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Motosierra en la Defensoría del Público: despidos y remate de bienes por orden de Sturzenegger

La medida implicó el despido de 100 trabajadores, el ministro acusó al «kirchnerismo» y comparó a Milei con Sarmiento.

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El-Argentino-Federico Sturzenegger.

El Gobierno anunció el desmantelamiento parcial de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), organismo creado en 2009 bajo la Ley de Medios.

La medida implicó el despido de 100 trabajadores y el remate de bienes, incluido un estudio de televisión móvil. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 107/2024, publicada en el Boletín Oficial el 17 de diciembre.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la iniciativa argumentando un excesivo gasto estatal y criticó la función de la DPSCA como «herramienta de persecución política».

Críticas al gasto y al funcionamiento del organismo

Sturzenegger afirmó que la DPSCA, desde su creación en 2009, tuvo un costo acumulado de 70 millones de dólares para el Estado. Según el funcionario, en 2023 el costo por denuncia tramitada alcanzó 1,5 millones de pesos.

En su mensaje en la red social X, calificó al organismo como un brazo del «adoctrinamiento kirchnerista» y denunció que el estudio de TV portátil de la Defensoría se utilizaba para actividades propagandísticas durante la temporada de verano.

Despidos y remate

Con esta resolución, la plantilla de la DPSCA pasó de 144 empleados a 40, y los bienes sobrantes, como el mencionado estudio móvil, serán rematados. Según Sturzenegger, esto aliviará la carga económica y limitará el uso del organismo como “herramienta de persecución”.

Defensa de los «modales sarmientinos» del presidente Milei

El funcionario elogió la comunicación directa del presidente Javier Milei, comparándola con la actitud combativa de Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX. «Ni el gobierno ni el presidente rehuyen el debate de ideas. Se proponen discusiones abiertas, donde se respeta plenamente el derecho de expresarse», señaló, destacando que el oficialismo no utiliza fondos públicos para «disciplinar a la prensa».

Gremiales

Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros

Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.

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La Corte abrió la puerta a la entrega de tierras y la calle responde con contundencia.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.

La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.

Una decisión que habilita la extranjerización

El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.

«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».

La oposición busca quórum para derogar el DNU

El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.

La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.

Bregman apunta al corazón político del fallo

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.

La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
  • El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
  • Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
  • La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
  • La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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