Denuncia
Una Corte de tres miembros define el futuro de Cristina en medio de la agitación política y denuncias de lawfare
El reducido máximo tribunal argentino analiza la causa Vialidad en una jornada crucial, mientras, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos denuncian un intento de proscripción política contra la ex presidenta.
Récord judicial: la Corte acelera como nunca para condenar a Cristina
La Corte Suprema de Justicia de la Nación atraviesa una jornada decisiva que podría marcar un antes y un después en la política argentina y en la carrera de Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal tiene en sus manos el recurso de queja de la exbpresidenta en la denominada «causa Vialidad», donde tiene condena en dos instancias por administración fraudulenta de seis años de prisión, pero que aún no quedó firme.
El proceso judicial, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor del empresario Lázaro Báez, se desarrolla en un contexto de creciente tensión política y denuncias sobre la instrumentación del sistema judicial con fines de proscripción electoral.
El avance del lawfare como estrategia de persecución
La causa que hoy define la Corte Suprema no puede desligarse del fenómeno del lawfare que, según analistas internacionales y organizaciones de derechos humanos, se instaló en Argentina como método de acoso judicial contra dirigentes peronistas y progresistas. Amplios sectores ven con suma preocupación el avance de la persecución judicial contra la ex presidenta porque deja en evidencia que el lawfare en nuestro país está más vivo que nunca.
Esta estrategia de «guerra jurídica» busca cercenar los derechos políticos de la presidenta del PJ y del electorado, como otra muestra más del funcionamiento del lawfare en Argentina. Desde Unión por la Patria se denunció que estas maniobras son impulsadas por sectores del Poder Judicial, apoyados por la ultra derecha y grupos mediáticos y económicos concentrados, con el objetivo de condicionar el proceso electoral.
Presiones mediáticas y urgencia sospechosa
El tratamiento acelerado que está recibiendo la causa en la Corte Suprema genera alertas sobre las verdaderas motivaciones detrás de este cronograma. Durante el último fin de semana se produjo un notorio “apriete mediático” para que la Corte Suprema de la Nación confirme las condenas en la llamada causa Vialidad y, de esa manera, Cristina sea “borrada” de la carrera electoral de 2025.
Particularmente llamativa resulta la velocidad inédita con que avanza el expediente. Nunca el máximo tribunal resolvió un recurso como el de la causa Vialidad, en poco más de dos meses, a pesar de los miles de expedientes y causas que esperan años a que la Corte de su dictamen, lo que refuerza las sospechas sobre la instrumentación política del proceso judicial. En ese sentido, cabe destacar que los sectores que impulsan esta condena exigen que el fallo sea dictado antes del 19 de julio para impedir la candidatura de la ex presidenta.
El nuevo lawfare latinoamericano
La situación argentina se inscribe en un fenómeno regional más amplio. Como señala el análisis internacional, la persecución judicial y mediática contra líderes progresistas para forzar cambios políticos en la región es una realidad. En América Latina ya no hacen falta golpes de Estado ni dictaduras para eliminar a un candidato o derrocar un gobierno. El lawfare tomó el relevo.
Este método permite lograr objetivos políticos sin la intervención de las Fuerzas Armadas, utilizando en cambio el aparato judicial para neutralizar adversarios políticos. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la estrategia apunta claramente a su proscripción electoral, repitiendo patrones que ya se observaron en otros países de la región.
Los movimientos recientes en la Corte
En los últimos meses, la Corte Suprema tomó decisiones clave que allanaron el camino para definir la causa. La Corte Suprema decidió rechazar la recusación que Cristina Kirchner presentó contra el juez Ricardo Lorenzetti, eliminando así uno de los obstáculos procedimentales que podían demorar el tratamiento del caso.
Previamente, el tribunal había decidido trasladar el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal, avanzando en los pasos formales necesarios para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
La respuesta de Cristina
Ante la inminencia de una resolución que podría confirmar su condena, la ex presidenta intensificó su denuncia sobre la persecución judicial. En el acto de este lunes en la sede del Partido Justicialista, ante dirigentes y militantes que se reunieron ante un inminente fallo del máximo tribunal en la causa Vialidad, Fernández de Kirchner reiteró su posición sobre el carácter político de las acusaciones en su contra.
Sus declaraciones sobre que «estar presa es un certificado de dignidad» y definirse como «una fusilada que vive» reflejan la estrategia de denuncia del lawfare que mantiene desde el inicio de las causas judiciales que la involucran.
Un fallo con consecuencias históricas
La decisión que tome la Corte Suprema trascenderá el caso particular de Cristina. Si confirma la condena, estaría validando un precedente que permitiría utilizar el sistema judicial para inhabilitar dirigentes políticos sin que medien delitos de gravedad institucional comprobados.
La eventual confirmación de la sentencia implicaría no solo seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino también la materialización de una estrategia de proscripción que organizaciones internacionales catalogaron como autoritaria.
El debate sobre la independencia judicial, la persecución política y los límites del lawfare encuentra en esta causa un punto de inflexión que marcará el rumbo de la democracia argentina en los próximos años.
Puntos clave:
- La Corte Suprema define la causa Vialidad contra Cristina en un contexto de denuncias sobre lawfare y persecución judicial
- Organismos de DDHH y académicos identifican el caso como ejemplo paradigmático de guerra jurídica contra dirigentes progresistas
- El cronograma acelerado y las presiones mediáticas generan sospechas sobre la instrumentación política del proceso
- La decisión trasciende el caso particular y podría sentar precedentes sobre el uso político del sistema judicial
- El fallo se inscribe en un fenómeno regional de lawfare contra líderes populares en América Latina
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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