CABA
Reprimió a una nena y ahora irá a juicio: la violencia policial de Bullrich
La Cámara Federal porteña avaló la acusación por abuso de autoridad contra Cristian Rivaldi, quien disparó gas lacrimógeno contra una niña de 10 años y su madre durante una manifestación en defensa de los haberes previsionales.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento del policía Cristian Rivaldi, acusado de abuso de autoridad por disparar gas lacrimógeno contra una niña de 10 años durante una manifestación de jubilados el 11 de septiembre de 2024. El hecho quedó registrado por cámaras de televisión y generó una fuerte condena social en su momento.
La medida judicial fue informada por la periodista Vanesa Petrillo: “Se confirmó el procesamiento contra el policía, que se había iniciado por abuso de autoridad. Rivaldi arrojó gas lacrimógeno contra una nena y su mamá, que estaban apoyando a los jubilados”.
El fallo, aunque sin prisión preventiva, habilita el avance hacia un juicio oral. Según Petrillo, “hay elementos para que vaya a juicio público por su accionar”. La resolución se sustentó, entre otras pruebas, en los registros audiovisuales de los noticieros, que mostraron con claridad la conducta represiva del efectivo.
Las cámaras desmintieron al agente
En su defensa, Rivaldi sostuvo que “nunca había visto la presencia de una menor” en la línea de fuego y que de haberlo advertido no habría actuado así. Sin embargo, las imágenes de los medios lo contradijeron. “Se lo ve clarísimo como dispara”, detalló Petrillo.
Las grabaciones fueron consideradas prueba clave por el tribunal, ya que no sólo mostraron el uso desproporcionado de la fuerza, sino también la dirección concreta del gas hacia un grupo pacífico. A pesar de que el Ministerio de Seguridad intentó deslindar al agente asegurando que actuó “según protocolo”, la Cámara concluyó que hubo abuso de autoridad.
El testimonio de la niña: “Me ardían los ojos y la cara”
Días después de la represión, la niña, llamada Fabricia, habló y relató lo ocurrido. “Me ardían los ojos y la cara, no podía respirar bien. Estábamos con mi mamá y vinimos a apoyar a los abuelos. Yo tenía miedo, no pensé que a los nenes también nos podían hacer eso”, declaró con voz temblorosa.
El caso generó una ola de indignación en redes sociales y organismos de derechos humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la CORREPI exigieron en su momento una investigación urgente y sanciones ejemplares. “Esto no es sólo un exceso policial, es violencia estatal sobre la infancia”, señaló un comunicado conjunto.
Impunidad institucional y responsabilidad política
El accionar del agente se enmarca en un contexto más amplio de criminalización de la protesta y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante movilizaciones sociales. Desde que asumió el actual gobierno, distintas organizaciones han denunciado un endurecimiento de los operativos y una política de represión sistemática ante reclamos populares.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre enero de 2024 y junio de 2025 se registraron al menos 42 episodios con uso de gases o balas de goma contra manifestaciones pacíficas. En 17 de ellos hubo intervención directa de menores o personas con discapacidad.
El caso de Fabricia se convirtió en símbolo de esa deriva. La confirmación del procesamiento de Rivaldi es, por ahora, una excepción en un sistema que rara vez imputa a las fuerzas de seguridad por violencia institucional. El juicio oral será una oportunidad para que la Justicia no sólo evalúe responsabilidades individuales, sino que también ponga en cuestión los protocolos que amparan este tipo de prácticas.
CABA
Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes
La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.
Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.
La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.
Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»
Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.
El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.
Qué reclaman los trabajadores
El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:
- El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
- El cambio de las flotas contaminadas.
- La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
- La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.
Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».
La respuesta de Emova y del Gobierno porteño
Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».
El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.
La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.
Un conflicto que se arrastra desde 2018
El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.
El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.
Lo que tenés que saber
- La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
- La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
- El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
- Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
- El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.
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