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Alerta sindical: la CGT compara el caso Cristina con el “lawfare” contra Lula

La central obrera advirtió que la situación constituye una “amenaza a la democracia”, equiparándola con otros casos de guerra judicial en la región. Además, criticó las “irregularidades” durante el proceso judicial y la “manipulación informativa” de los medios.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.

La CGT se encolumna con Cristina y advierte sobre una “democracia en peligro”

La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un contundente comunicado en respaldo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, calificando la situación como una “amenaza a la democracia”. La central obrera se pronunció así en vísperas de la posible ratificación de la condena de la titular del Partido Justicialista en la Causa Vialidad, un hecho que la CGT interpreta como parte de una «persecución y proscripción política».

Un fallo judicial bajo la lupa sindical

El comunicado de la CGT, emitido días antes de la esperada decisión de la Corte Suprema de Justicia, no solo respalda a la exmandataria, sino que cuestiona la legitimidad del proceso judicial. Para la central obrera, cualquier fallo que “ponga en cuestión las reglas democráticas” en un contexto preelectoral, no hace más que “alterar el normal funcionamiento institucional” de la Nación. Esta postura se fundamenta en la percepción de “irregularidades” en las causas y la «difusión anticipada» y «manipulación informativa» por parte de los medios de comunicación.

La CGT traza un paralelismo directo con experiencias en otros países de la región, citando el caso de Inácio «Lula» Da Silva en Brasil como «el más emblemático». Esta comparación subraya la preocupación por lo que consideran una estrategia de «lawfare» destinada a inhabilitar a líderes políticos populares. La central obrera argumenta que estos procedimientos «desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento», los cuales deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías constitucionales.

La voluntad popular como bastión democrático

Los líderes sindicales enfatizaron la importancia de resguardar la «voluntad popular», sosteniendo que solo los ciudadanos deben decidir, a través de «elecciones libres», quiénes serán sus representantes, “sin interferencias de otros poderes”. Esta declaración se posiciona como una defensa de la soberanía constitucional y del derecho de la ciudadanía a elegir sin condicionamientos externos.

La CGT expresó un «profundo repudio a la embestida mediática y política» y exigió al Poder Judicial que actúe “con la integridad que la ley exige y la sociedad le reclama”. Este llamado a la responsabilidad institucional subraya la desconfianza de la central obrera en la imparcialidad de ciertos sectores del sistema judicial y mediático.

Proscripción política y modelo económico: una misma batalla

El comunicado concluye con una fuerte advertencia sobre las implicancias de lo que consideran una «persecución a los candidatos». Para la CGT, esta estrategia, ya sea contra el peronismo o «cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares», confirma que la «proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías». Esta lectura vincula directamente la situación judicial de Cristina Kirchner con un proyecto político y económico más amplio, que buscaría debilitar las fuerzas populares para avanzar con una agenda regresiva.

Puntos clave:

  • La CGT manifestó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante la posible ratificación de su condena en la Causa Vialidad.
  • La central obrera advirtió que la situación constituye una amenaza a la democracia, equiparándola con casos de «lawfare» regional como el de Lula Da Silva.
  • Criticó las supuestas «irregularidades» en el proceso judicial y la «manipulación informativa» de los medios.
  • Defendió la «voluntad popular» como el único mecanismo legítimo para elegir representantes, sin interferencias de otros poderes.
  • Vinculó la «persecución política» con la intención de imponer un modelo económico de «desigualdad y empobrecimiento» de las mayorías.

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Catalano sobre la paritaria: «Aumentos miserables sobre salarios de pobreza»

Los datos que el oficialismo no muestra: trabajadores estatales perdieron el 40,5% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

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La propuesta salarial que el gobierno nacional llevó a la mesa de la paritaria de los trabajadores estatales para el segundo semestre de 2026 encendió la reacción del movimiento sindical. Los números son contundentes: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, este último con un plus de $80.000 remunerativos.

Sobre un salario de un millón de pesos, el incremento de septiembre equivale apenas a $19.000 pesos: menos que un kilo de asado en muchos comercios del conurbano.

Catalano: «La disociación con la realidad es total»

Desde su cuenta verificada en la red social X, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital Federal, fue categórico: «La disociación de Milei y su gabinete con la realidad es total. La propuesta salarial del gobierno nacional para la paritaria de las y los estatales de este 2026 no se acerca ni un poco a la pérdida salarial que venimos sufriendo desde el 2023″. El dirigente difundió además dos infografías elaboradas por ATE Capital que ilustran el desfasaje con precisión.

En sus gráficos, el sindicato cruzó dos curvas que se mueven en sentido inverso: la caída del poder adquisitivo del salario estatal y el aumento de la mora crediticiaentre los trabajadores del sector.

Los datos son de ATE Capital Federal. A julio de 2024, apenas el 5,43% de los estatales registraba deudas. Para junio de 2026, esa cifra trepó al 18,63%: casi uno de cada cinco trabajadores del Estado Nacional está en situación de mora con sus acreedores. En el mismo período, el salario real de los estatales **cayó 40,5 puntos porcentuales**, retrocediendo hasta representar apenas el 59,5% de su valor de noviembre de 2023.

El ajuste como política: lo que el gobierno llama «corrección»

Catalano no se limitó al diagnóstico económico. En su publicación, describió el cuadro social con dureza: «Ahogan, desgastan, vacían el Estado haciendo muy difícil poder vivir con dignidad, ni hablar de poder proyectar un futuro». Y cerró con una advertencia directa: «Así no se puede. Vamos a seguir dando pelea como desde el primer momento. En cada sector, en cada organismo. En las calles y en dónde sea necesario. Basta de este gobierno hambreador».

La denuncia de Catalano se enmarca en un proceso de deterioro salarial que lleva más de dos años y medio. Desde diciembre de 2023, el gobierno de Milei recortó el gasto primario total en un 31%, los salarios públicos en un 29% en términos reales y los programas sociales en un 61%, según el Foro Economía y Trabajo. Esa política de ajuste responde a las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado por USD 20.000 millones, firmado en abril de 2025, cuya segunda revisión fue aprobada en abril de 2026 con un desembolso adicional de USD 1.000 millones.

El endeudamiento: la otra cara de la pérdida salarial

El cruce entre salario real y mora crediticia que difundió ATE Capital revela una dinámica que el relato oficial sistemáticamente evita: cuando el salario no alcanza, los trabajadores se endeudan. La curva de mora arrancó casi plana hasta mediados de 2024, cuando comenzó a escalar de manera sostenida, coincidiendo con los sucesivos ajustes tarifarios en energía, gas, agua y transporte que acumularon subas superiores al 525% desde el inicio de la gestión libertaria, según datos del IIEP de la UBA-CONICET. La canasta de servicios consume una porción creciente del salario, y el crédito, formal o informal, se convierte en el parche cotidiano de un deterioro estructural.

Los números de ATE Capital muestran, en cambio, es que esa supuesta estabilidad macroeconómica se está financiando con el empobrecimiento concreto de quienes trabajan en el Estado: menos poder adquisitivo, más deudas, y una propuesta paritaria que no alcanza ni para cubrir la inflación proyectada para el último trimestre del año.

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