Política 📢
Milei escuchó al campo pero no cedió: las retenciones siguen y el malestar crece
Productores expresaron su malestar por la presión fiscal y la falta de infraestructura. El Presidente escuchó los reclamos pero no ofreció definiciones, en un contexto de tensión por el retorno de las retenciones a soja y maíz.
En medio del arranque simbólico de la Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión con la Mesa de Enlace agropecuaria, marcada por un tono cordial pero sin definiciones. La cita tuvo lugar pocas horas después del ingreso del primer animal a la pista central, acto que tradicionalmente da inicio a la mayor muestra ganadera del país.
Participaron Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Lucas Magnano (Coninagro), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina) y Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas). El encuentro ocurrió en un clima de creciente malestar del sector por la restitución de retenciones a las exportaciones de soja y maíz, vigente desde el 1° de julio.
“Fue una charla de ida y vuelta. No hubo promesas ni resoluciones”, resumió Pino tras la reunión. “Siempre hay expectativas cuando un Presidente viene a un evento como este. Ojalá más temprano que tarde los derechos de exportación lleguen a cero”, agregó el titular de la Sociedad Rural, evitando confrontar, pero sin disimular la decepción.
El retorno de las retenciones: un golpe a la rentabilidad
El principal foco de tensión entre el Gobierno y los productores es el esquema de derechos de exportación. Entre enero y junio, el Ejecutivo había reducido temporalmente las alícuotas: la soja bajó de 33% a 26%, y el maíz del 12% al 9,5%. Pero con la finalización del beneficio, ambas volvieron a su nivel anterior.
Según la Sociedad Rural y la Aacrea, esta decisión deja al 80% del área sembrada con soja y al 60% del área maicera en una situación “de riesgo económico”, ya que los márgenes de rentabilidad no cubren los costos de producción. El trigo y la cebada conservarán la alícuota reducida hasta marzo de 2026, pero no son cultivos predominantes en la actual campaña.
El malestar se intensificó luego de que el Gobierno reiterara que no eliminará las retenciones en el corto plazo, pese a que Milei había calificado a ese impuesto como “nefasto” durante la campaña presidencial.
Presión fiscal, caminos destruidos y futuro del INTA
La dirigencia rural planteó también otros reclamos estructurales: la presión impositiva combinada y la falta de inversión en infraestructura. “Viene muy golpeada. Se tocó el tema por la seguridad de los que transitamos, pero también si el desafío es producir más y mejor, tienen que estar dadas las condiciones para que esa producción pueda circular”, advirtió Pino, en referencia al estado de las rutas rurales.
El campo carga además con tributos provinciales y municipales —como Ingresos Brutos, el inmobiliario rural y tasas viales— que, sumados a la inflación, generan un escenario de alta presión fiscal sin retorno en servicios.
Otro eje de preocupación es la continuidad institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuyo funcionamiento se vio en entredicho por la amenaza de disolución incluida en el proyecto de Ley Bases original. Aunque el organismo fue excluido del último texto aprobado, persisten dudas sobre su estructura y presupuesto.
“Todas las entidades se comprometieron a formar parte del nuevo organismo que va a empezar”, señaló Pino, en referencia a una eventual reestructuración del INTA. “Estamos esperando a ser convocados”, agregó, dando cuenta de la incertidumbre que aún reina en el sector científico y productivo.
El gobierno mantiene el tono pro campo, pero sin cambios concretos
A pesar de que Milei suele destacar al agro como “el sector más competitivo y productivo del país”, las decisiones del Gobierno muestran una estrategia fiscalista en la que el campo continúa siendo una fuente clave de recaudación. En el primer semestre del año, los derechos de exportación aportaron más de $2,3 billones al Tesoro, y su peso en las cuentas públicas se volvió aún más relevante tras el recorte de transferencias a provincias.
Mientras tanto, la Mesa de Enlace evita una ruptura total y mantiene el diálogo, a la espera de señales más concretas. “Es bueno que escuche, pero ahora hacen falta respuestas”, expresó off the record un dirigente ruralista que participó de la reunión.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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