La Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó este jueves los principales lineamientos del Debate Presidencial 2023, que se realizará el 1 y 8 de octubre y por primera vez tendrá participación ciudadana. La CNE dio a conocer el trabajo que realizan los integrantes del Consejo Asesor en busca de garantizar un intercambio «transparente, dinámico y participativo» entre los candidatos que competirán en las elecciones del 22 de octubre.

Según lo establecido por la CNE, los debates será entre los cinco candidatos presidenciales que sortearon las PASO: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda). 

Se realizarán los domingos 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En caso de haber balotaje, se realizará un tercer debate el 12 de noviembre, también en la sede de Derecho de la UBA para «agilizar cuestiones organizativas», se detalló en rueda de prensa.

La presentación del Debate Presidencial 2023 estuvo a cargo de las autoridades de la CNE -su presidente, Alberto Dalla Via; su vicepresidente, Santiago Corcuera, y el juez de Cámara Daniel Bejas-, en un encuentro con la prensa realizado en la sede de la institución ubicada en el centro porteño.

«Se trata de un debate institucional de carácter obligatorio fijado por ley y representa un bien público porque surgió desde la sociedad civil. Por eso entendemos que el debate no es de los candidatos, sino más bien de los ciudadanos», expresó el presidente de la CNE durante la presentación.

Dalla Via destacó el trabajo que viene realizando desde principios de año el Consejo Asesor del Debate 2023 conformado por representantes de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil «comprometidas con la promoción de los valores democráticos», en busca de garantizar un debate «transparente, dinámico y participativo».

Entre los integrantes de este consejo se encuentran los exjueces León Carlos Arslanian y Ricardo Gil Lavedra; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y los especialistas Belén Amadeo, Atilio Borón, Marcelo Cavarozzi, Daniel Dessein, Delia Ferreira Rubio, Adriana Guerrero, Alejandro Tullio, Leandro Vergara, Manuel Calderón, Gala Díaz Langou, Héctor Paz y Silvana Vives.

El titular de la CNE indicó que los miembros del Consejo encargados de brindar asesoramiento durante el proceso y proponer los temas se «encuentran trabajando para brindar una mayor dinámica al debate» en tanto «está dirigido a la ciudadanía y no a los políticos».

También anunció que este jueves por la mañana se dio comienzo a través de una reunión a la intervención de los equipos de campaña de cada candidato para comenzar a generar acuerdos en los distintos puntos.

«Esperamos que haya acuerdo en todos los puntos del funcionamiento del debate y en caso de desacuerdo, será el tribunal quien defina», especificó Dalla Via.

Una de las novedades del debate presidencial de este año respecto de ediciones anteriores es la propuesta de incluir la participación ciudadana a través de la formulación de preguntas que podrán enviarse de manera anticipada. 

Luego de un proceso de curaduría, «serían seleccionadas las más pertinentes» para ser sorteadas durante el intercambio de los candidatos, se indicó.

«La propuesta es que cualquier ciudadano pueda enviar sus preguntas vinculadas a los temas y subtemas del debate y que no esté dirigida a un solo candidato, sino que por un mecanismo de selección azarosa del sobre o soporte en que esté contenida la pregunta, esta sea efectuada a uno de los candidatos», explicó Arslanian en la conferencia de prensa luego de la presentación junto a Gil Lavedra, ambos voceros del Consejo.

El jurista señaló que la expectativa es que se recibirá una «enorme demanda de preguntas», por lo cual se propone «crear una curaduría» para seleccionar las preguntas más pertinentes a través de un «procedimiento transparente que no deje lugar a ninguna suspicacia».

Para Arslanian esta «modalidad reglada y cuidadosa» permitirá satisfacer «el interés por parte de la opinión pública en general de tener algún tipo de intervención en el debate».

Por ahora no hay un límite de preguntas fijado y según lo expresado por Gil Lavedra la «idea es tratar de dar cabida a la participación ciudadana a través de un formulario donde puedan formular sus preguntas». Los detalles de esta dinámica es uno de los puntos que están siendo discutidos con los equipos de campaña de los candidatos.

Otro de los ítems sobre los que se busca acuerdo tiene que ver con el tiempo de exposición para cada candidato -hay una propuesta de duración de dos minutos- y si habrá o no posibilidad de intercambio y repreguntas entre postulantes.

Los debates son obligatorios por ley que prevé que deben participar todos los candidatos a presidente que superaron el 1,5% en las PASO, y si un postulante se niega a participar recibe una sanción que consiste en no otorgarle espacios de publicidad para su campaña electoral en televisión y radio

Además, Gil Lavedra confirmó que serán seis los ejes de debate, de los cuales, tres se desarrollarán el 1 de octubre y los otros tres en la segunda instancia, el 8 de octubre, cada uno con sus respectivos subtemas.

También informó que el debate será conducido por una pareja de periodistas de la televisión abierta que aún no se encuentra definida.

«Hay una propuesta de funcionamiento pero hay que terminar de cerrar la mecánica y si no hubiera acuerdo entre los candidatos sobre estas dinámicas, lo determinará el tribunal», detalló Gil Lavedra.

Y ponderó: «El objetivo es mantener un equilibrio entre lo que es un acto institucional ordenado por la ley y los requerimientos televisivos. Buscamos que este debate sea más dinámico manteniendo las formas institucionales«.

La ley que estableció los debates obligatorios prevé que deben participar todos los candidatos a presidente que superaron el 1,5% de los votos en las PASO, y si un postulante se niega a participar recibe una sanción que consiste en no otorgarle espacios de publicidad para su campaña electoral en televisión y radio.

Además, el lugar físico que debería ocupar el candidato que se niega a participar debe quedar vacío, para demostrar su ausencia.