El Gobierno nacional y las universidades públicas acercan posiciones luego de meses de tensión, paros y marchas federales. La administración de Javier Milei retiró la condición que había intentado imponer a las casas de altos estudios: que aceptaran un aumento inferior al establecido por la Ley de Financiamiento Universitario a cambio de retirar la demanda que tramita ante la Corte Suprema de Justicia. Esa exigencia fue considerada «inaceptable» por el sector universitario y su eliminación de la mesa de negociación fue el primer paso para destrabar un acuerdo que, hasta el momento, es de palabra.

La propuesta oficial establece un incremento salarial del 24% para docentes y no docentes en dos tramos: un 21,3% a percibir en junio, con impacto directo en el aguinaldo, y un 3% adicional en septiembre. El acuerdo también contempla una actualización del 20% en los fondos destinados a gastos de mantenimiento, la incorporación de unos 50.000 millones de pesos extra para los Hospitales Universitarios, que acumulan una deuda de 80.000 millones en lo que va del año, y un incremento del 50% en las Becas Belgrano, un incentivo económico para estudiantes de carreras estratégicas que permanece congelado en $81.685 desde hace más de dos años. La firma se concretaría en las próximas horas y abriría un proceso de paritarias que se realizaría al menos cada tres meses, con la inflación como piso.

Un atraso que ningún aumento repara

El contexto en el que se cierra este acuerdo es el de un presupuesto universitario devastado. Los salarios docentes y no docentes acumulan una caída real del 35% desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, y de no producirse cambios sustanciales, ese número treparía al 45% al cierre de 2026, tomando como referencia las proyecciones de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. El presupuesto actual de las universidades nacionales asciende a 4,8 billones de pesos, cuando las propias instituciones estiman que necesitan 7,3 billones para funcionar con normalidad.

Frente a ese cuadro, el aumento ofrecido cubre apenas una fracción del deterioro. Desde el sector universitario reconocen que «un incremento del 21% con impacto en el aguinaldo es importante, teniendo en cuenta que las paritarias vienen siendo de 1,5%», aunque advierten que seguirán reclamando el 25% restante para acercarse a los niveles previos al ajuste.

La ley vetada, el desacato y la Corte

El trasfondo del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.775), aprobada en agosto de 2025 por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. La norma establecía la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el presupuesto al nivel de noviembre de 2023, con la inflación como referencia, y fijaba paritarias con el IPC como piso. Milei vetó la ley. El Congreso rechazó el veto en ambas cámaras. El Gobierno, de todas maneras, optó por no cumplirla.

Las universidades recurrieron a la Justicia y obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia. El Ejecutivo, en lugar de acatar, apeló ante la Corte Suprema y obtuvo el efecto suspensivo del fallo, dejando la ley en un limbo judicial. Ahora, la negativa a renovar la exigencia de retirar la causa abre sospechas en el sector. «Supongo que es un acuerdo del Gobierno con la Corte. Le habrán pedido ‘acordá y sacame presión y yo dilato el fallo’. De lo contrario no entiendo nada», señaló una fuente al tanto de las negociaciones. Desde el sector universitario reconocen que esa versión «es verosímil», aunque también consideran que «la Corte tampoco puede dilatar el fallo eternamente».

El ahorro fiscal como estrategia

El costo fiscal de cumplir la Ley de Financiamiento representaba el 0,2% del PBI en 2026, equivalente a unos 1.400 millones de dólares, la misma cifra que las grandes agroexportadoras embolsaron por la quita de retenciones dispuesta en septiembre de 2025. Cada mes de incumplimiento le significó al Ejecutivo un ahorro superior a los 100 millones de dólares, un ingreso que le permitió sostener el superávit fiscal amenazado por la caída de la recaudación y la carga de los intereses de la deuda con el FMI. El propio organismo internacional advirtió en su última revisión del acuerdo que, sin esos ahorros, se proyectaba un déficit del 0,8%.

Aunque la Corte falle a favor de las universidades, los salarios y presupuestos recuperarían los niveles anteriores al recorte, pero no compensarán lo perdido durante más de treinta meses consecutivos de ajuste. El acuerdo en ciernes, si se firma, cerrará una etapa de conflicto sin saldar la deuda de fondo que el Gobierno contrajo con la educación pública argentina.

Puntos clave

• El Gobierno ofrece un aumento del 24% en dos tramos (21,3% en junio y 3% en septiembre) para docentes y no docentes universitarios.
• Los salarios universitarios acumulan una caída real del 35% desde diciembre de 2023 y podrían llegar al 45% a fin de año.
• El presupuesto universitario vigente es de 4,8 billones de pesos, frente a una necesidad estimada de 7,3 billones para el funcionamiento normal.
• El Ejecutivo retiró la condición de que las universidades abandonen su demanda ante la Corte Suprema, lo que genera sospechas sobre un acuerdo político con el máximo tribunal.
• Cada mes de incumplimiento de la Ley de Financiamiento le representó al Gobierno un ahorro de más de 100 millones de dólares, clave para sostener el superávit fiscal exigido por el FMI.