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Legislativo

El legislador del PRO que pidió “pena de muerte” para Cristina fue excluido de Diputados

Francisco Sánchez, integrante de Acción Republicana, fue además uno de los ideólogos de que se colgaran bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada.

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«La Cámara de Diputados de la Nación resuelve excluir de su seno al diputado nacional Francisco Sánchez, representante por la provincia de Neuquén, por manifiesta inhabilidad moral, de acuerdo a lo establecido por el artículo 66 de la Constitución Nacional»; con estas líneas, la presidencia del cuerpo legislativo resolvió, mediante un «proyecto de resolución», la exclusión del neuquino de la Cámara Baja por pedir la «pena de muerte» para la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

Sánchez tenía mandato hasta el 2023 y ya tuvo otros episodios de violencia simbólica de carácter necrológico, dado que fue uno de los ideólogos de que se colgaran bolsas mortuorias en las puertas de la Casa Rosada. Además, es opositor de las leyes de género y utiliza las redes sociales para llamar la atención con comentarios machistas y antiderechos.

El dirigente PRO, integrante de Acción Republicana, que pidió “pena de muerte” para Cristina Kirchner es socio político de Patricia Bullrich, a la que apoya en sus aspiraciones presidenciales, y considera a los “libertarios” de Javier Milei como sus aliados naturales. Está en carrera para ser candidato a gobernador de Neuquén, la provincia donde empezó a hacer política. Antes de llegar a la Cámara de Diputados fue concejal, en la ciudad capital de la provincia.

Según consignó el matutino Página/12, durante la pandemia Sánchez llamó la atención de los medios cuando apoyó a la agrupación de ultraderecha «Jóvenes Republicanos», luego de que llevaran frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres como el de Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini o el de la ex presidenta, a la que ahora también pidió «pena de muerte». «Estuvieron bien, las cosas hay que expresarlas de manera fuerte», los respaldó el ahora diputado excluido.

De 49 años, es técnico superior en Recursos Humanos, ha sido cuestionado por impulsar “la flexibilización del uso domiciliario de armas” en manos de “los ciudadanos decentes” como una forma de “hacer frente a la inseguridad”. Así lo manifestó en enero de 2021 con una reivindicación del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

“Bolsonaro quiere facilitar el acceso a las armas de los ciudadanos decentes. Lo mismo vamos a presentar este año en el Congreso, porque más de 30 años de garantismo solo han servido para desproteger a los trabajadores honestos que levantan este País”, escribió en las redes sociales.

En el debate sobre el aborto fue parte de la bancada celeste. “Este es un tema de sectores ideologizados que han consumido una moda divulgada a nivel global”, dijo fundamentar su voto negativo al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y denunció que con la aprobación de la ley, “la Argentina” estaba “aprobando la pena de muerte”.

La pena capital, sin embargo, es una idea que parece gustarle. A fines de 2020, el diputado propuso instaurarla para violadores y asesinos de menores de edad. «Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como éstos», anunció entonces en su cuenta de Twitter.

Otros tuis de este nefasto personaje

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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste

El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.

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El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición.

Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué garantiza el proyecto oficialista

El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa

El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.

«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.

Una derrota política disfrazada de iniciativa

La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.

Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
  • El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
  • La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
  • Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
  • El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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