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Legislativo

Fentanilo contaminado: tensión en Diputados por la comisión investigadora

Castillo y Araujo Hernández reclamaron investigar las fallas de control estatal y responsabilidades políticas.

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La creación de una comisión investigadora sobre la crisis sanitaria por el fentanilo contaminado, que ya provocó cerca de un centenar de muertes, quedó postergada hasta la próxima semana. La demora respondió a la imposibilidad de sesionar de la comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo presidente, Nicolás Mayoraz, estaba en Santa Fe en funciones de convencional constituyente.

Una decisión con familiares en la sala

La presidenta de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato (PRO), informó la postergación tras una reunión en la que participaron familiares de las víctimas. Durante casi dos horas, los diputados debatieron los proyectos presentados por Silvana Giudici (PRO), Christian Castillo (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).

Lospennato anunció que este viernes se reunirán asesores para acercar posiciones, con el objetivo de retomar el martes en Peticiones y luego convocar a un plenario conjunto con Asuntos Constitucionales el jueves próximo. La intención es dictaminar de manera unificada.

El eje de la disputa: comisión bicameral o no

El principal punto de fricción es el formato del nuevo órgano. Tolosa Paz propuso una comisión bicameral porque, sostuvo, otorgaría “mayor fuerza” para citar a funcionarios del Gobierno. Su proyecto fue resistido por Juliano, quien señaló que “la bicameralidad es dilatoria”, y por Lospennato, que recordó que ese esquema requiere dos tercios en el Senado.

Pese a las objeciones, Tolosa Paz adelantó que Unión por la Patria insistirá en su dictamen con apoyo de Encuentro Federal: “A este drama y a esta crisis sanitaria que dejó 96 víctimas le corresponde el mayor grado de institucionalidad”.

Entre la política y la Justicia

Lospennato advirtió que el Congreso no puede “investigar para asignar responsabilidades penales”, ya que esa tarea corresponde a la Justicia. Defendió que “ninguna de las medidas como allanamientos, secuestro de papeles, detención de locales, clausura de locales, intercepción de correspondencia, podrían ser facultad de esta comisión sin intervención de un juez”.

En línea con esa visión, Giudici explicó que su proyecto replica el esquema de la comisión Libra y excluye facultades judiciales. “No vamos a interferir con la causa que lleva el juez Ernesto Kreplak”, señaló, y agregó que los familiares “nos van a recriminar si generamos contradicción abriendo instancias de testimoniales que retrasen la definición”.

La diputada del PRO responsabilizó al “clan García Furfaro” y a personal de HLB Pharma por la elaboración del fentanilo adulterado. “El personal de HLB sabía que estaba fabricando una bomba y así y todo seguían distribuyendo ese medicamento”, dijo. También reclamó revisar las autorizaciones otorgadas a laboratorios desde 2016 pese a inconsistencias.

Responsabilidades políticas y empresariales

Desde Unión por la Patria, Jorge Araujo Hernández pidió “investigar hacia arriba”: ANMAT, Ministerio de Salud, Ministerio de Capital Humano y el Gobierno nacional. “No estoy de acuerdo con desligar la parte política de esta situación”, afirmó.

Juliano insistió en que, más allá de diferencias partidarias, debe primar el humanismo: “Los familiares se tuvieron que arrastrar para saber de qué habían muerto sus hijos”.

Castillo, por su parte, vinculó la catástrofe con “los límites de la política de desguace de los organismos de regulación y control”. Recordó la tragedia de LAPA en 1999 como antecedente de una falta de controles con consecuencias mortales. También apuntó contra HLB Pharma por priorizar el ahorro de costos en detrimento de condiciones seguras de producción.

Investigación 🔎

Diputados sesiona este martes para avanzar en la interpelación a Adorni

La Cámara baja debatirá seis proyectos de resolución que exigen que el jefe de Gabinete rinda cuentas por presuntas irregularidades patrimoniales y uso indebido de fondos del Estado. Tres de esas iniciativas habilitan además la moción de censura para forzar su salida del cargo.

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Diputados debate este martes la interpelación a Adorni con seis proyectos y posibilidad de moción de censura.

El Congreso aprieta el cerco: la oposición empuja la herramienta constitucional más extrema jamás aplicada contra un jefe de Gabinete

La Cámara de Diputados sesionará este martes 23 de junio desde las 14 para resolver si avanza en la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El temario incluye seis proyectos de resolución impulsados por el kirchnerismo, la Izquierda y el progresismo, que exigen que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, rinda cuentas ante el Poder Legislativo. Tres de esas iniciativas van más lejos: habilitan la posibilidad de una moción de censura para forzar su salida del cargo.

La convocatoria lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Francisco Pagán, y fue oficializada el lunes 22 de junio. La sesión se produce en el marco de la investigación judicial que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sobre el patrimonio del funcionario, cuyo monto bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según consta en el expediente.

Seis proyectos, tres con censura

El temario que aguarda a los legisladores no es menor. Los seis proyectos de resolución que se debatirán tienen un denominador común: exigen que Manuel Adorni se presente ante la Cámara a informar sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, y sobre aspectos de su situación patrimonial declarada que la Justicia considera inconciliables con sus ingresos legítimos.

Tres de esas iniciativas amplían el horizonte político del debate al incorporar la figura de la moción de censura, un mecanismo constitucional previsto en el artículo 101 de la Carta Magna que, de prosperar, obligaría a Adorni a dejar su cargo. Se trata de una herramienta que, desde la reforma constitucional de 1994, jamás fue aplicada. La posibilidad de que Adorni se convierta en el primer jefe de Gabinete en afrontarla instaló una tensión inédita en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Kirchnerismo, Izquierda y progresismo, motores de la iniciativa

La convocatoria fue impulsada por un arco opositor que abarca al kirchnerismo, los bloques de izquierda y el espacio progresista. La confluencia de esas fuerzas en torno a la interpelación refleja el grado de desgaste político que la causa judicial generó en la figura de Adorni, quien desde su designación como jefe de Gabinete acumula una serie de investigaciones que exceden el plano de los cuestionamientos mediáticos para instalarse en el terreno procesal concreto.

La investigación judicial que pesa sobre el funcionario incluye, entre otras aristas, el análisis de las refacciones realizadas en una propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por un monto que el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que ascendió a 245.000 dólares pagados íntegramente en efectivo y sin factura; la compra de un departamento en el barrio de Caballito escriturado por 230.000 dólares con una modalidad que los investigadores consideran irregular; y el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa, Bettina Angeletti.

Un debate que el oficialismo no puede ignorar

La sesión del martes coloca al oficialismo ante un dilema de gestión política delicado. Cualquier resultado, ya sea que la oposición logre los votos para avanzar en la interpelación o que el bloque de La Libertad Avanza consiga bloquearla, tendrá consecuencias. Si la interpelación se aprueba, Adorni quedará obligado a comparecer en el recinto a responder preguntas de los legisladores sobre una investigación que, según consta en el expediente, ya cuenta con testimonios de contratistas y prueba documental aportada por el propio juzgado.

Si la moción de censura prospera, el escenario se vuelve aún más crítico para el Gobierno: aunque no tiene fuerza ejecutoria inmediata en los términos en que está redactada la Constitución, su aprobación implicaría una señal política de enorme peso simbólico e institucional contra la conducción del Poder Ejecutivo. El instrumento nunca llegó a aplicarse desde su incorporación al texto constitucional, lo que convierte este debate en un hito en la historia parlamentaria argentina.

Puntos clave

  • La Cámara de Diputados sesionará este martes 23 de junio desde las 14 para debatir la interpelación a Manuel Adorni.
  • El temario incluye seis proyectos de resolución, tres de los cuales habilitan además la figura de la moción de censura.
  • La convocatoria fue firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán y es impulsada por kirchnerismo, Izquierda y progresismo.
  • Adorni está bajo investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
  • La moción de censura, incorporada en el artículo 101 de la Constitución en 1994, nunca fue aplicada; Adorni podría ser el primer jefe de Gabinete en afrontarla.
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