La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento del policía Cristian Rivaldi, acusado de abuso de autoridad por disparar gas lacrimógeno contra una niña de 10 años durante una manifestación de jubilados el 11 de septiembre de 2024. El hecho quedó registrado por cámaras de televisión y generó una fuerte condena social en su momento.

La medida judicial fue informada por la periodista Vanesa Petrillo: “Se confirmó el procesamiento contra el policía, que se había iniciado por abuso de autoridad. Rivaldi arrojó gas lacrimógeno contra una nena y su mamá, que estaban apoyando a los jubilados”.

El fallo, aunque sin prisión preventiva, habilita el avance hacia un juicio oral. Según Petrillo, “hay elementos para que vaya a juicio público por su accionar”. La resolución se sustentó, entre otras pruebas, en los registros audiovisuales de los noticieros, que mostraron con claridad la conducta represiva del efectivo.

Las cámaras desmintieron al agente

En su defensa, Rivaldi sostuvo que “nunca había visto la presencia de una menor” en la línea de fuego y que de haberlo advertido no habría actuado así. Sin embargo, las imágenes de los medios lo contradijeron. “Se lo ve clarísimo como dispara”, detalló Petrillo.

Las grabaciones fueron consideradas prueba clave por el tribunal, ya que no sólo mostraron el uso desproporcionado de la fuerza, sino también la dirección concreta del gas hacia un grupo pacífico. A pesar de que el Ministerio de Seguridad intentó deslindar al agente asegurando que actuó “según protocolo”, la Cámara concluyó que hubo abuso de autoridad.

El testimonio de la niña: “Me ardían los ojos y la cara”

Días después de la represión, la niña, llamada Fabricia, habló y relató lo ocurrido. “Me ardían los ojos y la cara, no podía respirar bien. Estábamos con mi mamá y vinimos a apoyar a los abuelos. Yo tenía miedo, no pensé que a los nenes también nos podían hacer eso”, declaró con voz temblorosa.

El caso generó una ola de indignación en redes sociales y organismos de derechos humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la CORREPI exigieron en su momento una investigación urgente y sanciones ejemplares. “Esto no es sólo un exceso policial, es violencia estatal sobre la infancia”, señaló un comunicado conjunto.

Impunidad institucional y responsabilidad política

El accionar del agente se enmarca en un contexto más amplio de criminalización de la protesta y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante movilizaciones sociales. Desde que asumió el actual gobierno, distintas organizaciones han denunciado un endurecimiento de los operativos y una política de represión sistemática ante reclamos populares.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre enero de 2024 y junio de 2025 se registraron al menos 42 episodios con uso de gases o balas de goma contra manifestaciones pacíficas. En 17 de ellos hubo intervención directa de menores o personas con discapacidad.

El caso de Fabricia se convirtió en símbolo de esa deriva. La confirmación del procesamiento de Rivaldi es, por ahora, una excepción en un sistema que rara vez imputa a las fuerzas de seguridad por violencia institucional. El juicio oral será una oportunidad para que la Justicia no sólo evalúe responsabilidades individuales, sino que también ponga en cuestión los protocolos que amparan este tipo de prácticas.