El presidente Alberto Fernández le pidió hoy al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que «no utilice al pueblo» de esa provincia como «banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante», a la vez que anunció que instruyó al Ministerio de Justicia para que «analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma» de la Carta Magna en el distrito norteño.

Además, lo instó «de forma definitiva» a «cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos», al advertir que «es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal» en esa provincia.

Desde la Sala de Conferencias de Casa Rosada, Fernández anunció que dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que «analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma» de la Carta Magna de Jujuy que «violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales».

El mandatario también pidió a Morales que «no utilice al pueblo» de esa provincia como «banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante», y afirmó que esa administración contará con el «apoyo» del Gobierno nacional si se decide a promover un diálogo.

Fernández reiteró el pedido para que el mandatario jujeño «convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas».

«Cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno nacional», subrayó el jefe de Estado.

Remarcó que «los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática», a tal punto que «ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos.

En ese sentido, citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que «se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy».

Sobre la carta de las Naciones Unidas resaltó que «la Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo».

En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Presidente explicó que «según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales».

«Al respecto, el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales», completó Fernández sobre ese escrito.

En cuanto a Amnistía Internacional refirió que ese organismo advirtió que «avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos».

Y recordó que la Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó que «seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH».

«Respetamos el federalismo y la autonomía de las provincias, pero de no cesar los hechos de represión iniciaré las acciones judiciales y legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos en la provincia de Jujuy», alertó el mandatario.

«Hemos enviado a Jujuy funcionarios de la secretaría de DDHH, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad», informó Fernández.

Y refirió que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, «estuvo en Jujuy desde el primer, volvió a Buenos Aires a informarme sobre la crítica situación y por mi instrucción ya ha regresado a la provincia para acompañar a las comunidades y conocer de cerca el acontecer de los hechos».

El jefe de Estado señaló que «a 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los legítimos reclamos y expresiones de sus comunidades».

Para Fernández, «negar el derecho a la protesta, es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas».

«Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad», refirió.

Y concluyó: «Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el Gobierno nacional. Con todos y cada uno de nosotros que estamos comprometidos con la libertad con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra».