Política 📢
Masiva convocatoria: millones de personas en el Cristinazo
La expresidenta habló desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, y prometió “volver”.
La Plaza de Mayo volvió a ser escenario de una masiva movilización política. Esta vez, el epicentro fue el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.
La marcha, que fue impulsada por sectores del peronismo, organizaciones sociales, sindicatos y también agrupaciones de izquierda, se convirtió en una de las más convocantes desde diciembre de 2019. Los organizadores estimaron que participaron alrededor de un millón de personas.
Axel Kicillof, Juan Grabois, Mayra Mendoza, Guillermo Moreno, Malena Galmarini, dirigentes sindicales y exfuncionarios confluyeron en la convocatoria, que se redefinió sobre la marcha luego de que la Justicia otorgara a Cristina Kirchner el beneficio de la prisión domiciliaria, con condiciones restrictivas.
Un discurso desde el encierro con tono de regreso
Desde su casa en el barrio porteño de Constitución, ubicada en San José 1111, Cristina brindó un mensaje transmitido por altavoces instalados en distintos puntos de la plaza. Comenzó con un saludo a la militancia, asegurando que se encontraba “firme y tranquila”, y no tardó en ironizar sobre la orden judicial que le impide incluso salir al balcón: “Los jueces son unos cachivaches”.
La expresidenta denunció que el fallo tiene motivaciones políticas y que fue proscripta de las elecciones bonaerenses porque “sabían que perdían”. En ese marco, prometió volver a impulsar un modelo económico centrado en la inclusión y el trabajo:
“Vamos a volver. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Los pueblos siempre vuelven”, afirmó con vehemencia.
Cristina apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei, al que calificó como “insostenible” y con “fecha de vencimiento”. “Vamos a volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, con libros y computadoras en las escuelas, donde los trabajadores lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para un auto o una casa”, prometió.
Restricciones judiciales y maniobras de última hora
La decisión de otorgarle prisión domiciliaria fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes integraron el tribunal que condenó a Cristina. En la resolución se estableció la “obligación de permanecer dentro del domicilio sin excepción, salvo emergencias o permiso judicial”, y una prohibición expresa de realizar actos públicos visibles o emitir ruidos que generen molestias a los vecinos.
Aunque el texto no detalla si está prohibido saludar o realizar gestos desde el balcón, la intención política del fallo fue evidente: la audiencia se realizó por Zoom un día antes del vencimiento del plazo y evitó así que la exmandataria se desplazara a Comodoro Py, como estaba previsto inicialmente. Esa maniobra forzó el cambio de estrategia y transformó la marcha a tribunales en una concentración en Plaza de Mayo.
El oficialismo criticó la movilización y defendió el fallo
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó con dureza la masiva demostración de apoyo a la exmandataria. “Es el intento de la tiranía de la calle. Acá hay una decisión de la Justicia, en varias instancias, de llevar adelante una investigación que terminó en un procesamiento y una condena a Cristina Kirchner”, señaló.
El gobierno de Javier Milei evitó hacer comentarios institucionales sobre la protesta, aunque voceros de La Libertad Avanza insistieron en la necesidad de respetar la “independencia judicial” y rechazaron cualquier planteo de persecución política.
Mientras tanto, la oposición peronista comenzó a ensayar una narrativa de unidad que tiene a Cristina nuevamente en el centro del escenario, no como candidata, pero sí como símbolo de resistencia.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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