El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), implementado en diciembre de 2019, finalizará su vigencia el 23 de diciembre de 2024. El gobierno de Javier Milei confirmó que no solicitará su prórroga, marcando el fin de una herramienta clave en la política fiscales argentinos.

Según la Ley N° 27.541, este tributo tenía una duración prevista de cinco períodos fiscales desde su entrada en vigor. Su eliminación representa un cambio significativo en la estrategia de recaudación y financiamiento estatal.

Origen y evolución del impuesto PAIS

Este gravamen se creó con el objetivo de “estabilizar la economía argentina y fomentar la inclusión social”. Desde su inicio, el impuesto PAIS aplicó una alícuota del 30% sobre diversas operaciones en moneda extranjera, incluyendo:

• Compra de dólares para ahorro.
• Gastos con tarjetas en el exterior.
• Adquisición de servicios y bienes del extranjero.

A lo largo de los años, el alcance y las alícuotas del impuesto experimentaron ajustes:

• Octubre de 2022: Inclusión de bienes suntuarios y servicios recreativos, manteniendo la tasa del 30%.
• Julio de 2023: Nuevas alícuotas: 25% para ciertos servicios, como mantenimiento y seguros; y 7,5% para fletas internacionales relacionadas con exportaciones.
• Diciembre de 2023: El gobierno de Milei aumentó la tasa para fletes e importaciones al 17,5%.
• Septiembre de 2024: Reversión de ese aumento, volviendo al 7,5%.

Recaudación y destino de fondos

El impuesto PAIS representó una fuente relevante de ingresos para el Estado. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en enero de 2024, recaudó $469.199 millones, el 6,1% del total tributario mensual. Entre enero y julio de ese año, acumuló $4.291.758 millones, destacando su importancia en la estructura fiscal del país.

Estos ingresos se destinaron a:

• Programas sociales y de salud a cargo de ANSES y PAMI.
• Obras de vivienda social.
• Infraestructura económica.
• Fomento del turismo nacional.

El impacto de su eliminación

La finalización del impuesto PAIS genera interrogantes sobre su impacto en las finanzas públicas. Mientras que algunos economistas sostienen que su eliminación podría aliviar a los sectores que realizan operaciones en moneda extranjera, otros advierten sobre la dificultad de compensar los ingresos que generaba, fundamentales para programas sociales e inversiones estatales.

El Congreso no discutirá una prórroga, ya que el gobierno confirmó su decisión de no mantener este tributo. Esto deja un vacío fiscal que requerirá nuevas estrategias para financiar los objetivos del presupuesto 2025.