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Puro marketing: el Gobierno reglamentó los “vouchers educativos”

Será para instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los 7 salarios mínimos, vitales y móviles. Las medidas rimbombantes informadas por Adorni, terminan en magras reglamentaciones para unos pocos por la cantidad de requisitos solicitados.

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El Gobierno dio a conocer este lunes el reglamento del programa de asistencia “Vouchers Educativos”, al aprobarlo y especificar que la prestación “se otorgarán en dos o en tres cuotas mensuales”, mediante la 90/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El plan fue lanzado por la Secretaría de Educación a mediados de marzo y consiste en una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

El programa abarca a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, otorgándole el beneficio a quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años. El reglamento puntualizó que la prestación “será de carácter personal e intransferible”.

Requisitos y condiciones

  1. Los titulares de la responsabilidad parental de los estudiantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  2. La suma del ingreso familiar no debe ser superior a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación del presente requisito. A tal efecto, se considerarán las pautas establecidas en el artículo 13 del presente Reglamento.
  3. Al momento de realizar la inscripción, deberán completar la encuesta solicitada en la plataforma “Vouchers Educativos”.
  4. Los estudiantes alcanzados por el presente Programa deben poseer al momento del cierre de la convocatoria hasta 18 años de edad inclusive y cumplir con la condición de alumno regular en la institución educativa a la que acuda.

Inscripción

La asistencia se otorgará a partir de una convocatoria pública y abierta, a la que podrán inscribirse todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. El período de inscripción tendrá lugar entre el 3 y el 30 de abril del 2024.

El reglamento estipuló que “la inscripción correspondiente deberá realizarse con el CUIL de alguno de los titulares de la responsabilidad parental del/ de los estudiantes” y aclaró que “sólo podrá inscribir a los estudiantes un responsable parental”, agregando que “en caso de que el CUIL del estudiante haya sido registrado en el Programa, se rechazará cualquier inscripción posterior con ese mismo CUIL”.

La solicitud de la asistencia deberá efectuarse mediante el formulario de inscripción puesto a disposición en la plataforma “Vouchers educativos” en el sitio oficial de la Secretaría de Educación.

Forma y fecha de pago

El resultado de la inscripción será publicado en la plataforma del Programa. Para quienes resulten beneficiarios del plan, la liquidación de la prestación y su pago estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los beneficiarios de la prestación validados por las instituciones educativas hasta el 18 de abril recibirán un pago mensual en los meses de mayo, junio y julio. En cambio, quienes sean validados entre el 19 de abril y el 10 mayo recibirán el primer pago junto con el segundo en junio y el pago restante en el mes de julio.

Una vez más, las medidas rimbombantes informadas por Adorni, terminan en magras reglamentaciones para unos pocos por la cantidad de requisitos solicitados.

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La construcción perdió más de 81.000 empleos desde el inicio del gobierno de Milei

La obra pública, el eslabón roto.

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La industria de la construcción acumula una caída de 81.295 puestos de trabajo registrados desde que asumió el gobierno de Javier Milei, convirtiendo al sector en el de mayor destrucción de empleo formal del período. Los datos surgen de un informe de Misión Productiva elaborado sobre la base de cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y abarcan el período comprendido entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

La obra pública, el eslabón roto

La retracción de la inversión pública en infraestructura fue identificada como uno de los principales factores detrás de la crisis. A la paralización de la obra pública nacional se sumaron el encarecimiento de los costos de construcción, la caída de la demanda y las dificultades de acceso al financiamiento.

Según el INDEC, el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires subió un 2,7% en mayo respecto del mes previo y acumuló una variación interanual del 29%, con un alza del 12,8% en lo que va de 2026.

El último Estudio de Opinión Construya, que relevó a 370 profesionales de la cadena de valor del sector, reflejó ese deterioro: el 67% de los encuestados registró una disminución de su nivel de actividad en los últimos doce meses, mientras que apenas un 10% percibió una mejora. En ese contexto, la obra pública representa hoy solo el 5% de la demanda total del sector, por lo que las refacciones y obras privadas de pequeña y mediana escala se consolidaron como el principal sostén de la actividad.

Perspectivas de incertidumbre

El panorama hacia adelante no ofrece señales claras de recuperación. Según el mismo relevamiento, un 34% de los encuestados cree que la actividad mejorará durante el próximo año, otro 34% prevé que se mantendrá estable y un 32% anticipa una nueva caída.

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