Judiciales ⚖️
La casta al desnudo: Adorni al borde de la indagatoria y suma gastos con tarjeta que triplican su sueldo
La justicia federal evalúa citar al jefe de Gabinete antes de la feria judicial de invierno. Nuevos datos sobre consumos con tarjeta que duplican su salario, un vuelo a Punta del Este pagado por su amigo productor y refacciones de lujo abonadas en efectivo agravan su situación procesal.
Adorni al límite: indagatoria inminente y suma gastos millonarios con tarjeta sin explicación
★ El cerco judicial sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, se aprieta. El juez federal Ariel Lijo analiza convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. La medida depende del resultado de las últimas diligencias probatorias solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita, pero en el entorno tribunalicio advierten que un llamado a indagatoria equivaldría a reconocer que el expediente ya reunió elementos suficientes para sospechar de la comisión de delitos.
La causa investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y posibles contratos irregulares con la TV Pública, en lo que se configura como uno de los procesos judiciales más avanzados contra un integrante del gabinete de Javier Milei.
El vuelo a Punta del Este y la versión que no cierra
Uno de los ejes del expediente es el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, utilizando un avión privado. El funcionario insistió en que los pasajes fueron abonados con fondos propios, pero esa versión chocó contra declaraciones judiciales concretas. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Marcelo Grandio, amigo íntimo de Adorni y propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública. Según consta en el expediente, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue también facturado a Grandio por 3.000 dólares.
«El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio», declaró Issin Hansen ante la Justicia, en contradicción directa con la narrativa oficial del funcionario.
Cruces telefónicos y contratos bajo la lupa
El juzgado ordenó realizar cruces telefónicos entre los dispositivos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, para determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. Se analiza también la geolocalización de los teléfonos para reconstruir posibles encuentros operativos.
Los convenios cuestionados incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos figuran «La caja de Pandora», «Giros en Línea Recta», «Enredados», «La Sala» y «Gritalo Mundial», este último conducido por el propio Grandio.
$85 millones en tarjetas con un sueldo de $3,5 millones
A la trama del vuelo se suma un cuadro financiero que los investigadores califican de incompatible con los ingresos declarados. Datos del Banco Central (BCRA) incorporados al expediente revelan que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron consumos con tarjeta de crédito por más de $85,1 millones durante 2025, lo que equivale a un promedio mensual de $7,1 millones. El salario bruto del funcionario en ese período era de $3,5 millones.
Desde que Adorni asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, el matrimonio acumuló consumos por un total de $176 millones en tarjetas, abonados mediante débitos bancarios automáticos desde cuentas del Banco Galicia, siempre en «Situación 1, Normal», sin mora ni irregularidades formales. Precisamente esa regularidad es lo que llamó la atención de los investigadores: el interrogante no apunta a la existencia de deudas, sino al origen de los fondos líquidos que ingresaban a las cuentas para sostener ese nivel de gasto.
El desglose de los resúmenes financieros evidencia un contraste notable dentro del propio matrimonio. Mientras los consumos indexados de Adorni retrocedieron un 28,1% en términos reales entre 2023 y 2025, los de Angeletti crecieron un 21% en el mismo período. El pico de la esposa se registró en septiembre de 2025, cuando sus gastos alcanzaron los $7,8 millones en un solo mes. Paralelamente, en octubre de ese año, Angeletti abandonó el régimen de monotributo, cuyo tope para la categoría más alta era de 82 millones de pesos anuales, e ingresó al régimen de autónoma en IVA y Ganancias.
Un patrimonio que no cuadra con los ingresos declarados
A los consumos con tarjeta se suman otros gastos que amplían la brecha entre ingresos formales y nivel de vida. La Justicia estima que el universo total de erogaciones del matrimonio desde el inicio de la gestión supera los 400.000 dólares, cifra que incluye 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura a un contratista por refacciones en la vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; 185.000 dólares en operaciones inmobiliarias; y más de 34.000 dólares en viajes nacionales e internacionales.
Las obras en el country, según declaró el contratista Matías Tabar, socio de la empresa Alta Arquitectura, incluyeron la instalación de una pileta con cascada, un quincho de alta gama con parrilla valuada en 15.000 dólares, pisos y paredes renovados, y baños de lujo con jacuzzi. Todo en efectivo, sin comprobante fiscal.
A esto se agrega una propiedad en el barrio porteño de Caballito, en la calle Miró, escriturada por 230.000 dólares, donde Adorni declaró haber aportado solo 30.000 dólares de inicio. El resto quedó como deuda con las vendedoras, Claudia Sbabo y Alicia Viegas, dos jubiladas cuyos hijos resultaron ser socios en una desarrolladora inmobiliaria. Uno de ellos, Pablo Feijoo, admitió ante la Justicia un pago adicional de 65.000 dólares «de palabra», por fuera de la escritura. A eso se sumaron 14 millones de pesos solo en renovación de mobiliario, según reveló el propio contratista Tabar.
La Justicia detectó además compromisos futuros por unos 335.000 dólares en concepto de dos hipotecas privadas y un acuerdo de palabra con un desarrollador, dado que la pareja no registra préstamos en el sistema bancario tradicional. El patrimonio total bajo investigación ya supera los 840.000 dólares, según surge del expediente.
Gendarmería en el country y peculado como hipótesis
Otro frente abierto es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. Si se comprueba que los agentes realizaron tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, la hipótesis judicial es que podría configurarse el delito de peculado por uso indebido de recursos del Estado.
La diputada Marcela Pagano ya solicitó la captura de Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al sostener que el funcionario intentó influir sobre los testigos antes de sus declaraciones. El juez Lijo, por su parte, dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti, así como el peritaje de los dispositivos del contratista Tabar y del productor Grandio.
El doble estándar de «la casta»
La situación de Adorni resulta políticamente irónica. El funcionario que durante meses ofició como cara visible de un gobierno que prometió acabar con «la casta» enfrenta una investigación que, de confirmarse, dibujaría un perfil de enriquecimiento acelerado al calor del poder que no difiere en nada del que pregonó combatir. Su salario como jefe de Gabinete se elevó a $7,6 millones brutos desde enero de 2026, y fue nombrado director titular de YPF, cargo del que luego comunicó la renuncia a percibir honorarios.
Sin embargo, la Justicia continúa analizando el vínculo de Angeletti con contratos de consultoría en esa empresa estatal, en una trama que se entrelaza además con la investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y con la denominada Causa $Libra, vinculada a movimientos financieros off-shore.
En Comodoro Py, la expectativa crece. El juez Lijo deberá resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Milei, y en el entorno judicial ya advierten que, si decide convocarla, es porque casi con certeza también habrá procesamiento.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo evalúa citar a Adorni a indagatoria antes de la feria judicial de invierno.
- El broker aeronáutico declaró que el vuelo a Punta del Este fue pagado por su amigo productor Marcelo Grandio, contradiciendo la versión del funcionario.
- Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjeta en 2025, duplicando el salario bruto del funcionario en ese período.
- La Justicia estima que las erogaciones totales del matrimonio desde diciembre de 2023 superan los USD 400.000.
- El patrimonio total bajo investigación supera los USD 840.000, según el expediente judicial.
Defensa
Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.
Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.
La ingeniería del fraude
Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.
Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones
La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.
En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.
La respuesta institucional y sus límites
El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.
El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.
Lo que tenés que saber
- Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
- La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
- La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
- El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
- La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
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