La Secretaría de Transporte, conducida por Mariano Plencovich, debió emitir un comunicado de urgencia para aclarar que la vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE es una opción adicional y voluntaria, y que el certificado físico mantiene plena vigencia. La aclaración llegó después de que cientos de personas con discapacidad pasaran días haciendo largas filas en sedes de ANSES, en medio de una plataforma digital saturada y de reportes de choferes que negaron el beneficio a pasajeros que no habían realizado el trámite de vinculación digital.

El comunicado oficial, difundido el 18 de junio, intentó calmar una situación que el propio Gobierno había contribuido a generar. El 12 de junio, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni anunció que desde el 19 de junio las personas con discapacidad podrían viajar gratis en colectivos y trenes utilizando directamente la tarjeta SUBE vinculada al CUD, sin necesidad de presentar el certificado físico. El anuncio, leído por miles de beneficiarios como un cambio de sistema, desencadenó una corrida hacia los puntos de atención.

Filas, caída del sistema y choferes que negaban el servicio

Desde el 16 de junio, cuando se habilitó el trámite online, la plataforma del sitio oficial de SUBE colapsó por la demanda simultánea. Según consignaron diversos medios, cientos de personas acudieron en masa a las sedes de ANSES, en particular a las ubicadas en las estaciones de Constitución y Retiro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron filas de varias horas. Muchos usuarios declararon a periodistas que intentaron hacer el trámite digital pero el sistema les devolvía errores, por lo que optaron por concurrir en persona.

La situación en el transporte fue aún más grave. Según testimonios difundidos por distintos medios y organizaciones de la sociedad civil, algunos choferes advirtieron a pasajeros con discapacidad que podrían enfrentar restricciones si no habían realizado la vinculación con la SUBE. En casos más extremos, usuarios aseguraron haber sido obligados a descender de los colectivos pese a presentar la documentación correspondiente. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) señaló públicamente que persistían dudas sobre el funcionamiento del nuevo sistema y su compatibilidad con el uso del CUD.

La aclaración oficial: lo que el Gobierno debería haber dicho desde el principio

El comunicado de la Secretaría de Transporte fue, en buena medida, un ejercicio de control de daños. El texto oficial precisó que las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo mediante la presentación del CUD físico, que permanece en plena vigencia, y que la nueva modalidad de vinculación a la SUBE es optativa y no reemplaza al sistema anterior. Estableció además que todas las empresas de transporte y sus conductores deberán aceptar ambas modalidades, bajo pena de las sanciones correspondientes.

El texto oficial puntualizó que ante cualquier negativa a reconocer el beneficio, impedimento de viaje o exigencia de requisitos no previstos en la normativa, los usuarios pueden realizar denuncias a través de la línea gratuita 0800-333-0300, la web de Transporte, o en forma presencial en la sede central de Maipú 88 en la Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier delegación regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en todo el país.

Un derecho que ya existía, en el centro de la tormenta

El episodio puso en evidencia una de las tensiones recurrentes de la gestión de Javier Milei en materia de discapacidad: la distancia entre los anuncios y la implementación efectiva. La gratuidad del transporte para personas con discapacidad mediante la presentación del CUD no era una novedad; se trataba de un derecho preexistente. Lo que el Gobierno presentó como una mejora tecnológica se convirtió en una fuente de desinformación masiva que derivó en discriminación concreta sobre uno de los sectores más vulnerables del sistema de salud y transporte.

No es la primera vez que el sector de discapacidad queda expuesto a la improvisación comunicacional oficial. A lo largo de 2025, organizaciones como la REDI, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron informes ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU denunciando un deterioro generalizado de las políticas públicas del sector bajo la administración libertaria, que incluyó el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, una medida que las mismas organizaciones calificaron de regresiva.

Puntos clave

• La Secretaría de Transporte confirmó que el CUD físico mantiene plena vigencia y que la vinculación a la SUBE es opcional y voluntaria.
• Cientos de personas con discapacidad hicieron largas filas en sedes de ANSES tras un anuncio oficial que generó confusión masiva sobre la supuesta obligatoriedad del trámite.
• La plataforma digital de SUBE colapsó por el volumen de intentos de vinculación, forzando la atención presencial.
• Se registraron casos de choferes que negaron el servicio a pasajeros con CUD vigente por no haber realizado la vinculación digital.
• Organizaciones de derechos humanos habían denunciado ante la ONU el deterioro de las políticas de discapacidad bajo el gobierno de Milei, incluyendo el cierre de la ANDIS.