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Legislativo

Bullrich armó bloque de 44 senadores para acelerar reforma laboral antes de fin de año

El Gobierno busca aprobar cambios en legislación del trabajo antes de fin de año. Bullrich armó un bloque de 44 senadores para controlar las comisiones clave. El kirchnerismo quedó en minoría.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Senado abrirá este miércoles a las 11 el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, con la intención de avanzar a paso acelerado: el oficialismo aspira a votar la iniciativa el viernes 26 de diciembre, según confirmaron fuentes legislativas a este medio.

El trámite exprés quedó definido tras la reunión que mantuvieron este martes por la mañana la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloques en el Senado. Allí se estableció la conformación de las comisiones que debatirán, en paralelo, la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares.

Cronograma relámpago para cambiar el mercado laboral

Este miércoles a las 9 se constituirán por separado las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Dos horas después comenzará el plenario con la primera ronda de consultas. Entre los primeros expositores estará el secretario de Trabajo, Julio Cordero, junto a funcionarios del ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, informaron voceros parlamentarios.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó a la prensa acreditada que el objetivo es conseguir dictamen este viernes, tras dos jornadas de debate. En total expondrán 15 especialistas: 10 propuestos por el oficialismo y sus aliados, y cinco por el interbloque peronista que lidera el formoseño José Mayans.

Bloque de 44 senadores garantiza el control oficialista

El dato clave de la reunión del martes fue la constitución de un bloque circunstancial de 44 senadores que le permitió a Bullrich asegurarse la mayoría en las comisiones frente al kirchnerismo. Este movimiento resulta fundamental para el oficialismo, ya que garantiza los dictámenes de comisión necesarios para avanzar con la reforma.

Sin embargo, para la aprobación definitiva de la ley en el recinto, el Gobierno deberá mantener enhebrados los consensos para reunir al menos 37 senadores que permitan abrir la sesión y sancionar la iniciativa.

Bullrich acordó con la UCR, el PRO y bloques provinciales quedarse con la mayoría en las cuatro comisiones involucradas en el debate de ambas leyes.

Composición de las comisiones clave

La comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá Bullrich, tendrá 17 miembros. De ellos, 12 corresponden al oficialismo y sus aliados: cinco de La Libertad Avanza, tres de la UCR, uno del PRO, uno del Frente Renovador, uno de Cambio Federal y otro de «Primero los salteños». Los cinco lugares restantes quedaron para el peronismo.

Integrarán esa comisión, además de Bullrich, los libertarios Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero; los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider; el macrista Enrique Goerling Lara; la misionera Sonia Rojas Decut; el correntino Carlos Espínola; y la salteña Favia Royon.

Por su parte, la comisión de Presupuesto y Hacienda también tendrá 17 miembros, con una distribución similar: 12 para la alianza entre LLA, UCR, PRO y provinciales, y seis para el peronismo. El libertario Ezequiel Atauche mantendrá la presidencia de esa comisión, que integrarán también Agustín Monteverde, Bullrich, Olivera Lucero y Bartolomé Abdala; los radicales Flavio Fama, Mariana Juri y Schneider; Andrea Cristina del PRO; la cordobesa Alejandra Vigo; Edith Terenzi y Beatriz Ávila.

Ley de glaciares avanza en paralelo

Simultáneamente, el Senado conformará las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Desarrollo y Ambiente Sustentable para abrir el debate sobre la modificación de la ley de glaciares, un reclamo histórico de las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan.

La iniciativa modifica la normativa vigente y otorga potestad a las provincias para analizar emprendimientos mineros, aunque manteniendo la obligación de cuidar el medio ambiente. El catamarqueño radical Flavio Fama será el presidente de la comisión de Minería, mientras que la chubutense Edith Terenzi presidirá la comisión de Ambiente y Desarrollo, según señalaron voceros parlamentarios.

Puntos clave:

• El Senado debatirá la reforma laboral este miércoles con el objetivo de votarla el 26 de diciembre

• El oficialismo armó un bloque de 44 senadores para asegurarse la mayoría en las comisiones

• Expondrán 15 especialistas en dos días: 10 propuestos por el oficialismo y 5 por el peronismo

• El kirchnerismo quedó en minoría en las comisiones de Trabajo y Presupuesto

• En paralelo se debatirá la modificación de la ley de glaciares reclamada por provincias mineras

Desregulación

Sturzenegger irá al Senado a explicar porqué Milei quiere entregar tierras a extranjeros

El ministro de Desregulación expondrá este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina los topes a la compra de tierras por extranjeros, incorpora un mecanismo de desalojo «sumarísimo» y desmantela los artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego. El combo consolida una política territorial que ya tiene antecedentes: más de 13 millones de hectáreas argentinas están hoy en manos extranjeras, según un relevamiento del CONICET y la UBA.

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El Argentino Diario-Javier Milei-Federico Sturzenegger.

Sturzenegger en el Senado: tierras sin límites, desalojos exprés y el fin de la protección contra incendios especulativos

★ El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para exponer el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, informaron fuentes del oficialismo. El plenario estará presidido por los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez.

La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete, y concentra cuatro ejes: el refuerzo de garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, la eliminación de los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

No es un proyecto aislado. Es el paso legislativo de una política que el Gobierno de Milei viene ejecutando desde el primer día, y que este medio viene documentando en detalle desde diciembre de 2025.

El mecanismo «sumarísimo»: más velocidad, menos garantías

Sobre el régimen expropiatorio, el proyecto establece un procedimiento «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, en el que la acreditación del título de propiedad es el único requisito para obtener la devolución del bien. El texto oficial asegura que se preservan «las garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas», aunque el objetivo declarado es acortar drásticamente los tiempos que actualmente permiten a los ocupantes de un inmueble defender su situación ante la justicia.

Los críticos de la iniciativa advierten que la celeridad del mecanismo puede convertirse en una herramienta de presión contra inquilinos, comunidades indígenas con posesión histórica de tierras o familias que residen en inmuebles cuya titulación está en disputa judicial.

Tierras: el mapa que el CONICET dibujó antes de que Milei avance

El eje más sensible del proyecto es la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca derogar los topes establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fijó que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera y que ninguna persona física o jurídica extranjera puede tener más del 30% de una misma zona.

El argumento oficial, reproducido en el texto firmado por Milei y todos sus ministros, sostiene que esos límites «implicaron una limitación irrazonable» que «condicionó y desincentivó la inversión internacional» en el sector agropecuario. El Gobierno propone reemplazarlos por controles focalizados exclusivamente en adquisiciones de Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.

Los datos, sin embargo, cuentan otra historia. Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET, construido a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, reveló en enero de 2026 que 13 millones de hectáreas —el equivalente a la superficie de Inglaterra, cerca del 5% del territorio nacional— ya están en manos de firmas o estados extranjeros.

Según ese relevamiento, 36 departamentos ya exceden el límite del 15% fijado por la ley que Milei quiere eliminar. Cuatro casos superan el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido de Italia y España; entre esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.

«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», advirtió el historiador Matías Oberlin, becario del CONICET e integrante del Observatorio, en declaraciones a medios nacionales en enero pasado.

Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas de alto valor estratégico: acuíferos, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera. El caso Joe Lewis en el Lago Escondido, Río Negro, con sus 11.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza, un aeropuerto privado sin radares y el bloqueo sistemático del acceso público a un lago de dominio constitucional, fue documentado por este medio como el paradigma de lo que ocurre cuando no hay controles efectivos.

El investigador del CONICET Facundo Martín sintetizó el argumento central contra la reforma: «La decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones.»

Manejo del Fuego: el negocio que se habilita cuando los bosques arden

El proyecto también elimina los artículos centrales de la Ley 27.604, modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. Esa norma prohibía, en caso de incendio, vender o modificar el uso de humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y el de zonas agrícolas incendiadas por 30 años.

El argumento oficial, reproducido por el jefe de Gabinete Adorni en conferencia de prensa, sostiene que esas restricciones «son irrazonables y afectan el ejercicio del derecho de propiedad» y que «se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida.»

El planteo enfrenta datos concretos. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son producto de la actividad humana. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue contundente cuando el Gobierno anunció la medida en diciembre de 2025: la única actividad que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» como mecanismo para «expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.»

«Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado», explicó Vilar en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas al momento del anuncio oficial.

Este medio alertó en diciembre pasado sobre el combo peligroso que representa la combinación de ambas reformas: sin restricciones post-incendio y sin límites a la compra por extranjeros, el circuito es casi perfecto. Se incendia, se compra barato, se cambia el uso del suelo, y el comprador puede ser cualquier corporación multinacional sin ningún tope legal.

El dato presupuestario completa el cuadro. Según la Oficina de Presupuesto Nacional, durante el primer trimestre de 2024 el Gobierno no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al combate de incendios. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvo una caída del 67% en términos reales respecto a los años anteriores.

El historial de Sturzenegger: desregulación como ideología

La presentación de este miércoles no es la primera incursión legislativa de Sturzenegger en el Congreso. La semana pasada, el ministro reingresó el proyecto denominado «Hojarasca», que propone derogar decenas de normas bajo el argumento de que son obsoletas o burocráticas, pero que mezcla leyes genuinamente anacrónicas con normativas de alto contenido político, como la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley 25.750) o la que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley 26.688). El proyecto había perdido estado parlamentario en 2024 sin llegar siquiera a tener dictamen de comisión.

El patrón se repite: presentaciones sucesivas de iniciativas que erosionan el rol regulador del Estado, el control sobre recursos estratégicos y las protecciones ambientales, enmarcadas siempre en el lenguaje de la libertad y la modernización.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado inician formalmente este miércoles el debate. El peronismo ya anticipó su rechazo. El PRO acompaña. Y el mapa del CONICET, con sus 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y sus 36 departamentos en rojo, sigue disponible públicamente para quien quiera mirar los datos antes de votar.

Puntos clave

  • El ministro Sturzenegger expondrá este miércoles en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye desalojos exprés, eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros y reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
  • El proyecto elimina los topes de la Ley 26.737 de 2011, que establecía que no más del 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras, conservando controles solo para compras de Estados soberanos.
  • Un relevamiento del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y que 36 departamentos exceden el límite legal vigente.
  • La eliminación de las restricciones post-incendio de la Ley 27.604 habilita el cambio de uso de humedales y bosques nativos incendiados, una combinación que organizaciones ambientalistas advierten que favorece la especulación inmobiliaria mediante incendios intencionales.
  • El Gobierno no ejecutó fondos para el combate de incendios en el primer trimestre de 2024 y recortó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un 67% en términos reales.

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