Gremiales
Alerta sindical: la CGT compara el caso Cristina con el “lawfare” contra Lula
La central obrera advirtió que la situación constituye una “amenaza a la democracia”, equiparándola con otros casos de guerra judicial en la región. Además, criticó las “irregularidades” durante el proceso judicial y la “manipulación informativa” de los medios.
La CGT se encolumna con Cristina y advierte sobre una “democracia en peligro”
La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un contundente comunicado en respaldo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, calificando la situación como una “amenaza a la democracia”. La central obrera se pronunció así en vísperas de la posible ratificación de la condena de la titular del Partido Justicialista en la Causa Vialidad, un hecho que la CGT interpreta como parte de una «persecución y proscripción política».
Un fallo judicial bajo la lupa sindical
El comunicado de la CGT, emitido días antes de la esperada decisión de la Corte Suprema de Justicia, no solo respalda a la exmandataria, sino que cuestiona la legitimidad del proceso judicial. Para la central obrera, cualquier fallo que “ponga en cuestión las reglas democráticas” en un contexto preelectoral, no hace más que “alterar el normal funcionamiento institucional” de la Nación. Esta postura se fundamenta en la percepción de “irregularidades” en las causas y la «difusión anticipada» y «manipulación informativa» por parte de los medios de comunicación.
La CGT traza un paralelismo directo con experiencias en otros países de la región, citando el caso de Inácio «Lula» Da Silva en Brasil como «el más emblemático». Esta comparación subraya la preocupación por lo que consideran una estrategia de «lawfare» destinada a inhabilitar a líderes políticos populares. La central obrera argumenta que estos procedimientos «desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento», los cuales deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías constitucionales.
La voluntad popular como bastión democrático
Los líderes sindicales enfatizaron la importancia de resguardar la «voluntad popular», sosteniendo que solo los ciudadanos deben decidir, a través de «elecciones libres», quiénes serán sus representantes, “sin interferencias de otros poderes”. Esta declaración se posiciona como una defensa de la soberanía constitucional y del derecho de la ciudadanía a elegir sin condicionamientos externos.
La CGT expresó un «profundo repudio a la embestida mediática y política» y exigió al Poder Judicial que actúe “con la integridad que la ley exige y la sociedad le reclama”. Este llamado a la responsabilidad institucional subraya la desconfianza de la central obrera en la imparcialidad de ciertos sectores del sistema judicial y mediático.
Proscripción política y modelo económico: una misma batalla
El comunicado concluye con una fuerte advertencia sobre las implicancias de lo que consideran una «persecución a los candidatos». Para la CGT, esta estrategia, ya sea contra el peronismo o «cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares», confirma que la «proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías». Esta lectura vincula directamente la situación judicial de Cristina Kirchner con un proyecto político y económico más amplio, que buscaría debilitar las fuerzas populares para avanzar con una agenda regresiva.
Puntos clave:
- La CGT manifestó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante la posible ratificación de su condena en la Causa Vialidad.
- La central obrera advirtió que la situación constituye una amenaza a la democracia, equiparándola con casos de «lawfare» regional como el de Lula Da Silva.
- Criticó las supuestas «irregularidades» en el proceso judicial y la «manipulación informativa» de los medios.
- Defendió la «voluntad popular» como el único mecanismo legítimo para elegir representantes, sin interferencias de otros poderes.
- Vinculó la «persecución política» con la intención de imponer un modelo económico de «desigualdad y empobrecimiento» de las mayorías.
Gremiales
Paro judicial: tribunales paralizados por salarios y la obra social
La UEJN convocó para el viernes 16 un paro nacional de 24 horas. Los trabajadores judiciales reclaman una suba del 10% retroactiva a septiembre y representación gremial en el directorio de la obra social del Poder Judicial.
Los tribunales federales y nacionales de todo el país enfrentarán este viernes 16 de octubre de 2026 un paro judicial nacional de 24 horas que afectará la atención habitual y pondrá en pausa buena parte de la actividad en los juzgados.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó la medida de fuerza para reclamar una recomposición salarial del 10 % retroactiva al 1 de septiembre de 2026 y la designación de representantes gremiales en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, en un contexto en el que el sindicato denunció una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30 %.
Un conflicto que se profundizó con paros previos y reclamos acumulados
El paro de este viernes se inscribió en una escalada de medidas de fuerza que ya incluyó una huelga judicial de 24 horas el 7 de octubre, así como acciones previas en distritos como Tierra del Fuego y Neuquén, donde también se registraron paros en las últimas semanas.
El reclamo salarial del 10 % retroactivo al 1 de septiembre apareció como un punto de quiebre en la negociación, porque el gremio sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo rondó el 30 % y que cualquier incremento que no reconociera ese atraso consolidó el deterioro de los ingresos reales de los trabajadores judiciales.
La exigencia de incorporar representantes de la UEJN en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación apuntó a reforzar el control sobre la gestión de los recursos del sistema de salud del sector, en un momento de presión inflacionaria sobre los costos de las prestaciones y de crecientes tensiones por la calidad de la cobertura.
Impacto en el servicio de justicia y alerta por la Justicia Nacional del Trabajo
La medida de fuerza afectó el funcionamiento habitual de los tribunales y se tradujo en interrupciones y demoras en la atención al público, la recepción de escritos y la tramitación de causas, con especial preocupación en fueros sensibles como el laboral, donde los tiempos procesales ya acumulaban demoras estructurales.
En este marco, el paro también se inscribió en la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo, un fuero clave para la resolución de conflictos laborales, que volvió a quedar en el centro del debate sobre el alcance y la orientación de las reformas judiciales y laborales en discusión.
La decisión de sostener un paro nacional de 24 horas expuso la magnitud de la confrontación entre el sindicato y las autoridades, y anticipó que, si no hubiera respuestas concretas sobre salarios y representación en la obra social, el conflicto podría escalar con nuevas medidas que profundizarían la parálisis del sistema judicial.
Lo que tenés que saber
- El paro nacional de 24 horas de los trabajadores judiciales federales y nacionales fue convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) para el viernes 16 de octubre de 2026.
- La UEJN reclamó una recomposición salarial del 10 % retroactiva al 1 de septiembre de 2026 y denunció una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30 %.
- El sindicato también exigió la designación de representantes gremiales en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
- La medida afectó el funcionamiento habitual de los tribunales en todo el país y generó interrupciones en la atención.
- El paro se dio en el marco de la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo y tuvo antecedentes recientes de huelgas, entre ellas la del 7 de octubre y los paros en Tierra del Fuego y Neuquén.
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