La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2024, en el cual expresó preocupación por «retrocesos significativos» en la protección de derechos humanos en Argentina durante la administración de Javier Milei. El organismo señaló que las medidas de reorganización y reducción del Estado impulsadas por La Libertad Avanza han debilitado la lucha contra la violencia y discriminación por razones de género, y han impactado negativamente en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Represión de protestas y uso desproporcionado de la fuerza

La CIDH documentó eventos de uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas, especialmente durante las protestas por la Ley Bases y el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Amnistía Internacional reportó que, en 2024, más de 1.100 personas resultaron heridas, 33 sufrieron impactos faciales y 73 fueron criminalizadas por participar en manifestaciones. Además, al menos 50 periodistas resultaron heridos mientras cubrían las protestas.

La implementación del «Protocolo para el mantenimiento del orden público», conocido como Protocolo Antipiquetes, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por criminalizar las manifestaciones y otorgar amplios poderes a la policía para dispersar protestas sin control judicial.

Retrocesos en políticas de género y derechos sexuales y reproductivos

El informe de la CIDH destacó que, por primera vez en 40 años, Argentina no cuenta con un organismo rector encargado del diseño y ejecución de políticas para prevenir y erradicar la violencia de género. La eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el vaciamiento de programas como la Línea 144 y el Programa Acompañar han generado retrocesos en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que altas autoridades emitieron discursos estigmatizantes en rechazo a la diversidad de identidades sexuales y la perspectiva de género. Además, se anunciaron restricciones a la aplicación de la Ley de Identidad de Género para personas privadas de libertad.

Impacto en la libertad de expresión y acceso a la información

La CIDH reportó un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión, caracterizado por una baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. Se documentaron discursos estigmatizantes desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, particularmente contra mujeres.

El informe también alertó sobre cambios en la normativa de acceso a la información pública que opacan y restringen la transparencia del Estado. El cierre de la agencia de noticias Télam y los intentos de restablecer el registro obligatorio de periodistas han sido señalados como medidas que atentan contra la libertad de prensa y limitan el acceso de la ciudadanía a la información.

Desmantelamiento de políticas de memoria, verdad y justicia

Las políticas de derechos humanos han sido especialmente afectadas por el achicamiento del Estado. Se registraron despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y el cierre de oficinas dedicadas a la violencia institucional y la reparación para víctimas del terrorismo estatal. Los sitios de memoria han sufrido recortes de fondos y suspensiones de obras. Además, se intervino la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), restringiendo sus facultades para investigar y buscar información en los archivos del Estado.