Educación
La justicia le dijo basta a Milei: la UBA ganó y debe liberar los fondos universitarios ya
El juez federal Martín Cormick dio lugar a una cautelar de la UBA y obligó al Ejecutivo a liberar de inmediato los fondos de la Ley 27.795. El fallo advierte que el incumplimiento genera perjuicios graves e irreparables y que el Decreto 759/2025 no tenía respaldo constitucional para suspender la aplicación de la norma.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 emitió una medida cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires y ordenó al Gobierno nacional dar cumplimiento inmediato a los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El fallo del juez Martín Cormick representa un nuevo revés legal para la gestión de Javier Milei en su pulseada con el sistema universitario público, una disputa que ya lleva más de dos años y que tiene como trasfondo un desfinanciamiento estructural sin precedentes en décadas.
El fraude constitucional que el juez no toleró
La UBA llevó adelante una demanda contra el Decreto 759/2025, que promulgó la Ley 27.795 pero suspendió su aplicación efectiva, condicionándola a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. La universidad calificó esa maniobra como un «fraude constitucional»: el Poder Ejecutivo se valió del acto de promulgación para vaciar de contenido una norma que el propio Parlamento ya había ratificado, incluso al rechazar el veto presidencial.
Para Cormick, el argumento oficial no resistió el escrutinio jurídico. Una vez que el Congreso insistió con la ley y descartó el veto, el proceso legislativo, según el magistrado, «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley». Dicho de otro modo: el Ejecutivo no tenía margen constitucional para seguir frenando el cumplimiento de una norma que el Poder Legislativo ya había sostenido en dos oportunidades.
Salarios deteriorados y derechos en riesgo
El juez Cormick no se limitó a los argumentos procesales. El fallo identificó con precisión el daño concreto que el incumplimiento produce sobre los trabajadores universitarios: perjuicios graves de imposible reparación ulterior, asociados al deterioro sostenido de los ingresos del sector. En ese contexto, el magistrado destacó que la falta de aplicación de la ley afecta directamente el derecho a enseñar y aprender establecido en la Constitución Nacional, un estándar que el propio Gobierno invoca retóricamente pero no garantiza en los hechos.
El dato que ilumina la dimensión del problema fue incluido en el propio fallo: el impacto fiscal de cumplir con la ley representa apenas el 0,23% del PBI. Cormick subrayó que esa cifra constituye «un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública». La pregunta que queda flotando, incómoda para el Gobierno, es si el recorte tiene una lógica fiscal real o si responde a una decisión política de disciplinamiento del sector universitario.
El acuerdo de junio que el Estado firmó y no cumplió
El fallo también responde a una demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó que el Ejecutivo cumpliera el acta firmada el 10 de junio, en la que el Estado se comprometió a transferir a las universidades nacionales los fondos necesarios para aplicar un aumento salarial del 24,33%. Tras esa firma, el Gobierno intentó que se levantara la cautelar anterior, argumentando que el acuerdo dejaba sin efecto el planteo judicial. El juez rechazó esa interpretación: el Estado, a su criterio, no logró demostrar que los acuerdos alcanzados hubieran resuelto de manera efectiva y definitiva el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado. Firmar y no cumplir no equivale a resolver el conflicto. La cautelar, por lo tanto, se mantiene.
Antecedentes de una batalla judicial que el Gobierno viene perdiendo
Este fallo se inscribe en una secuencia de disputas judiciales en torno al financiamiento universitario que el Ejecutivo no logra resolver a su favor de manera definitiva. En mayo de 2026, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había concedido un recurso extraordinario presentado por el Gobierno y suspendido transitoriamente una cautelar anterior, mientras la Corte Suprema definía su posición. La apuesta del Ejecutivo era que la Corte cerrara el capítulo. Eso no ocurrió, y el litigio continuó. Ahora el juez de primera instancia vuelve a ordenar el cumplimiento de la ley, en el marco de la demanda específica de la UBA por el Decreto 759/2025. El sistema universitario acumula una caída real del financiamiento que, según datos del propio CIN, representa un desplome de más del 45% en las transferencias estatales entre 2023 y 2026, mientras los salarios docentes perdieron más de 30 puntos porcentuales de poder adquisitivo en el mismo período.
CABA
Récord de suicidios: estudiantes secundarios escriben la ley que el Estado no da
En 2025 se registraron 5.209 suicidios, la cifra más alta de la historia argentina. Más de 80 estudiantes de once escuelas porteñas debatieron su propio proyecto de ley de salud mental, mientras la diputada Natalia Zaracho denunció el desfinanciamiento de la prevención.
Catorce personas por día, una cada dos horas. Ese es el ritmo al que la Argentina pierde vidas por suicidio, y fueron los propios adolescentes los que decidieron no esperar más una respuesta: más de 80 estudiantes secundarios llenaron la Legislatura porteña para discutir un proyecto de ley de salud mental escrito desde las aulas.
La convocatoria fue impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la Ciudad de Buenos Aires y se realizó en espacios cedidos por las Madres de Plaza de Mayo y por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En paralelo, la diputada nacional Natalia Zaracho (Unión por la Patria) difundió en sus redes una serie de datos que ponen en cifras lo que los chicos describen en primera persona: la tasa de suicidios más alta de la historia del país.
La voz de las aulas
«En un contexto donde se encuentran tantos problemas pero pocas soluciones, hoy con la UES llenamos un salón con más de 80 estudiantes que se mueven en busca de sumar su granito de arena ante todo lo que nos está pasando», escribió la organización en su cuenta oficial. Y agregó: «Hoy se demostró la necesidad de una respuesta concreta sobre la crisis de salud mental».
Tomaron la palabra delegados y delegadas de 11 escuelas porteñas: el Juan B. Justo, el Larroque, el Mariano Acosta, el Cortázar, el Pellegrini, el René Favaloro, el Nacional Buenos Aires, el Lenguas Vivas, el Nacional 17, el Normal 1 y la Técnica 37. Fueron los propios estudiantes quienes pusieron el cuerpo y la palabra para explicar lo que viven en sus escuelas.
La UES agradeció a la diputada Berenice Iañez por «levantar» el proyecto, a Victoria Montenegro por acompañar la jornada, a Amanda Martín por estar presente y a los legisladores que recibieron a la delegación. También participaron Renata Vismara, de Docentes por el Aborto Legal, una integrante de Incidencia Feminista y el sindicato docente UTE-CTERA. La organización definió el encuentro como «un primer paso de nuestra ley» y cerró con una consigna: «queremos salud mental para todxs».
Los números que alarman
«Estamos frente a un récord de suicidios en Argentina», advirtió Zaracho al presentar su serie de placas. El dato central proviene del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación: en 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249. Es el registro más alto de toda la serie histórica oficial.
La tasa nacional llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a 3,6 homicidios dolosos por la misma cantidad de población. Según el análisis del Observatorio de Política Criminal sobre datos del SNIC, entre 2017 y 2025 los casos pasaron de 3.304 a 5.209, un salto del 57,7% en ocho años. Mientras la agenda oficial se obsesiona con la inseguridad, las muertes por suicidio ya superan a las producidas por homicidios y siniestros viales.
Zaracho remarcó que el suicidio es hoy la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, un dato que coincide con el SNIC, que ubica al fenómeno como primera causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito. La legisladora señaló además que cuatro de cada cinco víctimas son varones jóvenes. Las diferencias territoriales también son marcadas: Entre Ríos encabezó el ranking provincial con 20,8 casos cada 100.000 habitantes.
A esas muertes se suman los intentos. El Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, publicado a fines de diciembre de 2025, contabilizó 11.799 intentos de suicidio hasta el 31 de octubre de ese año, más de 33 por día.
Un sistema que no da abasto
«Esto no es casualidad«, planteó Zaracho, y aportó otros dos indicadores: según la diputada, las consultas por salud mental aumentaron un 23% y las internaciones un 42% en el último tiempo. Frente a esa demanda creciente, la legisladora describió un panorama de faltante de profesionales, ausencia de turnos y programas de prevención y atención totalmente desfinanciados.
La advertencia no es aislada. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó el escenario como una crisis máxima y alarmante que atraviesa todo el territorio nacional. El contraste es brutal: la demanda de atención crece al mismo ritmo que el Gobierno de Javier Milei recorta los recursos públicos destinados a sostenerla.
Las escuelas, sin respuestas
La movilización secundaria tiene antecedentes recientes. En mayo, coordinadoras estudiantiles porteñas realizaron un corte de calle en San Juan y Boedo con más de 200 estudiantes de distintos colegios, luego de la ola de amenazas de tiroteo que afectó a más de 60 escuelas y profesorados de la Ciudad. Desde la Legislatura porteña, bloques opositores cuestionaron que la ley de «bienestar escolar» aprobada en 2024 a instancias del gobierno de Jorge Macri no garantizara el nombramiento de especialistas para atender las problemáticas de salud mental en las aulas.
Cuando los adultos a cargo del Estado miran para otro lado, son los adolescentes los que salen a escribir la ley que necesitan. La pregunta que dejan planteada es tan simple como incómoda: cuántas vidas más hacen falta para que la salud mental deje de ser una partida prescindible del presupuesto.
Dónde pedir ayuda
Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita al 135 desde CABA y el Gran Buenos Aires, al (011) 5275-1135 desde todo el país (Centro de Asistencia al Suicida) o al 0800-999-0091, la línea del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que atiende las 24 horas.
Lo que tenés que saber:
- En 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que en 2024, según el SNIC del Ministerio de Seguridad.
- La tasa de suicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, más de tres veces la de homicidios dolosos.
- El suicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años.
- Más de 80 estudiantes de 11 escuelas porteñas, nucleados en la UES, debatieron un proyecto de ley de salud mental.
- La diputada Natalia Zaracho denunció falta de profesionales, de turnos y el desfinanciamiento de los programas de prevención.
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