El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que elabore un amplio informe para determinar la actividad que pudieran haber tenido las líneas telefónicas que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, denunció que se sacaron con su nombre y sin su consentimiento, informaron este lunes fuentes judiciales.

El magistrado reclamó la realización de la medida con el objetivo de establecer por dónde se movieron los teléfonos y con quiénes se comunicaron, según fuentes de la investigación.

Martínez de Giorgi tiene en su juzgado, además, otras denuncias presentadas por magistrados a los cuales les quisieron intrusar sus respectivas líneas telefónicas, como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y el juez de tribunal oral Rodrigo Giménez Uriburu.

Desde ese lugar, el magistrado evalúa la posibilidad -si existen causales objetivas y subjetivas- de tramitar una megacausa en la que se investigue si existió un plan sincronizado para perjudicar a magistrados, según detallaron fuentes judiciales a esta agencia.

Rosatti había denunciado hace dos semanas que aparecieron cuatro líneas de telefonía celular a su nombre que él no contrató.

La denuncia por supuesta «falsificación de documento destinado a acreditar identidad» recayó por sorteo en el juzgado de Martínez de Giorgi y tiene como fiscal a Paloma Ochoa.

La denuncia había sido presentada primero ante el fiscal de turno, Gerardo Pollicita, quien dispuso que se tomara una medida urgente y luego la mandó a sorteo.

La medida ordenada por el fiscal fue oficiar a la compañía de telefonía celular Personal para que envíe toda la documentación vinculada a la tramitación de las líneas telefónicas: parte de esa información llegó y otra será reclamada desde la Dajudeco, según pudo saber Télam.

Las líneas habrían sido habilitadas en enero y, según fuentes oficiosas, Rosatti se enteró cuando llegaron a su casa de Santa Fe las facturas para el pago por los servicios de telefonía celular que no había contratado.

Fuentes judiciales informaron a esta agencia que, antes de presentar la denuncia, el presidente de la Corte envió cartas documento a la compañía de telefonía celular luego de haber recibido las facturas a su nombre por los servicios que él no había contratado.

La respuesta que recibió fue que «su pedido está siendo tramitado», por lo que el magistrado decidió luego presentar la denuncia judicial ante el fuero federal.