DDHH
Alerta internacional: la CIDH advierte sobre el deterioro de DDHH en Argentina
Se reportó un deterioro en la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2024, en el cual expresó preocupación por «retrocesos significativos» en la protección de derechos humanos en Argentina durante la administración de Javier Milei. El organismo señaló que las medidas de reorganización y reducción del Estado impulsadas por La Libertad Avanza han debilitado la lucha contra la violencia y discriminación por razones de género, y han impactado negativamente en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Represión de protestas y uso desproporcionado de la fuerza
La CIDH documentó eventos de uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas, especialmente durante las protestas por la Ley Bases y el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Amnistía Internacional reportó que, en 2024, más de 1.100 personas resultaron heridas, 33 sufrieron impactos faciales y 73 fueron criminalizadas por participar en manifestaciones. Además, al menos 50 periodistas resultaron heridos mientras cubrían las protestas.
La implementación del «Protocolo para el mantenimiento del orden público», conocido como Protocolo Antipiquetes, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por criminalizar las manifestaciones y otorgar amplios poderes a la policía para dispersar protestas sin control judicial.
Retrocesos en políticas de género y derechos sexuales y reproductivos
El informe de la CIDH destacó que, por primera vez en 40 años, Argentina no cuenta con un organismo rector encargado del diseño y ejecución de políticas para prevenir y erradicar la violencia de género. La eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el vaciamiento de programas como la Línea 144 y el Programa Acompañar han generado retrocesos en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que altas autoridades emitieron discursos estigmatizantes en rechazo a la diversidad de identidades sexuales y la perspectiva de género. Además, se anunciaron restricciones a la aplicación de la Ley de Identidad de Género para personas privadas de libertad.
Impacto en la libertad de expresión y acceso a la información
La CIDH reportó un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión, caracterizado por una baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. Se documentaron discursos estigmatizantes desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, particularmente contra mujeres.
El informe también alertó sobre cambios en la normativa de acceso a la información pública que opacan y restringen la transparencia del Estado. El cierre de la agencia de noticias Télam y los intentos de restablecer el registro obligatorio de periodistas han sido señalados como medidas que atentan contra la libertad de prensa y limitan el acceso de la ciudadanía a la información.
Desmantelamiento de políticas de memoria, verdad y justicia
Las políticas de derechos humanos han sido especialmente afectadas por el achicamiento del Estado. Se registraron despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y el cierre de oficinas dedicadas a la violencia institucional y la reparación para víctimas del terrorismo estatal. Los sitios de memoria han sufrido recortes de fondos y suspensiones de obras. Además, se intervino la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), restringiendo sus facultades para investigar y buscar información en los archivos del Estado.
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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