Política 📢
El marido de Pampita quiere que los que no viven en CABA paguen por salud y educación
Se trata de una iniciativa del legislador porteño Roberto García Moritán y su compañera Marina Kienast.
Dos legisladores porteños del espacio Republicanos Unidos, perteneciente a Ricardo López Murphy, presentaron un proyecto de ley para que las provincias paguen por cada ciudadano que utilice los sistemas de salud y educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reintegrando los gastos al mismo Estado porteño. Se trata de una iniciativa creada por Marina Kienast y con la coautoría de Roberto García Moritán, que plantearon un «Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional».
«Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras», señaló Kienast.
El proyecto mostró que, de la última información recabada en el año 2015, los habitantes de la provincia de Buenos Aires representaron el 40% de las consultas médicas externas en centros públicos porteños.
Además, destacaron que cifras similares representan las internaciones, con un 45% del total, proveniente de la provincia que administra Axel Kicillof.
En 2016, «esto implicaba un total de 71.187 egresos satisfactorios. Considerando que actualmente un día de internación cuesta $ 15.979 y el promedio es de 11 días, el costo total monetario de brindar el servicio de internaciones para residentes de otro distrito es de $ 11.406 millones anuales«.

Por otro lado, plantearon que en el año 2020, el 7% de los alumnos de escuelas públicas en los niveles inicial, primario y secundario residían «en la Provincia que rodea a la Ciudad. La mayor notoriedad en la disparidad se da en las Comunas 11 y 13, donde más del 17% del alumnado es no residente».
Marina Kienast y Roberto García Moritán contabilizaron el gasto por alumno en la ciudad de Buenos Aires y concluyeron que brindar el servicio de educación pública a los 20.627 alumnos de la provincia de Buenos Aires le cuesta al gobierno porteño «unos $ 2.805 millones anuales aproximadamente«.
«En síntesis, la ciudad está en pleno derecho de pedirle compensación económica por la inversión educativa realizada a otras provincias por alumnos no residentes», argumentaron los legisladores de López Murphy.
Y agregaron: «La salud y la educación son ‘gratis’, pero para los porteños, ya que ellos son quienes abonan sus impuestos aquí. El resto de los argentinos podrán atenderse en la ciudad y su respectiva provincia deberá respaldar los gastos».
Qué dice el proyecto de ley
El texto señala que «los establecimientos del sistema de salud pública de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que este designe» cuando «una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción» sea atendido en un centro asistencial.

Asimismo, se deberá detallar «la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones». Luego, según dice el proyecto, se remitirán en forma mensual «los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados».
Con respecto al sistema educativo, se detalla que «los padres o tutores cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera» de la CABA «que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes».
«Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente», finaliza.
«Seguirá siendo gratis, pero que no lo paguen los porteños»
Kienast remarcó que «el consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA«.
“Lo importante es que el proyecto busca mejorar la gestión de los gobiernos, sin afectar a la persona que se atiende en un hospital o que manda sus hijos a la escuela. Para ellos seguirá siendo gratis la salud y la educación, pero sin que lo paguen los porteños”, dijo García Moritán a Clarín.
Ricardo López Murphy añadió que «los ciudadanos de CABA no deben recibir el costo de los servicios prestados a personas de otras jurisdicciones. Esto no va a generar ningún costo para quienes utilicen los servicios. Estamos planteando una transferencia entre provincias, para que se disminuya la carga fenomenal que se está poniendo sobre la Ciudad«.
Femicidio
Fueron 169 las víctimas de femicidio en 8 meses: el mapa de la violencia de género que Milei niega
El Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano registró 144 femicidios y femicidios vinculados, 8 transfemicidios y 17 crímenes vinculados de varones entre enero y agosto de 2026. Otros 203 hijos e hijas quedaron sin madre, el 57% son menores de edad. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema constató un incremento del 8% en las denuncias durante la última feria judicial de invierno.
El horror tiene número y el número sigue creciendo. Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, 169 personas fueron asesinadas en la Argentina como consecuencia directa de la violencia de género, según el informe publicado por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano», dirigido por La Casa del Encuentro. La cifra desagregada revela la magnitud del problema: 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, todos ellos asesinados en el marco de la violencia patriarcal.
Detrás de cada número hay una historia de violencia previa, de denuncias ignoradas, de medidas cautelares incumplidas y de un sistema que llega tarde o no llega. El 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y el 67% de los crímenes ocurrió dentro de la propia vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. La violencia de género no viene de afuera: habita en el lugar donde debería reinar la seguridad.
203 hijos e hijas sin madre
El impacto generacional de estos crímenes es devastador. 203 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia directa de los femicidios relevados en estos ocho meses, y el 57% de ellos son menores de edad. Niños y niñas que crecerán con la ausencia como marca permanente, con la herida de haber perdido a su madre a manos de un hombre, en muchos casos el mismo que debía proteger a la familia.
En términos geográficos, la distribución no es pareja pero el problema es de alcance nacional. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba. No existe una región del país que pueda declararse ajena a esta crisis.
349 tentativas: la violencia que no mató pero pudo hacerlo
El informe incorpora también un dato que suele quedar fuera del debate público: 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Son mujeres que sobrevivieron, pero que siguen en riesgo. Entre los casos relevados, un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas al crimen, lo que pone en evidencia una falla estructural del sistema judicial y de las políticas de protección: las denuncias existieron, el peligro estaba documentado, y aun así la violencia llegó a consumarse.
Esta brecha entre la denuncia y la protección efectiva es uno de los nudos más críticos del problema. No alcanza con que las mujeres denuncien si el Estado no garantiza que esa denuncia se traduzca en una medida real de resguardo de su vida.
La feria judicial y el termómetro de la OVD
En paralelo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aportó su propio registro sobre el período de la última feria judicial de invierno. La OVD asistió a 600 personas. De ese total, 357 denunciaron violencia doméstica, lo que representó un incremento del 8% respecto al mismo período del año anterior. Se realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que en el período previo.
Los datos de tipología de violencia son reveladores: predominó la violencia psicológica (97%), seguida por la simbólica (58%) y la física (38%). El equipo médico evaluó a 70 personas y constató lesiones en el 81% de los casos; de ese grupo, el 74% presentaba antecedentes por episodios anteriores. La violencia que termina en femicidio rara vez surge de la nada: tiene historia, tiene señales y, en demasiados casos, tiene expedientes judiciales previos.
El 49% de las víctimas asistidas tenía entre 18 y 59 años, y el 44% de los vínculos correspondió a parejas o exparejas, en línea con los datos del Observatorio Adriana Zambrano sobre el universo de femicidios consumados.
Una crisis que el ajuste profundiza
Las cifras de 2026 se producen en un contexto de desfinanciamiento sostenido de las políticas de género y de protección a las víctimas de violencia. Los recortes presupuestarios ejecutados por la gestión de Javier Milei afectaron de manera directa a los programas de asistencia, a los hogares de tránsito y a los dispositivos territoriales que funcionaban como primera línea de contención para mujeres en situación de riesgo. Un Estado que achica su presencia en los barrios, en los centros de salud y en la justicia de proximidad es un Estado que deja a las mujeres más vulnerables frente a sus agresores.
La violencia de género no es un fenómeno privado ni individual. Es una emergencia pública que requiere respuesta institucional sostenida, financiamiento real y voluntad política. Los números del Observatorio Adriana Zambrano y de la OVD lo confirman una vez más: mientras se debate en abstracto, las mujeres y las disidencias siguen muriendo.
Los números de la violencia de género
- 169 personas asesinadas por violencia de género entre enero y agosto de 2026, según el Observatorio Adriana Zambrano (La Casa del Encuentro).
- 203 hijos e hijas quedaron sin madre; el 57% son menores de edad.
- El 67% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor.
- 349 tentativas de femicidio en seguimiento; un 16% de las víctimas tenía denuncias previas.
- La OVD registró un aumento del 8% en las denuncias por violencia doméstica durante la feria judicial de invierno.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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