Judiciales ⚖️
Cristina pidió reabrir la causa por los afiches de 2022, en los que la llamaban “asesina”
CFK busca revertir el fallo del juez De Campos, que archivó la causa tras dos años y medio de investigación, y se reactive el caso para dar con quienes estuvieron detrás de esa campaña de odio
Cristina Fernández de Kirchner, ex vicepresidenta de la Nación, solicitó la reapertura de la causa judicial que investigaba la difusión de afiches con su imagen, donde se la acusaba de ser responsable de 35.000 muertes durante la pandemia de Covid-19. La decisión llega tras el fallo del juez Manuel De Campos, quien archivó la investigación después de más de dos años y medio de proceso.
La apelación de Cristina Kirchner
El 28 de marzo de 2022, la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches que contenían la leyenda: “Culpable de 35.000 muertes. Asesina”. Estos mensajes, atribuidos a sectores opositores, vinculaban a la entonces vicepresidenta con las muertes por Covid-19 en Argentina. La ofensiva campaña pública generó un inmediato rechazo del presidente Alberto Fernández y motivó la intervención judicial.
Tras meses de investigación y un conflicto de competencia entre distintos fueros que llegó a la Corte Suprema, el juez Manuel De Campos decidió archivar la causa. Según el magistrado, no se pudo encuadrar el hecho como calumnia o injuria, ya que la afectada, Cristina Kirchner, no impulsó la causa bajo esas figuras penales.
Sin embargo, la defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Gregorio Dalbón, presentó una apelación ante la Cámara del Crimen, argumentando que el archivo de la causa era arbitrario. “Ha decidido archivar la causa con un argumento absolutamente arbitrario y exiguo, cambiando radicalmente la tipificación de los delitos para justificar el absurdo y no cumplir con sus deberes de funcionario público que es ni más ni menos que investigar un delito que a todas luces es de acción pública”, sostuvo Dalbón en el escrito.
Una investigación que atravesó varios jueces
Desde el inicio de la causa, la investigación estuvo marcada por la intervención de tres jueces de diferentes fueros y múltiples allanamientos para identificar el origen de los afiches. Se logró determinar dónde se imprimieron y cuánto se pagó por su distribución en distintos puntos de la capital. Sin embargo, la disputa de competencia retrasó el proceso durante meses, hasta que la Corte Suprema determinó que el fuero criminal y correccional debía encargarse del caso, en línea con los pedidos de la querella y la Fiscalía.
El lunes pasado, el juez De Campos consideró que se descartaron todas las figuras penales que podrían haber aplicado al caso y, por lo tanto, procedió al cierre de la causa. Sin embargo, tanto la defensa de Cristina Kirchner como el fiscal Leonel Gómez Barbella apelaron la decisión, pidiendo que se continúe con la investigación y se tomen las pruebas pendientes.
El contexto político y las implicancias
El escrache contra Cristina Kirchner, enmarcado en una campaña de odio en su contra, se inscribió en un contexto de alta polarización política en Argentina. La acusación de ser “culpable” de las muertes por Covid-19 se alineó con los discursos críticos que responsabilizaban al gobierno de la gestión de la pandemia y el impacto de las medidas sanitarias. A su vez, el archivo de la causa por parte de De Campos no hizo más que aumentar la tensión en el ámbito judicial, donde las decisiones vinculadas a figuras de relevancia política suelen generar fuertes repercusiones mediáticas.
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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.
Más arrestos en una causa que suma imputados
La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.
Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva
Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.
Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.
La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación
La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.
María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.
Un negocio sin habilitación y sin controles
La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.
La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.
Puntos clave
- La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
- Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
- La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
- El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
- La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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