Organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda se movilizaban este mediodía a la Casa de Jujuy en Buenos Aires para repudiar la represión del gobierno de Gerardo Morales a las protestas contra la reforma parcial de la Constitución de esa provincia y reclamar «la libertad para todos los presos políticos» en ese distrito.

Los manifestantes se concentraron a las 12 en el obelisco porteño y desde allí marchaban por la avenida 9 de Julio hacia la delegación que la provincia de Jujuy tiene en el centro porteño, ubicada en avenida Santa Fe 967, donde se exigirá «la inmediata libertad de las y los detenidos por protestar» y se denunciará «la reforma constitucional represiva de Gerardo Morales», según se anunció en un comunicado difundido por el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia.

En tanto, una nueva y multitudinaria marcha que congregaba hoy múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña fue reprimida cuando se dirigía a la Legislatura para protestar contra la reforma parcial de la Constitución provincial, mientras en su interior se trataba el nuevo texto para su aprobación y jura.

El avance policial se registró poco después de las 11 a unos 200 metros del parlamento provincial donde el gobernador Gerardo Morales encabezaba la sesión y se disponían a jurar la reforma de la carta magna.

En principio, la jura estaba prevista para esta tarde a las 18.30 en las instalaciones del Teatro Mitre de la Cuidad de San Salvador de Jujuy, pero se adelantó a esta mañana, en medio de un clima de protestas en rutas y calles de todo el territorio provincial.

Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos en un clima de tensión en la capital jujeña.

En tanto, algunos manifestantes intentaron ingresar al edificio de la Legislatura y prendieron fuego algunas de sus instalaciones.

Integrantes de los gremios docentes de Ademys, Suteba Tigre, Bahía Blanca y ATEN Capital, llegarán hoy a Jujuy para ser parte de las movilizaciones que se realizan en esa provincia para «apoyar el reclamo docente y del pueblo jujeño contra la reforma constitucional antiprotesta».

Comunidades originarias continuaban ayer movilizadas con permanencia y corte de la ruta nacional 9 a la altura de Purmamarca, al norte de Jujuy, en contra de la reforma constitucional impulsada por Morales, quien lejos de llamar al diálogo mantiene, según lo acusan, una «posición caprichosa» que demora la solución al conflicto.

Así lo expresó ayer el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien llegó a Jujuy con la intención de dialogar con el mandatario por el conflicto social y además para tomar conocimiento de la situación procesal de los detenidos (ya liberados) y heridos tras la violenta represión policial del sábado pasado en Purmamarca.

Además, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que observó que «no se encuentra garantizado el derecho a la protesta» en Jujuy y que «hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose», por lo que presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.

En tanto, Morales ratificó anoche en conferencia de prensa el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- «prohíbe los cortes de rutas y calles» y la «ocupación de edificios públicos».

A la vez, el mandatario anunció que planteará la «reconsideración» de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán «a la vieja redacción», tras reconocer «dudas» en las comunidades indígenas.

Ayer, Pietragalla Corti advirtió que la de Jujuy «es una situación grave y compleja» tras la represión del viernes último en el marco de las protestas por la reforma constitucional provincial.

Asimismo, el funcionario expresó que «muchas comunidades» tienen «una angustia muy grande porque se aprobó una reforma constitucional en menos de un mes y no fueron consultadas pese a que se están tocando sus intereses».

Pietragalla Corti añadió que «hay modificaciones que están en contradicción con leyes nacionales e internacionales».

Dijo también que «no hubo consultas con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)» y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comunicó con él «mostrando preocupación».