Gremiales
Martínez adelantó rechazo de la CGT a la reforma laboral, aunque sigue negociando con Caputo
El líder de la UOCRA participó del Consejo de Mayo y adelantó la postura crítica de la central obrera, aunque mantiene el diálogo con el asesor presidencial. El proyecto incluiría cambios en ultraactividad, financiamiento sindical y democracia gremial.
★ El titular de la UOCRA y referente de la CGT, Gerardo Martínez, afirmó este miércoles que la central obrera «no está de acuerdo» con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, aunque el texto completo aún no se conoce públicamente. La declaración se produjo tras su participación en la reunión del Consejo de Mayo, donde representó al sector sindical.
«No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante», sostuvo Martínez al retirarse del encuentro realizado en Casa Rosada.
Negociación paralela con el asesor presidencial
A pesar de la postura crítica expresada públicamente, Martínez se trasladó tras la reunión a la oficina de Santiago Caputo, el influyente asesor de Milei, para continuar las conversaciones en privado. Este doble movimiento —rechazo público y diálogo reservado— marca la estrategia actual de la CGT frente a una reforma que todavía no tiene texto definitivo.
La presentación oficial del proyecto se concretará sin que exista un acuerdo total con los actores que integran el Consejo de Mayo, según confirmaron fuentes del oficialismo consultadas por distintos medios.
Los ejes centrales de la reforma
Según trascendió desde el Gobierno, el borrador elaborado por la administración libertaria incluiría modificaciones en varios puntos sensibles para el movimiento sindical: ultraactividad de los convenios colectivos, relación entre convenios, cargas fiscales, financiamiento de sindicatos y cámaras empresariales, peajes sindicales, derechos colectivos e individuales del trabajo, situación de trabajadores autónomos y democracia sindical.
Sobre estos contenidos, Martínez fue categórico: «No estamos de acuerdo en todos los puntos». El sindicalista adelantó que la CGT rechazará todo aquello que considere lesivo para los derechos de los trabajadores, aunque reconoció que la existencia de un proyecto regresivo «sigue siendo una pretensión para nosotros pero no para el Gobierno».
Un Consejo sin acuerdos vinculantes
El dirigente de la UOCRA reveló que en las distintas reuniones del Consejo de Mayo cada sector expuso su punto de vista sobre las cuestiones abordadas, en la mayoría de los casos sin llegar a acuerdos. Subrayó el carácter meramente consultivo y no vinculante de este espacio de diálogo.
En la reunión de este miércoles participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo por la Cámara Baja; Martínez por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.
La estrategia de la CGT parece oscilar entre marcar posición crítica y mantener abiertos los canales de negociación, en un contexto donde el Gobierno avanza con su agenda de desregulación del mercado laboral sin mostrar intenciones de retroceder en los puntos centrales de la reforma.
Puntos clave:
• La CGT anticipó su rechazo a la reforma laboral aunque desconoce el texto completo del proyecto
• Gerardo Martínez mantuvo reuniones con Santiago Caputo tras el Consejo de Mayo para continuar negociaciones privadas
• El proyecto incluiría cambios en ultraactividad, financiamiento sindical y democracia gremial
• El Consejo de Mayo tiene carácter consultivo y no vinculante, según remarcó el titular de la UOCRA
• El Gobierno presentará la reforma sin acuerdo total con los actores sociales convocados
Gremiales
Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros
Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.
La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.
Una decisión que habilita la extranjerización
El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.
«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».
La oposición busca quórum para derogar el DNU
El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.
La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.
Bregman apunta al corazón político del fallo
La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.
La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
- El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
- Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
- La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
- La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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