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La estrategia judicial frente a la movilización en apoyo a Cristina Kirchner

El tribunal evalúa concederle prisión domiciliaria y eximirla de presentarse en persona, pero el operativo político y judicial para frenar la movilización ya está en marcha.

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En la noche del viernes, el diario La Nación lanzó un titular que encendió todas las alarmas: “Cristina Kirchner podría no tener que presentarse en Comodoro Py”. En la bajada, se leía: “Fuentes del tribunal no descartan que su presencia en los tribunales sea innecesaria si finalmente se acepta el pedido para que cumpla la pena en su casa”. El mensaje era claro: evitar que el miércoles se convierta en una marea humana acompañando a la expresidenta a los tribunales federales de Retiro.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), que debe ejecutar la condena de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad, tiene en sus manos dos decisiones clave: si concede el arresto domiciliario a la exmandataria y si la autoriza a notificarse de forma remota, sin necesidad de trasladarse a Comodoro Py. Mientras tanto, la cuenta regresiva avanza: tiene tiempo hasta las dos primeras horas hábiles del jueves para presentarse.

Un pedido con fundamentos

Desde su defensa recordaron que Cristina Kirchner, con más de 70 años, cumple con los requisitos para el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero además, señalaron su condición de exjefa de Estado, su custodia permanente, el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022 y el carácter político y masivo que tendría cualquier traslado, como argumentos adicionales para evitar su exposición pública.

Nada de eso fue suficiente para desactivar la convocatoria. “Ningún rumor va a frenar la movilización”, se escucha en el entorno de la expresidenta. “Solo una notificación oficial del tribunal podría hacerlo”, insisten los dirigentes que preparan la marcha del miércoles hacia Retiro.

Los fiscales y el poder político

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que ya pidieron dos veces la detención inmediata de Cristina Kirchner, analizan ahora el pedido de prisión domiciliaria. Hasta el momento, no habían dado señales de ceder. Pero la presión política sobre el sistema judicial también llegó a ellos.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, opinó públicamente que sería razonable que la expresidenta cumpla la condena en su casa. “Está dentro de los derechos que tiene”, declaró. Esa frase no pasó inadvertida.

Cronología de un fallo anunciado

El proceso judicial se aceleró en paralelo con los tiempos de la política. Todo comenzó el lunes 2 de junio, cuando CFK anunció que sería candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Su entorno sospechaba que el fallo de la Corte saldría en esos días, mientras Javier Milei se encontraba de gira internacional.

El miércoles 4, la Corte Suprema rechazó la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, dejándolo habilitado para intervenir en la causa. Fue el primer movimiento visible del máximo tribunal.

Finalmente, el martes 10, llegó la definición del alto tribunal que dejó firme la condena. Según reveló el periodista Gabriel Morini en Ámbito Financiero, la decisión no iba a publicarse ese día, pero la presión política aceleró los tiempos: “La presión que rodeó a la Corte Suprema en las últimas semanas obligó a recalibrar durante la misma jornada”, escribió.

El temor a la calle

Con el fallo firme, el Poder Judicial enfrenta ahora una situación que no sabe cómo controlar: una movilización masiva en defensa de Cristina Kirchner, la más grande desde el intento de asesinato en 2022. La posibilidad de concederle el arresto domiciliario y evitar su traslado a Comodoro Py no solo responde a cuestiones jurídicas o humanitarias, sino al temor político y mediático que genera una nueva escena de multitudes en las calles.

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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