La Coalición Cívica (CC) solicitó formalmente la renuncia de Manuel Adorni, actual vocero presidencial y candidato a legislador porteño, tras acusarlo de utilizar su posición en la Casa Rosada para impulsar su campaña electoral. «No puede hacer campaña desde el atril de la Casa Rosada», afirmó el partido en un comunicado, en el que también denunció un uso indebido de recursos públicos para fines proselitistas.

El pedido de renuncia se suma a una creciente ola de críticas hacia Adorni, quien en las últimas semanas ha combinado su rol como portavoz del gobierno con actividades de campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la CC señalaron que esta dualidad de funciones representa «una clara violación a los principios de transparencia y ética pública».

¿Campaña o gestión?

El principal cuestionamiento radica en el uso del atril presidencial como plataforma para promover su candidatura. Durante una reciente conferencia de prensa, Adorni dedicó varios minutos a destacar propuestas que forman parte de su campaña electoral, lo que generó indignación en la oposición. «Es inadmisible que un funcionario utilice su cargo para obtener ventajas electorales», expresó el diputado Juan Manuel López, referente de la Coalición Cívica.

Además, desde la oposición señalaron que Adorni ha participado en actos oficiales que, según ellos, tienen un claro tinte proselitista. «El límite entre la gestión y la campaña se ha desdibujado completamente», agregó López.

Un debate sobre ética y recursos públicos

El caso de Adorni reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos en campañas electorales. Según la Ley de Ética Pública (Ley 25.188), los funcionarios tienen la obligación de actuar con imparcialidad y evitar cualquier conflicto de interés que pueda surgir entre sus responsabilidades oficiales y sus intereses personales o políticos.

En este contexto, la Coalición Cívica no solo pidió la renuncia de Adorni, sino que también instó a la Oficina Anticorrupción a investigar si se han utilizado fondos públicos para financiar actividades de campaña. «Es fundamental garantizar que los recursos del Estado no sean utilizados para fines partidarios», subrayaron desde el partido.

La respuesta del oficialismo

Desde el gobierno, Adorni rechazó las acusaciones y defendió su derecho a postularse como candidato. «Mi rol como vocero no interfiere con mi campaña. Estoy cumpliendo con mis responsabilidades de manera transparente», aseguró en declaraciones a la prensa. Sin embargo, evitó responder directamente a las denuncias sobre el uso del atril presidencial para promover su candidatura.

Por su parte, el presidente Javier Milei respaldó a Adorni y calificó las críticas como «un intento desesperado de la oposición por desviar la atención de los verdaderos problemas del país». «Manuel es un funcionario comprometido y tiene todo el derecho de participar en política», afirmó Milei.

El caso de Adorni no es el primero en generar polémica sobre el uso de recursos públicos en campañas electorales. En 2019, el entonces presidente Mauricio Macri fue cuestionado por utilizar actos oficiales para promover su reelección. Más recientemente, en 2021, el Frente de Todos enfrentó críticas similares durante la campaña legislativa y luego Sergio Massa en las presidenciales de 2023.

El pedido de renuncia de Adorni plantea una pregunta clave sobre la ética en la política: ¿hasta qué punto es aceptable, o no, que un funcionario en ejercicio de funciones participe activamente en una campaña electoral?