Política 📢
FdT, mesa chica, candidaturas y otras yerbas
Luego de la primera reunión de la mesa política del FdT el viernes en la sede nacional del PJ «se vienen más encuentros», adelantaron fuentes partidarias.
Los sectores que integran el Frente de Todos avanzan en la conformación de una mesa política «más chica» que represente a todos los espacios, para «poder avanzar con mayor rapidez» en acuerdos de estrategia electoral y reglas para la participación en las PASO, mientras que aún no se definió «quiénes conformarán la comisión» que visitará a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para «pedirle que sea candidata» este año.
Luego de la primera reunión de la mesa política del FdT que se extendió hasta la madrugada del viernes en la sede nacional del PJ y que contó con la asistencia de dirigentes de relevancia de todos los sectores internos, incluido el presidente Alberto Fernández, todavía no está definida la fecha de la próxima reunión ni la agenda de la misma, pero «se vienen más encuentros», adelantaron fuentes partidarias.
Al respecto, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, quien participó de la reunión de Matheu 130, adelantó que en las próximas semanas «van a haber otras reuniones de la mesa política, como la que se reunió el pasado jueves, porque hay que llegar a un acuerdo programático para ofrecer a la gente y que recupere la esperanza».
En ese sentido, aseguró que es «muy probable que se arme una mesa más chica para que se avance definitivamente con temas que necesitan de rápidos acuerdos», como los estrictamente reglamentarios que guiarán la competencia interna, y señaló que otro objetivo para el corto plazo es «permitir una mayor y amplia participación» de todos los sectores en las primarias.
Dicha mesa ‘chica’, confiaron las fuentes, quedaría en manos de los mismos representantes de los diversos sectores del FdT que negociaron el armado de la primera reunión del último jueves, con la cual se dio inicio al diálogo para definir una estrategia electoral a través de un debate «franco» y «sincero» que se extendió por más de cinco horas.
Entre ellos, en representación del espacio político más cercano al Presidente estarán el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y quien le sigue en esa estructura, el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos; por el kirchnerismo lo hará el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; mientras que por el massismo lo harán el intendente de San Fernando, Fernando Andreotti y/o la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
En esa mesa operativa, junto a los delegados de los tres espacios internos más importantes del FdT, se sumarían dirigentes gremiales y de los movimientos sociales.
Mientras tanto, en instancias más amplias se incluirían a representantes territoriales como gobernadores e intendentes, como ya había adelantado el mandatario riojano Ricardo Quintela, quien hasta deslizó la posibilidad de hacer una reunión federal en alguna provincia.
En lo inmediato, una de las próximas reuniones de la mesa del FdT será con el resto de los partidos políticos que componen la coalición oficialista que se formó en 2019.
Así lo anunció el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario y referente del Movimiento Evita, Fernando ‘Chino’ Navarro, quien contó que durante el encuentro «el Presidente anunció que se va a reunir con todos los integrantes de los partidos políticos que integran el Frente de Todos».
El FdT está compuesto por 17 partidos, entre los que sobresalen el PJ y el Frente Renovador pero también lo integran Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Partido por el Trabajo y la Equidad (ParTE), Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento Proyecto Sur, Somos y el partido de la Concertación-Forja.
Al respecto, Furlán manifestó que «hubo consenso unánime para que se conforme una comisión para ir a hablar con la Vicepresidenta, pero no se dictaminó quiénes son las personas que van a tener esa tarea. Así que seguramente en los próximos días se irá a resolver», señaló.
«Nosotros necesitamos que Cristina sea nuestra candidata porque es la figura política más importante que tiene nuestro espacio y es la que mejor mide en la provincia de Buenos Aires», argumentó el gremialista, que además sostuvo que «si Cristina es candidata, es la síntesis de todo nuestro espacio, por lo que desecha cualquier posibilidad de que haya PASO».
En esta misma línea, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, afirmó que «Cristina triplica en votos a cualquier candidato del oficialismo y de la oposición»; mientras que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo que la Vicepresidenta «es la candidata natural» de toda la coalición oficialista.
Ayer, más de 600 militantes participaron del plenario del Frente de Todos de la Séptima sección electoral bonaerense realizada en la sede del PJ de la localidad de Roque Pérez bajo la consigna «Unidad para romper la proscripción», donde insistieron en la necesidad de que Cristina Kirchner se postule para la Presidencia.
Desde el PJ bonaerense, encabezado por el diputado Máximo Kirchner, adelantaron que ese tipo de encuentros regionales «continuarán en toda la provincia» de Buenos Aires, para realizar actividades bajo una misma consigna: «Cristina 2023».
Ante este clamor que impulsan desde el kirchnerismo, los dirigentes del FdT más cercanos al jefe de Estado reconocieron que la exmandataria tiene un caudal de votos pero al mismo tiempo coincidieron en que la posibilidad de que el propio Alberto Fernández se postule por la reelección es una alternativa que no se puede descartar.
Mientras desde el kirchnerismo pretenden apurar una definición sobre quién o quiénes serán los precandidatos de la coalición gobernante, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, remarcó que Alberto Fernández «no confirmó si quiere ser candidato pero tiene el derecho de ser reelecto, aunque no va a ser obstáculo para que otra persona sea candidata».
Mientras tanto, el massismo guarda silencio a la hora de hablar de candidaturas.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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