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Procesaron al seguidor de LLA que amenazó a Grabois y otros dirigentes

«Quienes necesiten asistencia jurídica en este tipo de casos de violencia política nos pueden escribir a argentinasinmiedo@gmail.com», completó en su publicación en X.

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El dirigente social y líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, confirmó este viernes que la justicia ordenó el procesamiento y embargo por 600.000 pesos del seguidor de La Libertad Avanza (LLA), Marco Antonio Chediek, por «amenazas e incitación a la violencia colectiva» a través de las redes sociales.

«El que las hace las paga. Primer procesado por amenazas e incitación a la violencia colectiva contra varios dirigentes y organizaciones, en particular contra nosotros», anunció Grabois en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas quien dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Marco Antonio Chediek por encontrarlo «prima facie» responsable de los delitos de amenazas e incitación a la violencia colectiva.

Además se embargaron los bienes y dinero de Chediek por 600.000 pesos.Grabois recordó que «el señor Chediek, empresario y activista de La Libertad Avanza» había realizado un video en la plataforma TikTok amenazándolo de muerte si se hacía presente en alguna manifestación en contra del Gobierno del presidente Javier Milei.

«Dice explícitamente que me cuide porque estaba `regalado` y `ellos` me iban a matar, que usemos chalecos antibalas y que llevemos matafuegos, que ellos no tiraban con balas de goma, etc, etc, finalizando con `estás notificado` entre otras», afirmó Grabois.

El dirigente sostuvo que cuenta con un equipo de abogados que «tiene varios expedientes más en curso por hechos similares» y advirtió que «no le vamos a dejar pasar una».

«Quienes necesiten asistencia jurídica en este tipo de casos de violencia política nos pueden escribir a argentinasinmiedo@gmail.com», completó en su publicación en X.

El estudio de abogados que creó con el objetivo de judicializar todos los hechos de violencia política (amenazas, agresiones, hostigamiento, difamaciones, falsas imputaciones o noticias falsas) se encuentra a disposición de «todas las organizaciones, militantes y cualquier persona que sufra este tipo de avasallamiento a su libertad», según informaron fuentes partidarias.

El hombre, de 51 años, se encontraba imputado por amenazas e intimidación pública dado que el 24 de noviembre publicó un video en su cuenta personal de la red social TikTok de dos minutos de duración, donde profirió amenazas contra cualquier dirigente político o social que pudiera pretender manifestarse eventualmente contra alguna medida que pudiera tomar el Gobierno de Javier Milei, quien había resultado electo presidente cinco días antes.

En el video, amenazaba a Grabois con que «no joda con los milicos» porque «no tenemos nada que perder, la gente que te sigue tiene mucho más que perder, tiene familia».

«En la (avenida) 9 de Julio te tenemos regalado, ni la Policía lo va a poder parar. A la gente que va a ir no la van a poder parar, la Policía no va a reprimir, va a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder, estás notificado», reiteró Chediek.

Además le deseó «suerte» a Grabois y le aconsejó que lleve «chalecos porque de este lado no hay balas de goma».

El seguidor de Milei también amenazó al Secretario General del Suteba de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel y al referente de la Izquierda Socialista y sindicalista, Rubén «Pollo» Sobrero, y los hizo «responsables de lo que les pueda llegar a pasar a sus militantes».

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Narcoescándalo en Morón: hallaron cocaína en la casa de funcionaria de Lucas Ghi y está prófuga

La funcionaria designada por el intendente de Morón fue imputada por integrar una banda de narcomenudeo. Encontraron más de 500 gramos de cocaína en su domicilio de Castelar. El municipio intentó reducir su rango en el comunicado oficial.

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El narcoescándalo de Morón: cómo el municipio intentó ocultar el rango de una funcionaria prófuga

★ Un operativo de la Policía Federal Argentina desató un escándalo político e institucional en el distrito de Morón: uno de los ocho allanamientos realizados en el marco de una investigación por narcotráfico terminó en la vivienda de Luna Suyai Ortigoza, directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio, designada mediante el decreto N° 1236/2025 firmado por el intendente Lucas Ghi. En el inmueble ubicado en la calle Isabel Pardo al 2500, en el barrio de Castelar Sur, los efectivos secuestraron 509 gramos de cocaína compactada tipo ladrillo y cuatro fragmentos de marihuana, distribuidos entre la cocina y la habitación principal. Ortigoza, de 27 años, no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento. La Justicia dispuso su captura y permanece prófuga.

Una causa que nació en marzo

La investigación se inició en marzo de 2026 a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre maniobras de narcomenudeo en la localidad de Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense. La Fiscalía N° 9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso tareas de campo para corroborar la denuncia. Lo que los investigadores reconstruyeron fue una organización dedicada al acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo, con al menos ocho personas señaladas como integrantes, que operaba en los partidos de Morón y Merlo y cuyo jefe alternaba puntos de venta e incluso realizaba entregas a domicilio.

El operativo final, supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, incluyó ocho allanamientos simultáneos. En el total de los procedimientos, además de la cocaína y la marihuana halladas en el domicilio de Ortigoza, se incautaron 1,7 kilos adicionales de cocaína, 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, un revólver calibre 32, un cargador calibre 22, municiones y teléfonos celulares.

La directora que el municipio llamó «empleada»

El dato político más resonante no fue solo el hallazgo en sí mismo, sino la maniobra comunicacional del gobierno municipal. En el comunicado oficial difundido horas después del operativo, el Municipio de Morón informó la «desvinculación inmediata» de la «empleada involucrada», eludiendo precisar que Ortigoza no era una trabajadora de base sino una directora designada por decreto, con una carga horaria de 48 horas semanales, a cargo de una dependencia de género del Estado local. La documentación oficial disponible, el decreto N° 1236/2025, desmiente la versión institucional: Ortigoza ejercía un cargo de conducción política, no un puesto administrativo.

Frente al escándalo, voceros del municipio difundieron una versión según la cual Ortigoza se encontraba «de vacaciones en la casa de su madre» al momento del allanamiento y habría manifestado su intención de presentarse ante la Justicia «cuanto antes». Esa intención, según constató el diario Primer Plano Online, no se concretó. La exfuncionaria permanece prófuga.

El descargo que no convenció

La versión que circuló desde el entorno de Ortigoza, recogida por Infobae, es que la joven había iniciado una relación de pareja con un joven que comenzó a dejar pertenencias en su casa, lo que habría explicado el hallazgo de la droga. La Justicia no avaló ese relato: el pedido de captura se mantiene vigente y la investigación continúa abierta con al menos ocho imputados en total.

El episodio generó, según consignó el portal Quinto Poder, una pregunta incómoda en la arena política de Morón: si la organización investigada llevaba meses operando en el distrito, si la denuncia anónima data de marzo y si los fiscales ordenaron tareas de inteligencia previas, la pregunta sobre el grado de conocimiento de la estructura municipal resulta difícil de eludir. El área de Género, cuya conducción estaba en manos de Ortigoza, opera en el territorio más sensible de la gestión local: el de los vínculos barriales y la proximidad con sectores vulnerables.

Un municipio con múltiples frentes de desgaste

El escándalo impacta sobre una administración que, según el análisis del mencionado portal político, acumula desgaste por varios frentes simultáneos: disputas presupuestarias, cuestionamientos en materia de seguridad y conflictos en áreas sanitarias. La imagen de la directora de Género de Morón imputada por integrar una banda narco no solo daña la gestión concreta, sino que contradice de manera frontal uno de los discursos identitarios del peronismo municipal: el de la política de proximidad y el compromiso con los sectores más postergados.

La causa queda en manos de la Fiscalía N° 9 de Morón y el expediente continúa abierto. Ortigoza sigue sin aparecer.

Puntos clave

  • Luna Suyai Ortigoza era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón, designada por decreto del intendente Lucas Ghi.
  • En su domicilio de Castelar se secuestraron 509 gramos de cocaína compactada y fragmentos de marihuana.
  • La investigación se inició en marzo de 2026 por una denuncia anónima sobre narcomenudeo en Castelar.
  • La Justicia libró orden de captura y Ortigoza permanece prófuga pese a haber anticipado que se presentaría.
  • El Municipio minimizó su rango en el comunicado oficial, definiendo a la exdirectora como «empleada involucrada».
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