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Denuncia

Una Corte de tres miembros define el futuro de Cristina en medio de la agitación política y denuncias de lawfare

El reducido máximo tribunal argentino analiza la causa Vialidad en una jornada crucial, mientras, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos denuncian un intento de proscripción política contra la ex presidenta.

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El Argentino Diario-Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Récord judicial: la Corte acelera como nunca para condenar a Cristina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación atraviesa una jornada decisiva que podría marcar un antes y un después en la política argentina y en la carrera de Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal tiene en sus manos el recurso de queja de la exbpresidenta en la denominada «causa Vialidad», donde tiene condena en dos instancias por administración fraudulenta de seis años de prisión, pero que aún no quedó firme.

El proceso judicial, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor del empresario Lázaro Báez, se desarrolla en un contexto de creciente tensión política y denuncias sobre la instrumentación del sistema judicial con fines de proscripción electoral.

El avance del lawfare como estrategia de persecución

La causa que hoy define la Corte Suprema no puede desligarse del fenómeno del lawfare que, según analistas internacionales y organizaciones de derechos humanos, se instaló en Argentina como método de acoso judicial contra dirigentes peronistas y progresistas. Amplios sectores ven con suma preocupación el avance de la persecución judicial contra la ex presidenta porque deja en evidencia que el lawfare en nuestro país está más vivo que nunca.

Esta estrategia de «guerra jurídica» busca cercenar los derechos políticos de la presidenta del PJ y del electorado, como otra muestra más del funcionamiento del lawfare en Argentina. Desde Unión por la Patria se denunció que estas maniobras son impulsadas por sectores del Poder Judicial, apoyados por la ultra derecha y grupos mediáticos y económicos concentrados, con el objetivo de condicionar el proceso electoral.

Presiones mediáticas y urgencia sospechosa

El tratamiento acelerado que está recibiendo la causa en la Corte Suprema genera alertas sobre las verdaderas motivaciones detrás de este cronograma. Durante el último fin de semana se produjo un notorio “apriete mediático” para que la Corte Suprema de la Nación confirme las condenas en la llamada causa Vialidad y, de esa manera, Cristina sea “borrada” de la carrera electoral de 2025.

Particularmente llamativa resulta la velocidad inédita con que avanza el expediente. Nunca el máximo tribunal resolvió un recurso como el de la causa Vialidad, en poco más de dos meses, a pesar de los miles de expedientes y causas que esperan años a que la Corte de su dictamen, lo que refuerza las sospechas sobre la instrumentación política del proceso judicial. En ese sentido, cabe destacar que los sectores que impulsan esta condena exigen que el fallo sea dictado antes del 19 de julio para impedir la candidatura de la ex presidenta.

El nuevo lawfare latinoamericano

La situación argentina se inscribe en un fenómeno regional más amplio. Como señala el análisis internacional, la persecución judicial y mediática contra líderes progresistas para forzar cambios políticos en la región es una realidad. En América Latina ya no hacen falta golpes de Estado ni dictaduras para eliminar a un candidato o derrocar un gobierno. El lawfare tomó el relevo.

Este método permite lograr objetivos políticos sin la intervención de las Fuerzas Armadas, utilizando en cambio el aparato judicial para neutralizar adversarios políticos. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la estrategia apunta claramente a su proscripción electoral, repitiendo patrones que ya se observaron en otros países de la región.

Los movimientos recientes en la Corte

En los últimos meses, la Corte Suprema tomó decisiones clave que allanaron el camino para definir la causa. La Corte Suprema decidió rechazar la recusación que Cristina Kirchner presentó contra el juez Ricardo Lorenzetti, eliminando así uno de los obstáculos procedimentales que podían demorar el tratamiento del caso.

Previamente, el tribunal había decidido trasladar el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal, avanzando en los pasos formales necesarios para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

La respuesta de Cristina

Ante la inminencia de una resolución que podría confirmar su condena, la ex presidenta intensificó su denuncia sobre la persecución judicial. En el acto de este lunes en la sede del Partido Justicialista, ante dirigentes y militantes que se reunieron ante un inminente fallo del máximo tribunal en la causa Vialidad, Fernández de Kirchner reiteró su posición sobre el carácter político de las acusaciones en su contra.

Sus declaraciones sobre que «estar presa es un certificado de dignidad» y definirse como «una fusilada que vive» reflejan la estrategia de denuncia del lawfare que mantiene desde el inicio de las causas judiciales que la involucran.

Un fallo con consecuencias históricas

La decisión que tome la Corte Suprema trascenderá el caso particular de Cristina. Si confirma la condena, estaría validando un precedente que permitiría utilizar el sistema judicial para inhabilitar dirigentes políticos sin que medien delitos de gravedad institucional comprobados.

La eventual confirmación de la sentencia implicaría no solo seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino también la materialización de una estrategia de proscripción que organizaciones internacionales catalogaron como autoritaria.

El debate sobre la independencia judicial, la persecución política y los límites del lawfare encuentra en esta causa un punto de inflexión que marcará el rumbo de la democracia argentina en los próximos años.

Puntos clave:

  • La Corte Suprema define la causa Vialidad contra Cristina en un contexto de denuncias sobre lawfare y persecución judicial
  • Organismos de DDHH y académicos identifican el caso como ejemplo paradigmático de guerra jurídica contra dirigentes progresistas
  • El cronograma acelerado y las presiones mediáticas generan sospechas sobre la instrumentación política del proceso
  • La decisión trasciende el caso particular y podría sentar precedentes sobre el uso político del sistema judicial
  • El fallo se inscribe en un fenómeno regional de lawfare contra líderes populares en América Latina

Denuncia

Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes

Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.

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El Argentino Diario-La influencia de Karina Milei sobre su hermano-Hayden Davis-Hablar Milei.
La causa podría avanzar hacia indagatorias de Javier y Karina Milei, aunque sin fecha definida.

Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.

Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El fallo que los dejó afuera

El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».

Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.

Taiano y las pericias que no llegan

Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.

Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.

A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.

El contexto: un lanzamiento con sello presidencial

La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».

La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.

Lo que tenés que saber

  • Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
  • La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
  • Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
  • El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
  • La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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