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Movimientos Sociales

Ajuste de Milei en el FISU: 330 mil familias abandonadas en barrios populares

La criminal decisión dejó sin agua, gas y ni luz a ese enorme sector de la comunidad más vulnerable.

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Lo que tenés que saber

  • Más de 330 mil familias en barrios populares carecen de servicios esenciales como agua potable, gas y electricidad.
  • Más de 30 mil obras en asentamientos se encuentran paralizadas, afectando a 6,5 millones de personas.
  • Solo el 5% del presupuesto para la urbanización fue ejecutado en 2024.
  • Más de 25 mil empleos se perdieron en cooperativas responsables de las obras.
  • Movilizaciones sociales exigen la restitución de fondos y la reactivación de proyectos.

El impacto del recorte en el FISU

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, su administración implementó un recorte significativo en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que generó una crisis en los barrios más vulnerables del país. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que la falta de financiamiento para obras de urbanización agrava aún más las condiciones de vida de millones de argentinos. Las organizaciones sociales, incluyendo la Mesa Nacional de Barrios Populares, presentaron un amparo colectivo para denunciar la situación crítica que viven al menos 37 barrios en distintas provincias.

Obras paralizadas y desempleo

El parón en las obras no solo repercute en la calidad de vida de las familias, sino también en la economía local. Aproximadamente 25 mil empleos se han perdido en proyectos que antes ofrecían un respiro económico a los barrios más empobrecidos. La Mesa Nacional de Barrios Populares informa que solo se ejecutó el 5% del presupuesto destinado a la urbanización en los primeros diez meses de 2024, lo que implica que el 80% de las obras se encuentra estancado, especialmente en provincias con alta densidad poblacional como Buenos Aires y Córdoba.

Condiciones de vida críticas

Las condiciones de vida en los barrios populares son alarmantes. Un 66% de los hogares no tiene acceso a energía eléctrica, el 92% carece de agua potable, el 97% no está conectado a una red cloacal, y un 99% depende de garrafas o leña para cocinar. Esta falta de servicios básicos se ha vuelto insostenible, y la situación solo empeora con el recorte en el FISU.

Movilizaciones en defensa de los derechos

El pasado miércoles, habitantes de diversos barrios populares se manifestaron frente al Palacio de Hacienda, exigiendo al ministro de Economía, Luis Caputo, la restitución de los fondos del FISU y la reactivación de las obras. Bajo el lema «La villa no es la casta», los manifestantes denunciaron que las políticas de ajuste del gobierno afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. Un caso emblemático se vive en Saladillo, Buenos Aires, donde 242 familias no cuentan con servicios básicos.

Un futuro incierto

El desfinanciamiento del FISU también pone en riesgo proyectos futuros. En el Presupuesto 2025 que se discute en el Congreso, se eliminará completamente el Impuesto PAIS, cuya recaudación se destinaba a financiar el fondo. Esta decisión deja a las obras paralizadas en un estado de incertidumbre, afectando la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el país.

Movimientos Sociales

Olla popular frente a la casa de Adorni: una protesta contra la corrupción y el ajuste a los pobres

La organización social montará un comedor comunitario este jueves en la calle Miró al 500, en Caballito, la misma propiedad investigada judicialmente. La protesta denuncia el cierre del programa Volver al Trabajo, que deja sin ingresos a casi un millón de trabajadores de la economía popular.

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El-Argentino-Somos Barrios de Pie.

Barrios de Pie pondrá una olla popular frente a la casa de Adorni

★ La organización social Barrios de Pie eligió un escenario de alto impacto simbólico para su próxima acción de protesta: el jueves montará una olla popular frente al domicilio particular del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, la misma propiedad que hoy es objeto de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La actividad arrancará a las 11 de la mañana y apunta a visibilizar el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, la política social que el Ministerio de Capital Humano decidió discontinuar y que hasta ahora sostenía el ingreso de 951.871 trabajadores de la economía popular con un salario social complementario de $78.000 mensuales, monto que, según datos de la propia Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), perdió el 74% de su poder adquisitivo desde que fue congelado en diciembre de 2023.

La contradicción que eligió el escenario

La decisión de instalar la olla popular frente al domicilio de Adorni no es casual. La organización trazó una línea directa entre los escándalos patrimoniales del funcionario y el destino de los sectores más vulnerables del país. Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, fue contundente: «Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida.»

En el mismo comunicado, la organización apuntó: «Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores.»

La elección del domicilio de Adorni como epicentro de la protesta se produce en la misma jornada en que el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba en Año Nuevo con su familia en los asientos más costosos de la aerolínea Latam disponibles para ese destino, y en que dos jubiladas que le financiaron el 87% de la compra de esa misma propiedad de Caballito declararon ante la Justicia en los tribunales de Comodoro Py.

Qué implica el cierre del programa

El programa Volver al Trabajo es uno de los dos esquemas en que derivó el histórico Potenciar Trabajo a partir del Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Ese decreto fijó también la fecha de caducidad del programa: mayo de 2026. El Gobierno no anunció una prórroga y Pettovello anticipó que el esquema será reemplazado por vouchers de capacitación laboral, una propuesta que las organizaciones rechazan de plano.

«El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario. Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas», señaló Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

El impacto del cierre no se limita a los ingresos directos. Según datos del Partido Obrero, el programa representaba un costo fiscal equivalente al 0,1% del PBI, pero con un efecto multiplicador en las economías barriales: cada peso se volcaba al consumo inmediato en comercios de proximidad.

La UTEP estimó que en la provincia de Buenos Aires hay unos 500.000 beneficiarios, lo que equivale a una inyección mensual de $39.000 millones en circuitos económicos locales. A nivel nacional, el impacto anual del cierre se estima en 600 millones de dólares, con el Noroeste como la región más golpeada, según datos del Partido Obrero.

Las cocineras, en el centro del conflicto

Barrios de Pie subrayó que «las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban». La organización advirtió que el cierre «pone en peligro la apertura de los comedores», lo que implica que miles de niños y jubilados podrían quedarse sin ese servicio esencial.

Morales fue más lejos en su caracterización: «Estamos frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores; decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados.»

Un plan de lucha que ya suma organizaciones

La olla popular frente a la casa de Adorni se inscribe en un esquema más amplio de movilización. Según informó Infobae, la UTEP y los movimientos que la integran, entre ellos el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, definieron el 13 de abril un plan de acción que incluye una audiencia pública con diputados nacionales el viernes 17 de abril, un congreso en la sede de la UTEP el martes 21 y jornadas de protesta callejera con piquetes los días 5 y 7 de mayo. En paralelo, los dirigentes iniciaron contactos con el gobernador Axel Kicillof y con bloques parlamentarios para advertir sobre el impacto territorial de la medida.

La protesta del jueves en Caballito concentrará, así, dos de los ejes más sensibles del momento político: el escándalo patrimonial de un funcionario de máximo rango y el ajuste sobre los sectores que menos tienen. Dos realidades que, según las organizaciones, no son ajenas entre sí.

Puntos clave:

  • Barrios de Pie montará una olla popular este jueves a las 11 frente a la casa de Adorni en la calle Miró al 500, Caballito, la misma propiedad investigada por presunto enriquecimiento ilícito.
  • La protesta reclama la reversión del cierre del programa Volver al Trabajo, que afecta a 951.871 trabajadores de la economía popular con un ingreso de $78.000 mensuales congelado desde diciembre de 2023.
  • La organización advierte que el cierre pone en riesgo el funcionamiento de comedores comunitarios y el acceso a alimentos de miles de niños y jubilados.
  • La UTEP estima que el programa representaba una inyección mensual de $39.000 millones en economías barriales solo en la provincia de Buenos Aires; el impacto anual del cierre a nivel nacional alcanza los 600 millones de dólares.
  • El plan de lucha de los movimientos sociales incluye una audiencia con diputados el 17 de abril, un congreso de la UTEP el 21 y jornadas de protesta con piquetes el 5 y 7 de mayo.
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