Gremiales
Martínez adelantó rechazo de la CGT a la reforma laboral, aunque sigue negociando con Caputo
El líder de la UOCRA participó del Consejo de Mayo y adelantó la postura crítica de la central obrera, aunque mantiene el diálogo con el asesor presidencial. El proyecto incluiría cambios en ultraactividad, financiamiento sindical y democracia gremial.
★ El titular de la UOCRA y referente de la CGT, Gerardo Martínez, afirmó este miércoles que la central obrera «no está de acuerdo» con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, aunque el texto completo aún no se conoce públicamente. La declaración se produjo tras su participación en la reunión del Consejo de Mayo, donde representó al sector sindical.
«No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante», sostuvo Martínez al retirarse del encuentro realizado en Casa Rosada.
Negociación paralela con el asesor presidencial
A pesar de la postura crítica expresada públicamente, Martínez se trasladó tras la reunión a la oficina de Santiago Caputo, el influyente asesor de Milei, para continuar las conversaciones en privado. Este doble movimiento —rechazo público y diálogo reservado— marca la estrategia actual de la CGT frente a una reforma que todavía no tiene texto definitivo.
La presentación oficial del proyecto se concretará sin que exista un acuerdo total con los actores que integran el Consejo de Mayo, según confirmaron fuentes del oficialismo consultadas por distintos medios.
Los ejes centrales de la reforma
Según trascendió desde el Gobierno, el borrador elaborado por la administración libertaria incluiría modificaciones en varios puntos sensibles para el movimiento sindical: ultraactividad de los convenios colectivos, relación entre convenios, cargas fiscales, financiamiento de sindicatos y cámaras empresariales, peajes sindicales, derechos colectivos e individuales del trabajo, situación de trabajadores autónomos y democracia sindical.
Sobre estos contenidos, Martínez fue categórico: «No estamos de acuerdo en todos los puntos». El sindicalista adelantó que la CGT rechazará todo aquello que considere lesivo para los derechos de los trabajadores, aunque reconoció que la existencia de un proyecto regresivo «sigue siendo una pretensión para nosotros pero no para el Gobierno».
Un Consejo sin acuerdos vinculantes
El dirigente de la UOCRA reveló que en las distintas reuniones del Consejo de Mayo cada sector expuso su punto de vista sobre las cuestiones abordadas, en la mayoría de los casos sin llegar a acuerdos. Subrayó el carácter meramente consultivo y no vinculante de este espacio de diálogo.
En la reunión de este miércoles participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo por la Cámara Baja; Martínez por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.
La estrategia de la CGT parece oscilar entre marcar posición crítica y mantener abiertos los canales de negociación, en un contexto donde el Gobierno avanza con su agenda de desregulación del mercado laboral sin mostrar intenciones de retroceder en los puntos centrales de la reforma.
Puntos clave:
• La CGT anticipó su rechazo a la reforma laboral aunque desconoce el texto completo del proyecto
• Gerardo Martínez mantuvo reuniones con Santiago Caputo tras el Consejo de Mayo para continuar negociaciones privadas
• El proyecto incluiría cambios en ultraactividad, financiamiento sindical y democracia gremial
• El Consejo de Mayo tiene carácter consultivo y no vinculante, según remarcó el titular de la UOCRA
• El Gobierno presentará la reforma sin acuerdo total con los actores sociales convocados
Economía 💲
Sturzenegger celebra despidos de 81.000 estatales mientras los salarios del sector perdieron hasta 40,5%
Dos secretarios de Sturzenegger presentaron en Diputados el recorte de 81.000 empleados estatales, mientras los salarios del sector perdieron entre 29% y 40,5% de poder de compra y el nuevo retiro voluntario paga hasta 25 sueldos con prohibición de volver al Estado por ocho años.
El Gobierno celebra haber recortado 81.000 empleados del Estado, pero el ahorro que exhibe descansa en salarios que perdieron entre 29% y 40,5% de su poder de compra y en retiros que pagan hasta 25 sueldos por persona. La cifra fue presentada este martes ante la Cámara de Diputados por dos secretarios del ministro Federico Sturzenegger, en la recta final del dictamen del Presupuesto 2027.
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y el de Desregulación, Alejandro Cacace, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para poner en valor el ajuste sobre la Administración Pública Nacional y las “reformas estructurales”. Fariña destacó que los ministerios pasaron de 18 en diciembre de 2023 a ocho, defendió que no se trata solo de un Estado más chico sino de uno con otro rol, y rechazó que el ahorro sea “temporal” porque, según dijo, no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados. Cacace fue más lejos en la autocelebración: “Valemos por los ahorros que generamos”.
Qué dijeron los funcionarios
Fariña explicó que parte de la reducción se canalizó mediante el régimen de disponibilidad de la Ley de Empleo Público, que según indicó no se usaba desde hacía dos décadas, y mediante retiros voluntarios, a los que se adhirieron más de 5.254 personas. Anunció que habrá una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre. Como ejemplo de las estructuras heredadas, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados.
Las diputadas de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva cuestionaron el planteo. Tolosa Paz sostuvo que a la idea de un Estado eficiente le falta mirar para qué se toman las medidas y a quién afectan, y acusó al Gobierno de ser “culpable y cómplice del industricidio”. Selva atribuyó la apuesta por el transporte fluvial a la desinversión en rutas nacionales y afirmó que los fondos para su mantenimiento se desvían para “maquillar” el superávit.
Cuántos puestos se perdieron, según cada fuente
Los números no coinciden porque miden universos distintos. Según el INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026, una caída de 72.440 puestos, de alrededor del 21%. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó 77.515 puestos menos en el mismo período, e incluye a personal militar y de seguridad, y Fariña habló este martes de 81.000. ATE Capital, por su parte, denunció en su último informe más de 100.000 despidos en la administración pública.
Los salarios: el ahorro que pagan los que se quedan
Los sueldos estatales no están congelados en términos nominales, pero perdieron poder de compra de forma sostenida. El Foro Economía y Trabajo estimó un recorte real de 29% en los salarios públicos desde 2023. El Observatorio Salarial de ATE-INDEC calculó una pérdida del 32,4% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, equivalente a más de nueve sueldos completos, y señaló que se necesitaría un aumento inmediato del 48% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. ATE Capital estima que el salario real de la Administración Pública Nacional cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
La caída tiene un correlato en el bolsillo: según ATE Capital, la mora crediticia entre los trabajadores estatales escaló del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. La oferta salarial del Gobierno para el segundo semestre, de entre 1,5% y 1,9% mensual, representa apenas $19.000 sobre un salario de un millón de pesos, según el sindicato, que rechazó la propuesta anterior (2,4%, 2,2% y 1,9% más un bono de $50.000) por considerarla “absolutamente insuficiente”. Una parte del ahorro que el Gobierno exhibe sale de salarios que se licuaron mientras los precios subían.
La trampa de los retiros voluntarios
El Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger, habilita un régimen de retiro para la Administración Pública Nacional centralizada. La compensación puede llegar a 25 sueldos brutos según edad, antigüedad y situación previsional, o al 60% del salario bruto durante 36 meses para quienes estén cerca de jubilarse. Quienes adhieran no podrán volver al Estado nacional durante ocho años, sus cargos se eliminan del presupuesto y esas vacantes no pueden usarse para justificar nuevas incorporaciones. La adhesión está sujeta a la aprobación de cada dependencia, que tiene 40 días corridos para responder tras el cierre de la inscripción.
Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados en condiciones de adherir y ATE habla de 21.187. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo” y denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman. También advirtió que quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar al mismo para adherir y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas. Esas denuncias son del sindicato y el Gobierno las niega al afirmar que no se crean puestos nuevos.
El ahorro bajo la lupa
Cada retiro implica un desembolso inmediato de hasta 25 sueldos, que se suma al costo de las desvinculaciones previas, mientras la planta que queda cobra menos en términos reales y el Estado pierde capacidades. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad impuesto por el propio Gobierno y, aun así, los despidos continúan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aguiar sostuvo que el organismo es superavitario y que no hay argumento que justifique el recorte que derivó en cerca de 100 despidos. Un ahorro que depende de salarios licuados, retiros que cuestan hasta 25 sueldos y organismos vaciados no equivale a un Estado más eficiente.
Lo que tenés que saber:
- Funcionarios de Sturzenegger presentaron en Diputados un recorte de 81.000 empleados estatales y la baja de 18 a ocho ministerios.
- El INDEC registra 72.440 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y ATE Capital denuncia más de 100.000 despidos.
- Los salarios estatales perdieron entre 29% (Foro Economía y Trabajo) y 40,5% (ATE Capital) de poder de compra.
- El Decreto 1203/2026 («retiros voluntarios») paga hasta 25 sueldos, elimina el cargo y prohíbe volver al Estado por ocho años.
- ATE denuncia presiones y habla de un universo de 21.187 trabajadores alcanzados.
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