Dos legisladores porteños del espacio Republicanos Unidos, perteneciente a Ricardo López Murphy, presentaron un proyecto de ley para que las provincias paguen por cada ciudadano que utilice los sistemas de salud y educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reintegrando los gastos al mismo Estado porteño. Se trata de una iniciativa creada por Marina Kienast y con la coautoría de Roberto García Moritán, que plantearon un «Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional».

«Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras», señaló Kienast.

El proyecto mostró que, de la última información recabada en el año 2015, los habitantes de la provincia de Buenos Aires representaron el 40% de las consultas médicas externas en centros públicos porteños.

Además, destacaron que cifras similares representan las internaciones, con un 45% del total, proveniente de la provincia que administra Axel Kicillof. 

En 2016, «esto implicaba un total de 71.187 egresos satisfactorios. Considerando que actualmente un día de internación cuesta $ 15.979 y el promedio es de 11 días, el costo total monetario de brindar el servicio de internaciones para residentes de otro distrito es de $ 11.406 millones anuales«.

Por otro lado, plantearon que en el año 2020, el 7% de los alumnos de escuelas públicas en los niveles inicial, primario y secundario residían «en la Provincia que rodea a la Ciudad. La mayor notoriedad en la disparidad se da en las Comunas 11 y 13, donde más del 17% del alumnado es no residente».

Marina Kienast y Roberto García Moritán contabilizaron el gasto por alumno en la ciudad de Buenos Aires y concluyeron que brindar el servicio de educación pública a los 20.627 alumnos de la provincia de Buenos Aires le cuesta al gobierno porteño «unos $ 2.805 millones anuales aproximadamente«.

«En síntesis, la ciudad está en pleno derecho de pedirle compensación económica por la inversión educativa realizada a otras provincias por alumnos no residentes»,  argumentaron los legisladores de López Murphy.

Y agregaron: «La salud y la educación son ‘gratis’, pero para los porteños, ya que ellos son quienes abonan sus impuestos aquí. El resto de los argentinos podrán atenderse en la ciudad y su respectiva provincia deberá respaldar los gastos».

Qué dice el proyecto de ley

El texto señala que «los establecimientos del sistema de salud pública de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que este designe» cuando «una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción» sea atendido en un centro asistencial.

Asimismo, se deberá detallar «la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones». Luego, según dice el proyecto, se remitirán en forma mensual «los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados».

Con respecto al sistema educativo, se detalla que «los padres o tutores cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera» de la CABA «que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes».

«Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente», finaliza.   

«Seguirá siendo gratis, pero que no lo paguen los porteños»

Kienast remarcó que «el consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA«.

“Lo importante es que el proyecto busca mejorar la gestión de los gobiernos, sin afectar a la persona que se atiende en un hospital o que manda sus hijos a la escuela. Para ellos seguirá siendo gratis la salud y la educación, pero sin que lo paguen los porteños”, dijo García Moritán a Clarín.

Ricardo López Murphy añadió que «los ciudadanos de CABA no deben recibir el costo de los servicios prestados a personas de otras jurisdicciones. Esto no va a generar ningún costo para quienes utilicen los servicios. Estamos planteando una transferencia entre provincias, para que se disminuya la carga fenomenal que se está poniendo sobre la Ciudad«.