Gremiales
La Cámara de Comercio pide declarar «esencial» al transporte, la educación y los bancos
Esta petición se realizó en el contexto de la convocatoria del gobierno al Consejo de Mayo, y se basa en la importancia de garantizar una prestación mínima del 75% de estos servicios.
La Cámara de Comercio y Servicios (CAC) solicitó al gobierno que los servicios de transporte, educación y bancarios sean declarados «esenciales». Esta petición se realizó en el contexto de la convocatoria del gobierno al Consejo de Mayo, y se basa en la importancia de garantizar una prestación mínima del 75% de estos servicios.
Solicitud de ampliación de servicios esenciales
La CAC también pidió que las actividades vinculadas a servicios de exportación se incorporen a la lista de servicios esenciales. Hasta ahora, solo están incluidos en esta categoría los servicios sanitarios y hospitalarios, los telefónicos, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, y el control de tráfico aéreo.
La entidad explicó que «la interrupción en su totalidad de los servicios de transporte, educación y bancos afecta gravemente a los comerciantes, producto de la disminución del tránsito de peatones, sumado a las dificultades que padecen los trabajadores para desplazarse a sus empleos».
Comunicación al gobierno
En una carta dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, la CAC destacó los problemas preexistentes en el sector, como la informalidad, los bloqueos y tomas de empresas, las falencias en la formación, el escaso dinamismo del empleo privado, problemas de accesibilidad, inseguridad jurídica, y la litigiosidad. Además, señalaron que en los últimos meses se sumaron «las consecuencias del necesario reordenamiento fiscal y monetario encarado por el Gobierno Nacional».
Propuestas adicionales
La CAC también propuso la posibilidad de pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas. Asimismo, solicitaron la creación de un Fondo de Cese Laboral para sustituir el régimen indemnizatorio actual. El objetivo es que los empleadores puedan optar por contratar un sistema privado a su costo, para solventar el sistema o la suma que libremente se pacte entre las partes.
Impacto en el empleo
Las empresas afiliadas a la CAC brindan empleo a 12,7 millones de trabajadores, distribuidos entre comercios y empresas de servicios. La declaración de estos servicios como esenciales podría tener un impacto significativo en el sector laboral y en la economía del país.
Puntos destacados:
- La CAC solicitó que transporte, educación y servicios bancarios sean declarados «esenciales».
- Propusieron incluir servicios de exportación en la lista de esenciales.
- Actualmente, solo servicios como salud y control de tráfico aéreo están clasificados como esenciales.
- La interrupción de estos servicios afecta gravemente a comerciantes y trabajadores.
- La CAC propone facilidades en el pago de sentencias judiciales y la creación de un Fondo de Cese Laboral.
- Las empresas afiliadas a la CAC emplean a 12,7 millones de trabajadores.
Gremiales
El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento
El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.
Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei
Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.
El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.
Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.
El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.
«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle
Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.
En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.
A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.
El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones
El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).
Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.
Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.
El Congreso presiona al Ejecutivo
La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.
Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.
El ajuste sobre los jubilados, en números
El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.
Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.
Puntos clave
- Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
- Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
- El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
- La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
- La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.
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