Gremiales
Alerta sindical: la CGT compara el caso Cristina con el “lawfare” contra Lula
La central obrera advirtió que la situación constituye una “amenaza a la democracia”, equiparándola con otros casos de guerra judicial en la región. Además, criticó las “irregularidades” durante el proceso judicial y la “manipulación informativa” de los medios.
La CGT se encolumna con Cristina y advierte sobre una “democracia en peligro”
La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un contundente comunicado en respaldo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, calificando la situación como una “amenaza a la democracia”. La central obrera se pronunció así en vísperas de la posible ratificación de la condena de la titular del Partido Justicialista en la Causa Vialidad, un hecho que la CGT interpreta como parte de una «persecución y proscripción política».
Un fallo judicial bajo la lupa sindical
El comunicado de la CGT, emitido días antes de la esperada decisión de la Corte Suprema de Justicia, no solo respalda a la exmandataria, sino que cuestiona la legitimidad del proceso judicial. Para la central obrera, cualquier fallo que “ponga en cuestión las reglas democráticas” en un contexto preelectoral, no hace más que “alterar el normal funcionamiento institucional” de la Nación. Esta postura se fundamenta en la percepción de “irregularidades” en las causas y la «difusión anticipada» y «manipulación informativa» por parte de los medios de comunicación.
La CGT traza un paralelismo directo con experiencias en otros países de la región, citando el caso de Inácio «Lula» Da Silva en Brasil como «el más emblemático». Esta comparación subraya la preocupación por lo que consideran una estrategia de «lawfare» destinada a inhabilitar a líderes políticos populares. La central obrera argumenta que estos procedimientos «desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento», los cuales deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías constitucionales.
La voluntad popular como bastión democrático
Los líderes sindicales enfatizaron la importancia de resguardar la «voluntad popular», sosteniendo que solo los ciudadanos deben decidir, a través de «elecciones libres», quiénes serán sus representantes, “sin interferencias de otros poderes”. Esta declaración se posiciona como una defensa de la soberanía constitucional y del derecho de la ciudadanía a elegir sin condicionamientos externos.
La CGT expresó un «profundo repudio a la embestida mediática y política» y exigió al Poder Judicial que actúe “con la integridad que la ley exige y la sociedad le reclama”. Este llamado a la responsabilidad institucional subraya la desconfianza de la central obrera en la imparcialidad de ciertos sectores del sistema judicial y mediático.
Proscripción política y modelo económico: una misma batalla
El comunicado concluye con una fuerte advertencia sobre las implicancias de lo que consideran una «persecución a los candidatos». Para la CGT, esta estrategia, ya sea contra el peronismo o «cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares», confirma que la «proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías». Esta lectura vincula directamente la situación judicial de Cristina Kirchner con un proyecto político y económico más amplio, que buscaría debilitar las fuerzas populares para avanzar con una agenda regresiva.
Puntos clave:
- La CGT manifestó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante la posible ratificación de su condena en la Causa Vialidad.
- La central obrera advirtió que la situación constituye una amenaza a la democracia, equiparándola con casos de «lawfare» regional como el de Lula Da Silva.
- Criticó las supuestas «irregularidades» en el proceso judicial y la «manipulación informativa» de los medios.
- Defendió la «voluntad popular» como el único mecanismo legítimo para elegir representantes, sin interferencias de otros poderes.
- Vinculó la «persecución política» con la intención de imponer un modelo económico de «desigualdad y empobrecimiento» de las mayorías.
Gremiales
ATE confirmó el regreso de los 12 trabajadores despedidos en Olivos tras el cambio en Seguridad
La organización gremial informó que los empleados regresarán a sus funciones luego de la reorganización de la residencia presidencial. Serán destinados a la Casa Rosada y a las oficinas de Presidencia de Avenida 25 de Mayo al 600.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó este jueves la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos luego de la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era considerada una funcionaria clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
El sindicato informó la novedad a través de su cuenta en la red social X. “ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos”, expresó la organización.
En el mismo comunicado, ATE sostuvo que “la organización y la lucha colectiva dieron resultado” y señaló que los trabajadores “vuelven a sus puestos de trabajo”.
Según informó ATE, los trabajadores serán distribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en Avenida 25 de Mayo al 600.
La redistribución forma parte del reordenamiento del esquema laboral derivado de los cambios implementados en la estructura de seguridad de la residencia presidencial.
El sindicato también planteó, a partir de este episodio, la necesidad de fortalecer la organización gremial frente a situaciones que considera injustas. “Frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos”, expresó.
Qué cambió en la seguridad de la Quinta de Olivos
El Gobierno nacional anunció el jueves pasado una modificación en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos. La decisión estableció que Casa Militar concentre todas las tareas vinculadas con la protección de Javier Milei y su círculo.
La modificación derivó en el desplazamiento de 15 personas y en el desarme de la estructura que hasta ese momento administraba la residencia presidencial.
El proceso contempla un plazo de 60 días para completar los movimientos de personal vinculados con la nueva organización.
Casa Militar quedó a cargo de toda la seguridad presidencial en Olivos
Casa Militar depende del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Con la nueva estructura, su personal asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente de la Nación y su familia.
La institución militar ya tenía bajo su responsabilidad una parte de la seguridad del jefe de Estado. Con la modificación anunciada por el oficialismo, pasó a concentrar todas las funciones relacionadas con la protección de esos espacios.
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