Docentes, estudiantes y madres fueron este martes a la Legislatura porteña para exigir «más inversión en educación» a fin de resolver la «emergencia edilicia» en que se encuentran las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, así como reclamar estabilidad laboral para los maestros y rechazar el «vaciamiento» de los establecimientos de formación para personas con discapacidad.

Estos reclamos fueron planteados en la comisión de Educación de la Legislatura, que se reunió esta tarde.

Allí, Carolina Álvarez, quien trabaja en un instituto de formación docente porteño, afirmó: «Con la última reforma del estatuto nos dejaron afuera de la posibilidad de titularizar y de acceder a nuestro derecho a la estabilidad laboral».

Álvarez se refirió de ese modo a la reforma del estatuto docente que fue aprobada en la Legislatura de la Ciudad en mayo último, la cual fue una iniciativa del bloque UCR-Evolución y estableció la titularización solo para los docentes del nivel de educación media.

Gabriela Romero, por su parte, recordó que la «última titularización» para el nivel superior «fue en 2013», y añadió que «el 75% de los docentes de los institutos de formación son interinos y suplentes».

Luego, Francisco Pablo, delegado de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), se refirió a la «emergencia edilicia» en que se encuentran las escuelas del distrito. «El 20% de las escuelas públicas de la ciudad tiene problemas graves de infraestructura», dijo.

Luego, dirigiéndose a los diputados y diputadas del interbloque oficialista Juntos por el Cambio, agregó: «Gobiernan hace 14 años la ciudad más rica del país, y el presupuesto general no baja, solo reducen la partida para educación».

A su turno, Paola Romero, estudiante de la Escuela de Cerámica N° 1, informó por su parte que en su colegio «debieron suspenderse las clases la semana pasada por falta de agua», y aseguró que uno de los talleres «está en peligro de derrumbe».

Otros integrantes de la comunidad educativa se refirieron a la educación de las personas con discapacidad, y rechazaron la decisión que tomó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en diciembre del año pasado, por la cual las escuelas públicas de educación especial ya no admiten alumnos mayores de 22 años.

Anteriormente, el límite de edad para inscribirse en una escuela de educación especial y recibir algún tipo de formación eran los 30 años.

En este sentido, Eliana, quien se presentó como mamá de Ignacio, un joven con Trastorno del Espectro Autista, afirmó: «Hace seis meses que los chicos están sin clases, es un maltrato institucional. Nuestros hijos tienen derecho a la educación permanente», y pidió una «ley para la formación de las personas con discapacidad».

Luego, Jorge Godoy, maestro de educación especial y delegado de UTE, se refirió al conflicto por el Palacio Ceci, un edificio histórico que pertenecía a la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo hasta el año pasado, pero que el Gobierno porteño tiene intenciones de destinar al nuevo distrito del vino, que funcionará en los barrios de Villa Devoto y Paternal.

«Insisten en entregar un bien del Estado al mercado», añadió Godoy y afirmó que «hace 10 años» el Gobierno porteño lleva adelante una «política de vaciamiento de la educación especial».

Tal como lo hicieron en la movilización realizada la semana pasada, docentes y estudiantes pidieron hoy al oficialismo porteño «más educación y menos marketing».