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Gremiales

Martínez adelantó rechazo de la CGT a la reforma laboral, aunque sigue negociando con Caputo

El líder de la UOCRA participó del Consejo de Mayo y adelantó la postura crítica de la central obrera, aunque mantiene el diálogo con el asesor presidencial. El proyecto incluiría cambios en ultraactividad, financiamiento sindical y democracia gremial.

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★ El titular de la UOCRA y referente de la CGT, Gerardo Martínez, afirmó este miércoles que la central obrera «no está de acuerdo» con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, aunque el texto completo aún no se conoce públicamente. La declaración se produjo tras su participación en la reunión del Consejo de Mayo, donde representó al sector sindical.

«No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante», sostuvo Martínez al retirarse del encuentro realizado en Casa Rosada.

Negociación paralela con el asesor presidencial

A pesar de la postura crítica expresada públicamente, Martínez se trasladó tras la reunión a la oficina de Santiago Caputo, el influyente asesor de Milei, para continuar las conversaciones en privado. Este doble movimiento —rechazo público y diálogo reservado— marca la estrategia actual de la CGT frente a una reforma que todavía no tiene texto definitivo.

La presentación oficial del proyecto se concretará sin que exista un acuerdo total con los actores que integran el Consejo de Mayo, según confirmaron fuentes del oficialismo consultadas por distintos medios.

Los ejes centrales de la reforma

Según trascendió desde el Gobierno, el borrador elaborado por la administración libertaria incluiría modificaciones en varios puntos sensibles para el movimiento sindical: ultraactividad de los convenios colectivos, relación entre convenios, cargas fiscales, financiamiento de sindicatos y cámaras empresariales, peajes sindicales, derechos colectivos e individuales del trabajo, situación de trabajadores autónomos y democracia sindical.

Sobre estos contenidos, Martínez fue categórico: «No estamos de acuerdo en todos los puntos». El sindicalista adelantó que la CGT rechazará todo aquello que considere lesivo para los derechos de los trabajadores, aunque reconoció que la existencia de un proyecto regresivo «sigue siendo una pretensión para nosotros pero no para el Gobierno».

Un Consejo sin acuerdos vinculantes

El dirigente de la UOCRA reveló que en las distintas reuniones del Consejo de Mayo cada sector expuso su punto de vista sobre las cuestiones abordadas, en la mayoría de los casos sin llegar a acuerdos. Subrayó el carácter meramente consultivo y no vinculante de este espacio de diálogo.

En la reunión de este miércoles participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo por la Cámara Baja; Martínez por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

La estrategia de la CGT parece oscilar entre marcar posición crítica y mantener abiertos los canales de negociación, en un contexto donde el Gobierno avanza con su agenda de desregulación del mercado laboral sin mostrar intenciones de retroceder en los puntos centrales de la reforma.

Puntos clave:

• La CGT anticipó su rechazo a la reforma laboral aunque desconoce el texto completo del proyecto

• Gerardo Martínez mantuvo reuniones con Santiago Caputo tras el Consejo de Mayo para continuar negociaciones privadas

• El proyecto incluiría cambios en ultraactividad, financiamiento sindical y democracia gremial

• El Consejo de Mayo tiene carácter consultivo y no vinculante, según remarcó el titular de la UOCRA

• El Gobierno presentará la reforma sin acuerdo total con los actores sociales convocados

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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