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Elecciones

Agosto: elecciones en Santa Cruz y PASO en Catamarca, Entre Ríos y PBA

En los comicios santacruceños se elegirá gobernador, en tanto que en los otros distritos se llevarán a cabo las Primarias locales.

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Las elecciones provinciales de agosto se concentrarán todas el domingo 13, en coincidencia con las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales, dado que ese mismo día Santa Cruz elegirá gobernador mientras la ciudad y la provincia de Buenos Aires tendrán sus propias PASO locales, al igual que Catamarca y Entre Ríos.

En Santa Cruz, donde la gobernadora Alicia Kirchner será precandidata a senadora, más de 265 mil ciudadanos podrán votar con el sistema de lemas entre 13 fórmulas para elegir nuevo gobernador, diputados provinciales y representación popular en el Consejo de la Magistratura.

La elección de intendentes, concejales y presidentes de las Comisiones de Fomento se realizará en octubre, en forma diferida y a simple pluralidad de votos.

En estos comicios, el apellido Kirchner sólo aparecerá en la boleta que impulsa la precandidatura de la gobernadora a senadora nacional de Unión por la Patria (UxP) junto al presidente de YPF, Pablo González.

De las 13 fórmulas de candidatos a gobernador oficializadas por la Justicia Electoral, tres corresponden al lema UxP: Construyamos Juntos, Nace una Esperanza y Unidos por Santa Cruz.

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, y Javier Castro, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), encabezan la lista a gobernador y vice del sublema Construyamos Juntos, mientras los intendentes de El Calafate y Caleta Olivia, Javier Belloni y Fernando Cotillo, van por el sublema Nace una Esperanza.

El sublema Unidos por Santa Cruz, del Partido Justicialista, postula al presidente de la Federación Económica provincial, Guillermo Polke, junto a Miriam Giorgia.

En la oposición, el lema Cambia Santa Cruz presentará dos sublemas: uno encabezado por la diputada nacional (UCR) Roxana Reyes, denominado Juntos por Santa Cruz, y otro liderado por Mirey Zeidán (CC ARI), llamado El Cambio Verdadero.

El lema Frente de Izquierda y de Trabajadores oficializó la fórmula que encabeza el docente y dirigente del PO Juan Manuel Valentín, mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) postuló a Gustavo Daniel Nauto.

El lema Unión por Santa Cruz oficializó seis sublemas: Encuentro por Santa Cruz, del partido Encuentro Ciudadano que postuló al intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio (UCR); el Movimiento Integración Liberal e Independiente (MILEI), con Rubén Ferrara; Consenso PRO Santa Cruz, que marcará el debut en política del periodista Mario Markic; Cambiando Santa Cruz, con el intendente de Las Heras, José María Carambia; Somos Santa Cruz, con el exgobernador Sergio Acevedo (SER) y Santa Cruz Puede, que presentó al diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Claudio Vidal.

En Buenos Aires, habrá PASO para que más de 12 millones de votantes puedan elegir a los candidatos a gobernador, 135 intendentes; 46 diputados y 23 senadores,1.097 concejales y 401 consejeros escolares a nivel provincial, mientras en las primarias nacionales tendrán que designar candidatos para 35 bancas de diputados nacionales y 3 de senadores.

En busca de ratificar sus candidaturas para pelear por la gobernación en octubre se postularon el actual mandatario Axel Kicillof (UxP); Diego Santilli y Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio); Carolina Píparo (La Libertad Avanza); Rubén «Pollo» Sobrero y Alejandro Bodart (FIT); Soledad Yapura (Movimiento Avanzada Socialista) y Luis D’Elía (Principios y Valores).

También se presentan Eduardo Vázquez (Encuentro republicano federal); Ernesto Ludueña (Copebo); Oscar Alva (País); Pablo Vázquez (Vocación Social); Damián Díaz (Toba); Pablo Gobbi (Justicia y Dignidad Patriótica); Ayelén Alancay (Celeste provida); Carlos Geneiro (Esperanza); Leonardo Mollard (Liber.ar); Silvia Saravia (Libres del Sur) y Rosendo Pedernera (Proyecto Joven).

Otros precandidatos son Guillermo Baque (Movimiento de Integración Federal); Mario Guarnieri (Frente Patriota); Sergio Braga (Buenos Aires primero); Pablo Busch (Política Obrera); José Canalda (Unidad Social); Jaime Contreras (Frente Federal de Acción Social); y Antonio Guerrero (Confianza Pública).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tendrá que votar el domingo 13 con dos urnas, una de las cuales servirá para elegir con la Boleta Única Electrónica (BUE) a los candidatos a jefe de Gobierno, legisladores porteños y comuneros, mientras en la otra los porteños podrán designar a través de la tradicional boleta sábana a sus preferidos para competir en octubre por la Presidencia, diputados nacionales y del Parlasur.

Catamarca elegirá en las PASO provinciales los candidatos a gobernador, 20 diputados provinciales, mientras que en los departamentos Ambato, Andalgalá, Belén, Capital, Fray Mamerto Esquiú, Pomán, Santa Rosa y Valle Viejo votarán postulantes a senador.

Según el padrón electoral catamarqueño, 340.168 electores están habilitados para sufragar.

En estos comicios UxP postula al gobernador Raúl Jalil en busca de su reelección junto al vice Rubén Dusso, mientras el Frente Juntos por el Cambio tendrá internas entre dos listas para definir a los candidatos que competirán en octubre.

En el principal frente opositor se postularon por la lista «Catamarca Gana» el senador nacional Flavio Fama (UCR) y por la nómina «El Cambio de Nuestras Vidas» se presenta el diputado nacional Rubén Manzi (CC ARI).

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad postulará al abogado Ariel López (PO).

En Entre Ríos, que también unificó la fecha de sus comicios con las nacionales, más de un millón de electores votará en las PASO provinciales entre cinco frentes electorales a sus candidatos a gobernador, 17 senadores y 34 diputados provinciales, 83 presidentes municipales y vocales de juntas de Gobierno y comunas.

El oficialismo peronista presenta con la lista de Más para Entre Ríos al intendente de Paraná, Adán Bahl, como precandidato a gobernador, mientras el opositor Juntos por Entre Ríos tendrá competencia interna entre el exministro del Interior macrista Rogelio Frigerio y el diputado nacional de la UCR Pedro Jorge Galimberti.

La Libertad Avanza competirá con el productor agropecuario Sebastián Etchevehere, hermano del exministro de Agricultura y Ganadería de Cambiemos y expresidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, mientras la Confederación Vecinalista Entre Ríos presentará al exconductor radial Alberto Olivetti y el Frente de Izquierda-Unidad a la sindicalista docente Sofía Cáceres Sforza.

Elecciones

Un juez frenó los avisos de Trump pagados con 20 millones de dólares de los contribuyentes

The New York Times respondió preguntas de lectores sobre las elecciones del 3 de noviembre y expuso el uso de 20 millones de dólares públicos para avisos que glorifican a Trump, que un juez federal ordenó frenar, y el temor a la presencia de agentes del ICE en los centros de votación.

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A pocas semanas de las elecciones de medio término en EEUU, el Gobierno de Donald Trump usó al menos 20 millones de dólares de los contribuyentes para pagar avisos televisivos que glorifican al presidente, y un juez federal tuvo que ordenarle el domingo que cancelara los que quedaban al aire. Al mismo tiempo, la administración republicana alimenta con desinformación la sospecha de fraude electoral, mientras crece el temor a que agentes de inmigración se presenten en los centros de votación.

Ese clima quedó retratado en The Morning, el newsletter del diario estadounidense The New York Times, que esta semana dedicó su edición a responder preguntas de lectores sobre los comicios del 3 de noviembre. El editor del boletín, Adam B. Kushner, convocó a cinco periodistas del diario para contestar dudas sobre los avisos oficiales de Trump, la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las urnas, la exigencia de documento para votar y la impunidad de las campañas que mienten.

Propaganda con plata de todos

La ley federal estadounidense prohíbe usar fondos aprobados por el Congreso para fines de «publicidad o propaganda». Según explicó la corresponsal en la Casa Blanca Maggie Haberman, los abogados de la Casa Blanca avalaron los avisos, pero ni siquiera algunos aliados del presidente están convencidos de que sean legales.

Haberman marcó la diferencia: el dinero público puede financiar anuncios de servicio público sobre un programa o una política, pero estos spots exaltan la figura de Trump, incluso el que se refiere a la captura de Nicolás Maduro, que también termina en un elogio al presidente.

Los avisos comenzaron a emitirse a fines de septiembre, financiados con 20 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Uno de ellos es directamente una copia de un spot de la campaña presidencial de Trump de 2024, al que solo le cambiaron el sello de la campaña por la leyenda de que lo pagó el Gobierno de Estados Unidos. Otro muestra al mandatario caminando en blanco y negro por un pasillo mientras habla de «la batalla final» contra «el Estado profundo» y «los globalistas».

La reacción fue amplia. Legisladores de ambos partidos cuestionaron el gasto, organizaciones de defensa del voto representadas por Democracy Forward y el Comité Nacional Demócrata presentaron demandas, y un juez federal ordenó el domingo cancelar los avisos restantes. Ante la presión, Trump anunció que desde ahora los pagará con fondos de su comité de acción política MAGA Inc., aunque defendió hasta el final que usar dinero público para promocionarse era «algo bastante estándar».

El fantasma del ICE en las urnas

Otra de las preguntas que recibió el diario fue si habrá agentes del ICE en los centros de votación. La periodista de investigación Alexandra Berzon, especializada en sistemas electorales, respondió que la ley es clara: los agentes federales armados no pueden ingresar a los lugares de votación. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia aseguraron que no tienen planes de enviar agentes armados a patrullarlos.

Sin embargo, Berzon advirtió que funcionarios electorales y defensores del derecho al voto temen que esa sola posibilidad aleje a votantes, y señaló que funcionarios del Gobierno difundieron desinformación sobre los padrones al asegurar que están inflados de no ciudadanos. Es la misma estrategia de siembra de sospechas que el trumpismo viene usando desde su derrota de 2020.

Documento para votar y mentiras sin castigo

El debate sobre la exigencia de documento de identidad para votar también ocupó espacio. Michael Gold, que cubre el Congreso, explicó los argumentos de sus críticos: algunas leyes solo aceptan licencias de conducir, pasaportes o identificaciones estatales que cuestan dinero y tiempo, y los votantes mayores, pobres y no blancos tienen menos probabilidades de contar con ellas. Muchos demócratas sostienen que un derecho constitucional no puede quedar condicionado por esas barreras, sobre todo cuando el fraude electoral es poco frecuente.

Sobre por qué las campañas pueden emitir avisos que mienten sobre sus rivales, Bayliss Wagner, periodista política del diario, recordó que la Primera Enmienda le da al discurso político la máxima protección. Los candidatos pueden ser demandados por difamación si difundieron afirmaciones falsas a sabiendas, pero el umbral para ganar esos juicios es muy alto y los tribunales son lentos. Además, no hace falta mentir abiertamente para distorsionar la verdad: alcanza con omitir contexto, difundir acusaciones sin pruebas o sacar conclusiones engañosas.

En cuanto a las encuestas, la editora de sondeos Ruth Igielnik contó que, tras probar mensajes de texto, correo y entrevistas online para la encuesta Times/Siena, el clásico llamado telefónico sigue dando los resultados más precisos.

Una democracia bajo presión

Las respuestas del diario neoyorquino dibujan un mapa inquietante: un presidente que usa el aparato estatal para hacer campaña, un Gobierno que instala sospechas infundadas sobre los padrones y votantes que temen ser intimidados en las urnas. El control del Senado se definirá en noviembre en un escenario donde las reglas de juego están siendo forzadas desde la propia Casa Blanca.

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