema democrático y no solo al peronismo, reivindicando que al adversario político se lo enfrenta con ideas y votos, nunca con violencia.

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