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Gremiales

Vacaciones bajo amenaza: pilotos acatan conciliación pero resisten cambios laborales

APLA denunció que la medida fue adoptada sin diálogo y que afecta la seguridad aérea.

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La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y las empresas del sector, con el objetivo de desactivar el paro anunciado para el 19 de julio, fecha clave por el inicio de las vacaciones de invierno. La medida alcanza a todas las aerolíneas y pilotos representados por el gremio.

El Gobierno actuó tras una solicitud presentada por Aerolíneas Argentinas, en el marco de la Cámara de Líneas Aéreas de la República Argentina (CLARA). “Se estableció un periodo conciliatorio de 15 días”, informó la cartera laboral, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La resolución, que regirá desde las 00 horas del 19 de julio, obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto. “Se intima a APLA y, por su intermedio, a los trabajadores que representa, a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”, comunicó el organismo.

Un conflicto que pone en riesgo vuelos clave

El anuncio de APLA había generado preocupación en el sector aerocomercial y entre los usuarios. El paro, previsto para el inicio del receso invernal, amenazaba con cancelar más de 300 vuelos, tanto nacionales como internacionales. La medida tenía un fuerte impacto potencial en los servicios de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y otras compañías.

El conflicto se desató luego de que el Gobierno publicara un decreto que modifica el régimen laboral de los pilotos: extiende los tiempos máximos de servicio por jornada y reduce los descansos obligatorios entre vuelos. Desde APLA consideran que estas modificaciones “ponen en riesgo la seguridad operacional” y violan convenios vigentes.

“La decisión fue tomada de forma unilateral y sin consulta con las organizaciones gremiales”, señalaron desde el sindicato. La medida, impulsada por el Ministerio de Defensa y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), forma parte de una serie de reformas que apuntan a liberalizar las condiciones laborales en el sector.

El Gobierno llama al diálogo, pero sin ceder

En su comunicado, la Secretaría de Trabajo exhortó a “mantener la mejor predisposición y apertura para negociar las actuales diferencias y contribuir así a la paz social y la mejora del marco de las relaciones laborales en la actividad aeronáutica”.

El texto también recordó que “el Estado Nacional tiene el deber de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para sus ciudadanos y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva”.

Sin embargo, hasta ahora el Poder Ejecutivo no mostró intenciones de revisar el decreto que modificó los límites de actividad y descanso, lo que tensiona aún más la negociación. Desde APLA advirtieron que acatarán la conciliación obligatoria, pero no descartan retomar las medidas de fuerza una vez concluido el período de 15 días si no hay avances.

Antecedentes y contexto político

La pulseada entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos se inscribe en una ofensiva más amplia contra el sistema sindical argentino. Javier Milei ha reiterado en diversas ocasiones que buscará eliminar privilegios de “castas corporativas” y desregular los marcos laborales, especialmente en sectores estratégicos como transporte, energía y salud.

En los últimos meses, varias ramas del transporte —ferroviarios, portuarios, choferes de larga distancia— expresaron su rechazo a los intentos de modificar convenios colectivos vía decreto. En todos los casos, las autoridades apelaron a la conciliación obligatoria como mecanismo para desactivar los paros sin resolver el fondo de las disputas.

CABA

Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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